Ataque reiterado al Derecho
La iniciativa de un profesor malagueño de solicitar a Amnistía Internacional que considere a Iñaki De Juana «preso de conciencia» se ha sumando a las que se están adoptando en Euskal Herria y en lugares a los que alcanza la solidaridad, como en Irlanda, para arropar al preso vasco en su lucha contra la estrategia de construcción de delitos puesta en marcha para impedir que los ciudadanos vascos que finalicen sus condenas salgan de las cárceles del Estado español. Una lucha que no es individual, como no lo es la medida por la que a Iñaki De Juana se le impidió la puesta en libertad el 25 de octubre del año 2004. Con esta huelga de hambre De Juana da continuidad a una trayectoria de resistencia que resume a la perfección las medidas a las que ha tenido que hacer frente en los últimos 25 años el colectivo de presos y presas políticas vascas: la política de dispersión, el alejamiento del lugar de origen, el aislamiento...
Además, con la prolongación de las condenas, el Gobierno de Rodríguez Zapatero refuerza los mecanismos de presión y castigo contra el colectivo de prisioneros, su entorno afectivo, social y político, pero también contra el conjunto del pueblo vasco, a quien de esta manera se intenta condicionar en la búsqueda de una salida democrática a la situación de conflicto que sufre. No es el primero que juega esa carta. De hecho, en todas las situaciones políticamente importantes para el devenir de Euskal Herria, la política penitenciaria a aplicar con los independentistas encarcelados se ha puesto encima de la mesa. Siempre, por parte de los mandatarios españoles, se ha querido utilizar la referencialidad política de los presos y presas vascas como moneda de cambio, como instrumento de chantaje. Y siempre, el pulso se ha zanjado con un endurecimiento de las condiciones de vida en las cárceles.
Representantes de la plataforma Batera viajan hoy a Algeciras para interesarse por la situación de De Juana y hacerle llegar la solidaridad de una parte importante de la sociedad vasca. Es una muestra más de que las demandas planteadas por el preso vasco tienen un amplio respaldo en Euskal Herria y de que, si a la hora de abordar la resolución del conflicto político el Gobierno de Zapatero escuchara a la sociedad vasca, estrategias de alargamiento del sufrimiento como las que se están aplicando al colectivo de presos y presas hace tiempo que no tendrían cabida. -
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