El Protocolo Facultativo para la prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanas o degradantes es un instrumento impulsado por la Organización de las Naciones Uni- das (ONU) como mecanismo de prevención y de vigilancia directa sobre el fenómeno de la tortura. Di- cho protocolo instituye una novedad sin precedentes en la lucha contra la tortura: la posibilidad de que organismos estatales, independientes de los tres poderes del Estado, trabajen bajo el amparo de la ONU, con facultades para entrar en cualquier centro de privación de libertad ­cárceles, centros de detención, comisaríasŠ­ y desvelar las posibles vulneraciones de la Convención contra la Tortura que se constaten.

Somos conscientes de que para que se erradique la tortura en el Estado español hay que introducir reformas estructurales de calado: abolir el régimen de incomunicación, terminar con el aislamiento en prisión, derogar la política de dispersión de presos, resolver de raíz el problema de la inmigraciónŠ El Estado español no pueden continuar negando la existencia de la tortura, porque ésta es ya demasiado evidente, porque las denuncias se amontonan en los despachos de los juzgados y porque las asociaciones de base y los organismos inter- nacionales de denuncia han hecho su trabajo y han conseguido visualizar el problema. Cuando no es posible negar por más tiempo lo evidente, antes de introducir estas medidas de calado, el Estado, con la intención no confesada de que nada cambie en lo sustancial, preferirá hablar de prevención, control, puesta en marcha de mecanismos rectificadoresŠ

Sabemos que la ratificación de tratados, convenios y protocolos a nivel internacional es una baza para que el Estado se vea legitimado ante el resto de los estados: «firmamos protocolos de control, luego somos los campeones del respeto de los derechos humanos». El silogismo no funciona. En efecto, el Estado español ha firmado y ratificado el Protocolo Facultativo, mostrando una voluntad de cara a la comunidad internacional. Sólo falta que continúe con esta voluntad a nivel doméstico y favorezca el diseño práctico y puesta en marcha de ese mecanismo de prevención.

Ahí está el verdadero problema. Y es que nuestra experiencia nos hace ser escépticos respecto a la buena voluntad del Estado en el funcionamiento real de este mecanismo. Pero creemos que es importante explorar este terreno, ver hasta dónde está dispuesto a avanzar el Estado con medidas que, bien aplicadas, pueden tener un efecto positivo en la prevención de la tortura: la entrada en los centros de detención de un comité experto e independiente, la vigilancia de la custodia de detenidos, incluso incomunicados, la actuación inmediata y el control exhaustivo... estas herramientas puede ayudar a evidenciar aún más la dramática situación y dar pasos en evitar que se produzca, al menos de la forma tan brutal e impune que se produce hoy en día.

El Protocolo Facultativo ofrece instrumentos para enfrentar ese reto. El debate sobre su implementación práctica está abierto.

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura es una plataforma compuesta por organismos de Catalunya, Euskal Herria, Galiza, Andalucía, Madrid y otros territorios del Estado español y Portugal que trabajan en claves similares, y con la colaboración y consejo de organizaciones internacionales de reconocido prestigio que velan por la implementación real de este mecanismo. Precisamente porque luchar durante tantos años contra la tortura, cada uno en su ámbito propio, ha sido la mejor terapia contra la ingenuidad, vemos los riesgos de un fraude en la implementación de este mecanismo.

En los documentos en los que se establece su diseño se identifican algunos principios que deben de regir este sistema: independencia de los poderes de estado, participación de la sociedad civil, inmediatez, eficacia, coordinación con el comité internacional que acoge los datos y supervisa el trabajo de las oficinas estatales.... Sin embargo, cada estado tiene la capacidad de diseñar en la prác- tica su propio instrumento: como un órgano completamente independiente y gestionado por las organizaciones sociales ­modelo ar- gentino­, como una comisión mixta de organismos oficiales y no gubernamentales de monitoreo ­modelo británico­, o dependiente de la defensoría del pueblo ­modelo polaco­Š Aquí es donde vemos el riesgo de un fraude, por la tentación de que el Estado desnaturalice este instrumento dando la espalda a los organismos que trabajamos con las víctimas de la tortura.

Queremos participar en los subcomités que prevé el Protocolo Facultativo y levantar el velo de los espacios opacos de detención. Esta es la prueba de fuego para conocer si las autoridades que lo firmaron y ratificaron tienen realmente intenciones de avanzar en una dinámica de prevención o si sólo lo hacen para lavar su dañada imagen ante la comunidad internacional: Si quieren la presencia activa ­y molesta­ de la sociedad civil en esos comités y la verdadera independencia con respecto a los poderes de estado o si, simplemente, quieren colocar a sus comparsas, sus amigos amaestrados, para darse una apariencia de buena voluntad y, mientras, mantener las cloacas bien cerradas. Si quieren un mecanismo de lucha contra la tortura o bien un mecanismo de ocultación de esta práctica, de legitimación de esta lacra. Aclarar estos términos es nuestro reto. -