El pasado 26 de mayo hubo un debate sobre el derecho a decidir en la facultad de Sarriko en el que intervinieron profesores y otras personas interesadas. Este debate comenzó discutiendo qué es y qué virtualidad posee el derecho a decidir, y su relación con el derecho de autodeterminación.

Para algunos el derecho a decidir no es conceptualmente equivalente al derecho de autode- terminación dado que el derecho a decidir se refiere a un planteamiento democrático que convierte a las sociedades en sujetos de su destino. Es una concepción democrática que deja en manos de los ciudadanos la participación y el diseño de su sociedad.

El derecho de autodeterminación supone el reconocimiento del sujeto pueblo o nación que posibilita ejercer dicha autodeterminación. El derecho de autodetermi- nación implica que el pueblo es reconocido como tal, como sujeto, de forma previa a que tome sus decisiones libremente, sin imposiciones. En nuestro caso es preciso hacer converger los dos planteamientos, que derivan de una filosofía común, pero también re- conocer su aplicación diferencial.

Para otros, el derecho de autodeterminación en el caso vasco es difícil, porque la sociedad vasca es extraordinariamente compleja, pero quiere tomar sus propias decisiones. Incluso quienes no son nacionalistas vascos consideran que son los vascos quienes deben acordar entre sí y con su marco político (España, Francia, Europa) su status y articulación política. Desde este punto de vista, el derecho a decidir abre la posibilidad de la construcción democrática de la comunidad política vasca.

En un proceso de este tipo hay que contar con los partidos, porque tienen poder. Hace falta incorporarles a esta dinámica, pero es difícil comenzar por ellos, dadas sus inercias y limitaciones. El profesor Keating, insistió en las jornadas en que el primer impulso debe venir de la sociedad civil, porque su movilización puede obligar a los partidos a cambiar sus posturas y aceptar la realidad de una sociedad compleja. Además, fue ampliamente compartido que las nuevas ideas no suelen venir de los partidos sino de la movilización de la sociedad civil.

El derecho a decidir supone ampliar la idea convencional de democracia y abrir nuevos espacios para la participación y la decisión de los ciudadanos; esto es, construir la nación en clave democrática. Esto no implica renunciar a conocer o valorar el pasado, pero tampoco prejuzga las motivaciones de cada ciudadano. La sociedad vasca es plural. La pluralidad del Estado es fácilmente observable desde aquí, pero cuesta más en ocasiones reconocer la pluralidad interna de la sociedad / nación vasca.

El derecho a decidir permite que todos los colectivos que quieren ser partícipes de este país, nacionalistas o no, puedan llegar a alcanzar acuerdos. Estos acuerdos de fondo son los que permitirán construir una verdadera comunidad política vasca: una que respete sujetos y derechos. Esta comunidad política será el fruto del diálogo y el acuerdo entre los colectivos que apuestan por este país. Este es el requisito fundamental y fundacional. En este sentido, puede resultar ilustrativo el caso de Cataluña. Además de autodefinirse como nación, los documentos políticos de mayor calado siempre enfatizan su carácter de comunidad política.

En el transcurso del diálogo también se habló de Montenegro. Diversos participantes remarcaron que en el proceso democrático que se ha dado en Montenegro se han respetado los derechos de todos los colectivos implicados en la construcción de este país.

Si se quiere que haya un apoyo masivo al derecho a decidir, es preciso abordar la calidad de vida y el bienestar, porque este país tiene riqueza y podría repartirla mejor. Existe un amplio consenso entre los sectores ideológicos y partidos vascos sobre la necesidad de mantener buenos servicios públicos y un alto nivel de protección social. Además, Euskadi es un país rico, que posee un 108% de la riqueza por habitante de la actual Unión Europea. Teniendo en cuenta todo esto, democracia y bienestar deberían ser los dos pilares básicos del ejercicio del derecho de decidir.

Por último, el bienestar es algo fundamental si se quiere conseguir un apoyo masivo, pues en caso contrario nunca se conseguirá el apoyo de ciertos colectivos. La cohesión social es el otro pilar imprescindible, junto con el acuerdo político, para construir una verdadera comunidad política. No basta con una simple ciudadanía política, sino que ésta debe ir unida a la cohesión social. Ambos componentes son los fundamentos de una comunidad política vasca viable.

En la discusión se contempló, en línea con estas ideas, que el derecho a decidir no debería reducirse únicamente al estatus político de Euskadi, sino sobre todo aquello que afecta a la vida de los vascos y vascas: modelo social, grandes obras, vivienda, presupuestos generales, etc...

Pero este debate debe concretarse y dotarse de instrumentos que lo conviertan en aplicable. Este ha sido un tema recurrente de las reuniones del foro de Sarriko. Uno de sus miembros, José Angel Esnaola, ha elaborado una fórmula concreta para aplicar el derecho de decidir en nuestro contexto y que partiendo de la legalidad vigente permitiría, votando legalmente, ir conformando una nueva comunidad política. Y todo ello no es incompatible con un hipotético reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo vasco.

Se propone que la sociedad vasca pueda expresar, mediante referéndum vinculante, su voluntad acerca del modelo de autogobierno, de modo que cualquier proyecto político avalado por la sociedad vasca pueda ser negociado con el Estado en igualdad. Para ello, el Estado tiene que delegar a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral Navarra la competencia para convocar referendos vinculantes. Esta delegación es posible sin modificar la Constitución, depende únicamente de la voluntad política del Estado. La competencia se incorporaría bien en el Estatuto de autonomía o en una nueva ley.

Obtenido por esta vía un amplio apoyo de la sociedad vasca, sin límite previo respecto al contenido del autogobierno, el Estado quedaría obligado a negociar dicha propuesta, por los artículos 151 y 147 de la Constitución española. Un auto constitucional de 31 de enero de 2005 avala esta interpretación, que es un desarrollo del principio democrático del Estado.

Ahora bien, como para que esto suceda es necesaria la voluntad estatal, es preciso forzar dicha voluntad política. Para ello es necesario convertir una demanda social ampliamente extendida, pero difusa, en un dato cuantificable e indiscutible: votos. La forma de conseguirlos sería mediante una consulta popular que no sería vinculante, pero que tendría un indudable peso político.

Esta primera consulta es perfectamente legal, ya está recogida en el ordenamiento jurídico vasco y no requiere la autorización del Estado. Es una fórmula disponible que no ha sido utilizada hasta la fecha. Si la sociedad vasca aprobase por una amplia mayoría esta propuesta, sería factible forzar la voluntad política estatal para lograr la competencia sobre los referendos vinculantes.

Si ante esta demanda democrática, obtenida por consulta popular, el Estado se negase a traspasar la competencia de convocar referendos vinculantes, quedaría tremendamente deslegitimado. A su vez, si tras haber obtenido y ejercido dicha capacidad legal para promover referendos vinculantes, la sociedad vasca demandase un cambio del modelo político, y el Estado se negase a negociar, se abriría un proceso político distinto. En ese caso el Estado perdería su aura de legitimidad en el marco internacional e interno, abriendo incluso la puerta a formas de lucha de desobediencia civil.

Una idea apoyada por el foro de Sarriko es que la pregunta de esta primera consulta debería ser construida socialmente. Debería ser una oportunidad para fomentar el debate y la participación popular. No cabe duda, además, que de esta forma la legitimidad del resultado de la votación sería aún mayor.

Algunos opinan que esta vía supone una legitimación del Estado, pero en el debate otros consideraron que usar estas herramientas hace posible abrir las vías para satisfacer las demandas de autogobierno. Esta dinámica de consultas no vinculantes sobre diversos aspectos de la realidad vasca abre además nuevos espacios de participación política real y de democracia que, en sí mismos, son algo enormemente valioso. -