La Audiencia Nacional activa ahora el mayor juicio por «kale borroka»
Están a punto de cumplirse ya diez años desde que las FSE impulsaron en Nafarroa una de las mayores redadas realizadas contra la «kale borroka», repleta de denuncias de torturas. En los últimos años no había noticias sobre el procedimiento abierto entonces, hasta que hace sólo tres semanas se noti-ficó el inicio del juicio para el próximo día 22. La Fiscalía pide más años de cárcel que nunca en un caso de este tipo: 401 para doce personas.
IRUÑEA
El 22 de setiembre se anuncia en la Audiencia Nacional el inicio de otro macrojuicio destinado a batir un triste récord: nunca hasta ahora se había llegado a reclamar una condena total de 401 años de cárcel para acusados de kale borroka, y cuatro de ellos se enfrentan a la opción de sufrir un castigo de más de medio siglo entre rejas. Letrados vascos consultados por GARA no encuentran un precedente asimilable; lo más cercano es la petición fiscal de 111 años de cárcel dirigida en su día contra tres jóvenes acusados de un ataque a la Ertzaintza en Errenteria.Pero el caso no sólo sorprende por la cuantía de la petición fiscal (basada en un conglomerado de acciones diversas y sustentada en declaraciones obtenidas en el periodo de incomunicación en comisaría), sino también por el momento en el que ha sido activado. Este fue el aspecto que remarcaron ayer portavoces de Askatasuna que comparecieron junto a varios de los procesados y a sus familiares. «¿Por qué ahora?», indicaba la pancarta situada a sus espaldas en la rueda de prensa celebrada en Iruñea. Y es que en los últimos años no ha habido noticia alguna sobre este procedimiento, abierto con detenciones realizadas hace ya una década, a finales de 1996 e inicios de 1997. Iñaki Iribarren y Patxi Arratibel hablaron de «diez años de dejadez» y se preguntaron «qué ha hecho cambiar de opinión a la Audiencia Nacional de Madrid para celebrar este juicio ahora, si el paso del tiempo ha ido dejando clara la falta de interés por dar salida a este sumario».
«¿Por qué ahora?»
«¿Por qué ahora?», insistieron los representantes del movimiento pro amnistía, que acusaron al Gobierno del PSOE. «La organización ETA ha suspendido su actividad armada, pero el Estado está multiplicado las medidas contra este pueblo con la intención de condicionar el proceso político de resolución del conflicto consideraron. ¿Qué interés tiene la Audiencia Nacional para desempolvar ahora este sumario que puede acarrear tan graves consecuencias?», reiteraron Iribarren y Arratibel antes de reclamar la suspensión definitiva de este juicio.La notificación de la apertura de la vista oral ha llegado con apenas un mes de antelación, el pasado 15 de agosto. Los acusados, que cuando fueron detenidos rondaban la veintena, tienen ahora una media cercana a los 30 años y, en consecuencia, circunstancias laborales o familiares sustancialmente diferentes a las de entonces. Aquellas redadas se produjeron igualmente, según recordaron ayer, en un contexto en el que «los altercados entre jóvenes y policías se sucedían», y obtenían una gran repercusión mediática que fomentaba la llamada alarma social. Tras ello se patentó la tesis de los «grupos Y», destinada a vincular estas acciones con ETA. Ayer se trajo a colación, como ejemplo, la famosa entrevista a ‘‘El Mundo’’ en la que el entonces consejero de Interior de Lakua, Juan María Atutxa, admitía que no era más que una etiqueta creada al efecto. En aquel momento se interpretó que este macroproceso marcaría la pauta del tratamiento penal de la kale borro- ka. Pero el sumario quedó luego en un cajón, hasta hoy. El paso del tiempo ha ido difuminando el alcance de aquella interminable redada, por lo que los comparecientes debieron hacer un exhaustivo repaso de la misma y aportaron un do- ssier de prensa que recoge todos los datos. La operación policial se produjo en el contexto de un cambio de estrategia que pasaba por dejar de imputar «desórdenes públicos» y «daños» a las acciones de kale borroka para encuadrarlas como «terrorismo». La redada se inició en diciembre y se multiplicó en enero. Hubo «más de 90 personas incomunicadas, entre ellas muchos menores de edad». Varios de los arrestados pa-saron meses en la cárcel antes de quedar en libertad bajo fianza. En un primer momento se dictó procesamiento para 26, con una petición fiscal global que ascendía a casi 600 años. Finalmente, tras varios años de letargo, se confirma el inicio del juicio contra doce personas, con un total de 401 años de cárcel en juego.
Impulso a la denuncia
Los portavoces de Askatasuna dejaron dos reflexiones finales. Por un lado, apuntaron que «a cualquiera nos viene a la cabeza la excepcionalidad de las peticiones fiscales». Y recordaron además que los acusados «no gozarán de garantías procesales ni de un ‘juicio justo’», ya que «la Audiencia Nacional da por buenos y creíbles los resultados de la tortura. La Audiencia Nacional no tiene sentido en una situación verdaderamente democrática. Es un tribunal de excepción que actúa bajo impulsos políticos vulnerando derechos fundamentales».Los familiares han empren-dido, ante la noticia del comienzo de este juicio, una intensa campaña de interlocución con partidos políticos y otros agentes. Y se anuncian además comparecencias y movilizaciones para denunciar esta vista oral y exigir que el caso sea archivado finalmente por la Audiencia Nacional.
Una acusación basada en «torturas a menores»
Los comparecientes recordaron cómo se fue construyendo esta inmensa redada que parecía no tener fin: «Jóvenes pasan por comisaría y son incomunicados. Se producen detenciones en las que posteriormente se conoce, a través de los propios detenidos, que se han producido torturas. Incluso se torturaba a menores de edad para incriminar a miembros de su cuadrilla, equipo de fútbol, u otros jóvenes concretos elegidos por la Policía. Esto lleva a detenciones en cascada», resumieron. Un ejemplo revelador fue el de once jóvenes de Atarrabia que el 20 de enero de 1997 resultaron detenidos e incomunicados cuando acudían a presentarse voluntariamente en el Juzgado. Todos aquellos menores fueron exculpados más tarde, pero ahora el fiscal les cita como testigos para tratar de sostener las imputaciones. -
Un año de escándalo y nueve sin juicio
El sumario se abrió en unos años de intensa actividad de la kale borroka en Nafarroa, pero luego el proceso ha permanecido aletargado durante muchos años. Estos son algunos hechos relevantes al respecto: Setiembre de 1996 - El Ministerio de Interior del recién llegado Gobierno del PP refuerza la Jefatura de la Policía española en Iruñea con más de cien agentes. El delegado del Ejecutivo en el herrialde, Francisco Javier Ansuátegui, obliga a disolver múltiples actos, y sindicatos policiales afirman que se les exigen detenciones. Un portavoz habla incluso de «diez por semana». Diciembre de 1996 - Se pone en marcha una redada contra supuestos activistas de kale borroka que provoca cerca de 90 detenciones en régimen de incomunicación en pocas semanas en Iruñerria. Se multiplican las denuncias de torturas, incluso por parte de jóvenes que sólo tienen 16 años y que detallan haber sido obligados a realizar inculpaciones. Gestoras pro-Amnistía tilda las redadas de «operación de marketing» y «montaje» destinado a escenificar que la Policía obtiene resultados contra las protestas callejeras. Marzo de 1997 - A la conclusión de esta redada, en la cárcel hay nada menos que 26 personas. El delegado Ansuátegui sitúa como nexo a Joseba Mirena Sáenz de la Higuera, al que los medios conceden gran relieve y aplican la denominación de «El Abuelo». Se abre el sumario denominado 8/97, en el que se incluye a todos los detenidos y se imputan ataques a cuerpos policiales, autobuses, cajeros automáticos, medios de comunicación... Las acusaciones se basan en autoinculpaciones o inculpaciones obtenidas en los calabozos. Setiembre de 1997 - La Policía española filtra un informe en el que subraya que el 72% de los detenidos por kale borroka en este año lo han sido en Nafarroa. El estudio reactiva el debate sobre la eficacia de la Policía española y la Guardia Civil en relación a la Ertzaintza. Noviembre de 1997 - Libertad bajo fianza para la mayor parte de los detenidos que seguían en prisión. El sumario, no obstante, sigue adelante, y a su conclusión se produce el procesamiento inicial de 26 personas con una petición fiscal que llega casi a 600 años. Los catorce menores de edad son sacados luego del procedimiento, pero se mantiene a los doce que superaban los 18 años (varios de ellos por unos pocos meses). Agosto de 2006 - Tras años sin noticias, se notifica a doce personas que serán juzgadas a partir del 22 de setiembre, con 401 años de petición fiscal total. -
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