Oposicion al Plan de Macrocarceles de Euskal herria
Instan a acatar la resolución de la Cámara de Gasteiz
Las nuevas prisiones previstas en Zubieta y Langraiz, que están incluidas junto a otra en Iruñea en el denominado Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios del Gobierno español, son «incompatibles» con la ley. Es lo que piensa la plataforma contra la construcción de macrocárceles en dichas localidades. Recuerdan que cada proyecto contempla unas 500 celdas compartidas.
DONOSTIA
Los proyectos planteados desde el Gobierno español para la construcción de macrocárceles en Langraiz y Zubieta, en Araba y Gipuzkoa respectivamente, suscita preocupación entre la ciudadanía de Euskal Herria. Prueba de ello es la constitución hace unos meses de una plataforma y la elaboración de un manifiesto, que muestra su «rotundo rechazo» a los denominados ‘centros tipo’. Asimismo, la citada plataforma ha instado a todas las instituciones implicadas a que acaten la resolución mayoritaria del Parlamento de Gasteiz, aprobada en febrero de este año, en la que éste se pronuncia explícitamente contra la puesta en marcha de este tipo de prisiones. Xabier Garate y Amaia Almirall, en nombre de la plataforma, justificaron esta oposición frontal en la «falta de claridad y criterio» a la hora de tomar la «importante y trascendente» decisión de construir macrocárceles. Insistieron en que no existe un diagnóstico sobre las necesidades de plazas que «argumenten la pertinencia» de los citados proyectos de Langraiz y Zubieta, incluidos en el Plan de Creación y amortización de Centros Penitenciarios. Recordaron que este plan, aprobado por el Consejo de Ministros español el pasado año, prevé la creación de «18.000 nuevas plazas penitenciarias para 2012».
Utilización mediática
En su opinión, «se ha utilizado mediáticamente» el argumento de que las actuales prisiones situadas en Langraiz y Martutene se encuentran en condiciones deplorables, no por la preocupación por las personas recluidas en las mismas, «sino por el interés de justificar» la necesidad de nuevas cárceles. Garate y Almirall criticaron, en este sentido, que no hay «ninguna garantía»de que la obsoleta prisión de Langraiz cierre definitivamente sus puertas y afirmaron que la desaparición de la de Martutene responde a «intereses urbanísticos multimillonarios» ajenos a las necesidades de las personas presas así como de la ciudadanía de Donostia en general. Censuraron que tanto el proyecto previsto en el antiguo polvorín de Zabaia, en el municipio de Iruña-Oka, como el de Zubieta contemplan construir centros con alrededor de medio millar de celdas compartidas. Una propuesta, a su juicio, incompatible con lo que establece la ley, ya que «las convierte en la práctica» en infraestructuras capaces de albergar a más de mil personas cada una. Lamentaron el hecho de que, una vez más, no se haya tenido en cuenta la opinión de los que viven en los dos municipios afectados «antes de poner en marcha proyectos mastodónticos de esta envergadura», ni que tampoco se hayan realizado los informes pertinentes para evaluar los posibles impactos ecológicos y humanos.
Penalización
Garate y Almirall acusaron al Gobierno de Madrid de apostar por «mantener la penalización y el encarcelamiento» de las personas presas como la «única respuesta a los conflictos sociales», en vez de crear las condiciones oportunas para que haya menos recluidos, mediante políticas de incorporación social. Los portavoces de la plataforma subrayaron, asimismo, la «ineficacia» de la actual Administración de Justicia penal, porque «es incapaz de proteger y reparar» a las personas cuando son víctimas de un delito y de garantizar los derechos fundamentales de los procesados o penalizados como infractores. Añadieron que el actual modelo de prevención y lucha contra el delito existente se centra «principalmente» en la criminalización «selectiva» de colectivos que se encuentran en situación de exclusión social y de «determinados tipos de disidencia política», no existiendo, a su entender, «un debate político participativo» en torno al modelo y las prioridades. Al respecto, desde la plataforma se insistió en la necesidad de establecer las actuaciones que se tengan que llevar a cabo desde los intereses generales y plurales de la ciudadanía de Euskal Herria, en lugar de priorizar «los intereses particulares del Estado y de sus aparatos de control policial y penal». Solicitaron, al mismo tiempo, un diagnóstico y debate sobre las respuestas más adecuadas que se han de articular para la prevención y tratamiento del delito. Los distintos agentes sociales, sindicales y políticos que constituyen la plataforma contra la construcción de las macrocárceles recalcaron, antes de concluir, la importancia de seguir recabando adhesiones al manifiesto que se ha elaborado al respecto. Anunciaron, asimismo, que no descartan llevar a cabo una recogida de firmas en Euskal Herria.
Adhesiones de agentes y particulares muy diversos
El manifiesto ha recopilado, hasta el momento, 40 adhesiones de distinta índole. En el ámbito social destacan, por ejemplo, Salhaketa, Eguzki, Elkartzen y AHTren Aurkako Asanblada, así como diferentes medios de comunicación. También ha recabado el apoyo, entre otros, de LAB, EHNE, CGT-LKN y CNT Gipuzkoa, así como de Baga Boga, Ezker Abertzalea, Ezker Batua, Aralar y Zubietako Herri Batzarra. No faltan las adhesiones a título personal. -
Presentan un dossier informativo contra las macrocárceles
DONOSTIA La plataforma dio a conocer, en la comparecencia ofrecida ayer en Donostia, un pequeño dossier informativo contra el plan de creación de macrocárceles titulado «Makroespetxerik?? Ez Zubietan, Ez Langraizen, Ez inon!!». En él se aporta información sobre la continuación del llamado Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios creado en 1992, que se paralizó «a raíz de los escándalos de corrupción en la concesión de obras públicas». Este contempla la construcción de 11 ‘centros tipo’ en el Estado español, tres de ellos en Euskal Herria. Sobre la cárcel de Zubieta se sabe que ésta se levantaría en la parte alta del municipio y que ocuparía una superficie de 15 hectáreas. Dependiendo de la fuente, se citan entre 500 y 800 celdas. La intención es cerrar y amortizar mediante actuaciones urbanísticas la actual prisión de Martutene que, según el dossier, cuenta con unas 280 personas presas. Dos prisiones en Langraiz Respecto al «vertedero humano» de Langraiz, se habla de la sustitución del actual centro penitenciario por otro nuevo en el antiguo polvorín de Zabaia. Se teme, no obstante, que esto no sea así y los vecinos se encuentren con dos prisiones. Según los datos correspondientes al pasado mes de febrero, Langraiz cuenta con 740 reclusos. Cabe recordar que es aquí donde saltó la alarma por las denuncias interpuestas contra el ex-subdirector de Seguridad, Mariano Merino, por coacciones, amenazas y agresiones sexuales. También fue protagonista el pasado año por el alarmante índice de suicidios que se produjeron. El dossier analiza el hacinamiento existente en las tres prisiones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, la situación de los prisioneros enfermos, los tipos de delitos cometidos y los gastos de la población reclusa, entre otras muchas cuestiones. Denuncia el «negocio» que supone la «industria carcelaria» y el de las macrocárceles, en especial; «un negocio con dinero público para beneficio de empresas privadas por medio de la construcción, mantenimiento y gestión de la cárcel». Tras estudiar posibles alternativas, concluye que «no queda sino proponer un debate serio, a fin de introducir una nueva política penitenciaria».
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