Debate sobre la legalizacion de las drogas
Archivan la causa contra tres miembros de la asociación Pannagh
La Audiencia Provincial de Bizkaia ha decretado el sobreseimiento de la causa abierta contra tres miembros de la Asociación Pannagh, que agrupa a usuarios de cannabis. La sentencia afirma que no existe delito en su cultivo. El juzgado considera que el hecho que Pannagh sea una asociación legal excluye la clandestinidad que cabría esperar de una organización dedicada al tráfico de drogas. Pannagh, además pretende extender el «consumo compartido».
BILBO
La Audiencia Provincial de Bizkaia ha decido el sobreseimiento libre y archivo de la causa contra 3 miembros de la asociación Pannagh, que agrupa a usuarios de cannabis, y el propietario del terreno alquilado en Iurreta, donde se encontraba la plantación. El archivo es definitivo, ya que la fiscalía ha decidido no interponer ningún tipo de recurso contra el fallo. El pasado 3 de octubre, 4 personas fueron detenidas en Iurreta por la Policía Municipal de Bilbo bajo las acusaciones de supuesto «tráfico ilícito» y «delito contra la salud». Los arrestos de produjeron cuando estas personas se encontraban recogiendo la cosecha de las plantas que la asociación Pannagh destina al consumo de sus socios. Algunos de los detenidos, entre ellos el conocido Martín Barriuso, denunciaron la situación de «inseguridad jurídica» a la que se vieron sometidos durante los días de arresto. Pannagh recibió, además, numerosas muestras de apoyo desde distintos ámbitos de la sociedad. Entre ellas las de agrupaciones que se dedican a la lucha contra el cáncer, a las cuales pertenecen varios miembros de Pannagh. En un principio se apuntó que las plantas incautadas sumaban un peso neto de 150 kilogramos. Posteriormente, tras proceder al secado y desecho de las partes no sicoactivas, se constató que el peso neto era de poco más de 17 kilos. Tras ello, Pannagh solicitó el archivo de la causa, aduciendo que las plantas estaban destinadas al consumo de las personas socias a su asociación y no al tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, la titular del juzgado de instrucción, Arantzazu Otiñano, desestimó el archivo de la causa, pero admitió que el destino de la marihuana era el consumo social,descartando ningún tipo de tráfico ilegal de drogas. La defensa de los acusados decidió entonces acudir a la Audiencia Provincial de Bizkaia, quien finalmente ha optado por el sobreseimiento de la causa judicial abierta contra los acusados. Nueve meses después de los arrestos y una vez archivada la causa contra ellos, Pannagh mostró su satisfacción por esta decisión que, en su opinión, pone de manifiesto que las actividades de cultivo que realiza este colectivo son perfectamente legales. Subrayan que está acreditado que el cultivo está dirigido a cubrir las necesidades de consumo de los socios de la asociación. De cualquier forma, los miembros de la agrupación denunciaron la actitud de diversos organismos durante la tramitación de este caso, y aprticularmente la posición del Departamento de Drogodependencias del Gobierno de Lakua.
«Actuación chapucera» Así las cosas, los componentes de Pannagh denunciaron la «desproporción» de las medidas adoptadas el pasado mes de octubre. En opinión de esta agrupación, «es absurdo» detener a personas cuya actividad es totalmente pública, cuando se les podía haber llamado a declarar enviándoles la citación a la dirección que Pannagh tiene en el Registro de Asociaciones del Justicia del Gobierno de Lakua. Pannagh señaló, además, que la intervención de la policía
Municipal de Bilbo fue «chapucera e incompleta», ya que, al parecer, en ningún
momento intentaron identificar a los verdaderos propietarios de las plantas. No
termina ahí la queja de esta asociación contra la guardia urbana de Bilbo, y
criticaron la filtración «presumiblemente realizada por la Unidad de
Estupefacientes de la Policía municipal». La asociación acusó a esta unidad de
facilitar los nombres de las personas arrestadas, incluido el del propio
presidente de la agrupación.
«Que devuelvan las plantas»
Además de las críticas a la gestión que de este caso han hecho las instituciones, Pannagh agradeció las multiples muestras de apoyo, tanto personales como colectivas, recibidas durante la estancia de sus cuatro miembros en dependencias policiales.Además, los afectados solicitaron la devolución de las plantas incautadas, petición que ya ha sido realizada por la defensa de la asociación. Destacaron asimismo que le fallo de la Audiencia Provincial de Bizkaia reconoce que el uso de parte de las plantas era terapéutico, por lo que valoró que no resultaría algo entendible que se continuara prohibiendo a las personas afectadas el acceso a estas plantas que logran aliviar parte de sus dolencias. Junto a ello, el auto afirma que no había ningún tipo de ilegalidad en las actividades que desarrolla la asociación afectada. Respecto a los usuarios de cannabis no movidos por fines terapéuticos, Pannagh indicó que «se ha dado la paradoja que estas personas han tenido que recurrir al mercado ilegal para poder cubrir sus necesidades». La asociación exigió que ponga fin a la «inseguridad jurídica en torno al autocultivo». «No es de recibo que año tras año se vengan produciendo cientos de incautaciones, detenciones y procesamientos contra pequeños cultivadores que luego terminan, casi sin excepción, en archivo o absolución», indicaron desde el colectivo. Pannagh constata que este hecho favorece «la arbitrariedad y merma de los derechos» de las personas que deciden optar por cultivar de manera particular, para no tener que recurrir al mercado no legal. Denuncia que es precisamente el mercado ilegal el mayor beneficiado de la situación legal del cannabis. Poco después de que se produjera la operación en Bizkaia, el eurodiputado italiano, Giusto Catania, miembro de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de Bruselas y autor del informe sobre drogas aprobado en diciembre de 2004, realizó una interpelación a la Comisión Europea sobre la misma operación policial. Catania cuestionaba si las detenciones no eran «incongruentes», además de «un atentado contra varios derechos reconocidos por la UE». La comisión respondió a Catania que a la Unión Europea no le corresponde la regulación. Pannagh criticó la negativa de Bruselas a regular las conductas relacionadas con la tenencia y el consumo de cannabis, con el objeto de determinar una cantidad exacta de plantas que cada persona puede poseer para su propio consumo. De establecerse algún tipo de regulación, en palabras de Pannagh se terminaría con la «inaceptable indefinición legal» actual y podrían ofrecer algún tipo de alternativa al monopolio del que ahora mismo dispone el mercado ilegal. En Europa, al margen de en Euskal Herria, donde existen diversos cultivos similares, Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca, La República Checa, Alemania, el estado Español o Polonia son algunos de los lugares donde se han dado experiencias similares o donde se están planteando ponerlas en práctica en breve.
El Club social del Cannabis
Tras conocerse el archivo la causa contra Pannagh, la Coalición Europea de ONGs por Políticas de Drogas Justas y Eficaces, ENCOD, formada por entidades de 20 países europeos, ha decidido debatir los distintos modelos de cultivo social de cannabis existentes para llegar a una propuesta unitaria que ha sido bautizada como “Cannabis social club”. Esta iniciativa será presentada en Bruselas el próximo mes de noviembre, dentro del marco del simposio sobre política de drogas que la coalición, ENCOD, organizará en su propia sede. Esta organización, tiene en marcha desde hace meses una campaña en la cual se pide «Libertad para cultivar». La demanda pretende que la Unión Europea clarifique la situación autocultivo y dé vía libre a la creación de grupos y clubes que posibiliten la producción de marihuana y otras plantas con propiedades sicoactivas en circuito cerrado y sin fines comerciales. El objetivo es encontrar una alternativa al dominio total que tiene actualmente el mercado negro. Así, de cara al año que viene algunas asociaciones a nivel europeo se están planteando plantaciones colectivas.
Crítica al silencio de Lakua y a la promesa incumplida
B.Z.
BILBO La asociación Pannagh manifestó su «decepción y sorpresa» por la actitud de la Dirección de Drogodepencias del Gobierno de Lakua. Pannagh resaltó que la máxima responsable de ese departamento, Belén Bilbao, conocía «al detalle» las actividades de la organización mucho tiempo antes de que se produjesen las detenciones. En su opinión, «a pesar de los postulados teóricamente antiprohibicionistas de la fuerza política que le nombró, Izquierda Unida, y de su supuesta apuesta por la defensa de los derechos de las personas usuarias de drogas, la Dirección de Drogodependencias ha guardado absoluto silencio, incluso cuando era claro para todo el mundo que se trataba del mismo tipo de actividades que saben que veníamos desarrollando desde hace muchos años». No se han quedado ahí en sus criticas, que se han extendido hasta Javier Madrazo, a quien le espetan que «nos gustaría saber cuándo va a comenzar el debate publico sobre la legalización del cannabis que prometió hace cinco años al acceder al cargo». Extender el consumo compartido
Uno de los principales objetivos de la asociación Pannagh para los próximos años es extender el «consumo colectivo» por toda Europa. Son varios ya los países europeos, Alemania, Dinamarca, Polonia, Bélgica, la República Checa, Holanda, Suiza o Polonia, entre ellos, en los que este modelo de cultivos colectivos ya está en marcha o va a arrancar en un breve espacio de tiempo. En Euskal Herria, ha llegado a haber hasta cinco asociaciones similares. A nivel europeo está en activo la Coalición Europea de Organizaciones No Gubernamentales por políticas sobre “Drogas Justas y eficaces”, ENCOD, formada por organizaciones de más de 20 países europeos, que han tomado la decisión de discutir sobre los diferentes modelos de cultivo social del cannabis. De hecho, esta iniciativa ya ha sido bautizada como “Cannabis social club”. El proyecto será presentado el próximo otoño en la sede de ENCOD, dentro de un simposio sobre política de drogas, que esta misma agrupación organizará. Por su parte, la Federación de Asociaciones Cannábicas se encuentra inmersa en un profundo debate sobre el modelo para regula el cultivo de cannabis en circuito cerrado. Este organismo espera que el plan que surja de esa discusión interna consiga acabar con la política «condenatoria al movimiento antiprohibicionista», que actualmente mantiene el Gobierno español. -
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