Josefina García Aranburu, presa encarcelada entonces en Basauri, describía así la alimentación forzosa impuesta a los huelguistas de los GRAPO y del PCE (r), en una carta fechada en enero de 1990:«A los 45 días decidieron alimentarnos a la fuerza. A mí me daban 48 horas de vida, como máximo (...) Hemos estado nueve días con la alimentación, aunque boicoteándola como hemos podido. Carmen no bebió una gota de agua en todo el tiempo, aparte de que inventó una serie de técnicas para impedir la entrada de la alimentación. En cuanto a mí, en los cinco días que estuve en la UCI me violaron por todas partes:vena yugular, sondas por la nariz y por todas partes (...) Te aplican una sonda que garantiza un alimento con todo tipo de vitaminas, hierro, potasio, calcio, etcétera. Se llama Precitene. Si te llevan a la UCI, empiezan por suero en vena y el Precitene. Luego te abren la yugular y te meten otro suero distinto. Un poco más tarde te quitan el suero de la yugular y te meten lo que llaman alimentación parenteral (una bolsa con pasta blanca, con todos los ingredientes de una comida), tres kilos en 24 horas (...) Y ya, para rizar el rizo, aparte de la medicación que consideran necesaria, albúmina por la yugular y hierro por la boca. Toda yo era un complejo de sondas y cables, porque también está lo de los electrolitos, o como se llame, conectados a una pantalla que te controla el corazón. Ypara colmo, las sondas y los sueros, conectados a bombas que pitan cada vez que hay una anomalía o se acaba la comida o el suero. Y lo peor del caso es que en la UCI, atada o no, no tienes opción de quitarte nada. Para cuando has logrado quitarte el primer engendro, tienes a todo el personal encima».

A falta de dato concreto alguno sobre lo que está ocurriendo en la habitación del hospital de Algeciras en la que se encuentra Iñaki de Juana, este testimonio ­difundido por Socorro Rojo Internacional­ resulta ilustrativo sobre la aplicación de la alimentación forzosa en el Estado español. El procedimiento fue usado en las dos protestas realizadas por presos de este movimiento en 1981 y 1990 ­concluidas con las muertes de Kepa Crespo y José Manuel Sevillano, respectivamente­. Y se impuso también contra el ayuno de presos irlandeses en 1981, el de los turcos en 2000 o el de los árabes encerrados en Guantánamo este mismo año. En todos estos casos, en torno a ese procedimiento ha habido una polémica que ha alcanzado a ámbitos políticos, jurídicos y mediáticos.

En marzo de 1981, mientras en Long Kesh Bobby Sands y sus compañeros llevaron a cabo una huelga de hambre hasta la muerte en demanda de la aplicación del estatus político, en el Estado español los presos del PCE (r)y los GRAPO pusieron en marcha esa misma forma de protesta contra el «régimen de exterminio» impuesto en Herrera de la Mancha. En junio, un médico independiente confirmó las sospechas de los presos en huelga, que habían denunciado que el agua que se les facilitaba contenía vitaminas. Los presos terminan siendo atados a la cama y alimentados a la fuerza por vía intravenosa. Crespo, en estado de semiinconsciencia y con delirios, es atado de pies y manos y se le inyecta suero. El 19 de junio, tras 97 días de huelga, expira.

En 1990, la protesta contra las condiciones carcelarias se reproduce. Como sucedió nueve años antes, el Gobierno del PSOE impone la alimentación forzosa. Un preso resume en una carta que «no nos dejan vivir, pero tampoco morir». En este caso, el Ejecutivo de Felipe González cuenta con el aval del Tribunal Constitucional. Pero el dictamen no es uniforme. Los jueces de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, Zaragoza y Madrid se posicionan en sendos autos en contra de la alimentación forzosa. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública defiende que «violentar síquica o físicamente la decisión de mantener una huelga de hambre es un atentado a la dignidad humana y una forma de tortura». Y un juez del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupe, añade que «la decisión de los que no quieren ser alimentados me parece plausible, y es plausible, para casos extremos, no respetarla». La Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial (1975) había dejado sentado que «el preso no será forzado a tomar alimentación artificial cuando rehúse tomar alimentos y, según el médico, sea capaz de sopesar racional y realistamente las consecuencias de esa decisión voluntaria».

En el caso irlandés, el conflicto de la alimentación forzosa dividió a los familiares de los presos. Y en el más reciente de Guantánamo, más de 260 médicos han reclamado a Washington que abandone la alimentación forzosa de los presos en huelga, proporcionada a través de tubos intravenosos mientras permanecen amarrados a sillas.

La alimentación forzosa no evitó desenlaces dramáticos. Tras la muerte de José Manuel Sevillano en 1990, según recuerda el informe de Socorro Rojo Internacional otros presos continuaron la protesta sufriendo importantes secuelas. Ante la gravísima situación, el 8 de febrero de 1991 la dirección del PCE (r) ordenó el cese de la huelga de hambre, que se prolongaba ya durante catorce meses.

También los presos turcos y kurdos fueron alimentados por la fuerza. Pero su protesta no fue frenada y su dimensión rompió todas las barreras del dolor. 120 represaliados y familiares perdieron la vida. -