Afirmar que una de las principales prioridades del ministro de Interior francés es aumentar el número de reconducciones a la frontera de extranjeros en situación irregular (25.000 en 2006) no es novedad. Lo que sí es novedoso es que se publique el costo económico de dicha obsesión ministerial. En efecto, recientemente un rotativo económico ha revelado algunas ci- fras elocuentes sobre los desproporcionados medios financieros concedidos a dicho Ministerio para que pueda alcanzar el número de expulsiones deseadas.
Así, el Presupuesto 2007 de la Policía Nacional, que engloba la lucha contra la inmigración irregular, es la partida que registra mayor aumento: sin contar la remuneración a los agentes, alcanza los 179,1 millones de euros, lo que implica una subida del 60% con respecto a 2006 (106,8 millones de euros). Esta suma comprende los gastos de expulsión, pero también el conjunto de medios que permiten luchar contra la inmigración clandestina (control de fronteras, lucha contra las redesŠ) así como el funcio- namiento y la extensión de los centros de retención administrativa, en los que se recluye a los «sin papeles» hasta su salida. En este apartado se contempla un programa de ampliación y construcción de centros de retención (Nîmes, Hendaia y Orly en 2007). Estos centros registran hoy tasas de ocupación tan elevadas que no es raro que haya extranjeros que no puedan ser reconducidos a frontera debido a la falta de plazas. El Ministerio prevé, en este sentido, aumentar las 1.447 camas existentes actualmente hasta alcanzar las 2.500 en junio de 2007 (más de 48,5 millones de euros).
Teniendo en cuenta la masa salarial, nos encontramos con un total de créditos de pago de 687,7 millones de euros para 2007, contra los 534,6 millones de euros de 2006: 10.894 empleos a tiempo completo están presupuestados para el año próximo, frente a los 9.083 del actual. Con esta loca carrera de cifras, Nicolas Sarkozy aspira a alcanzar las 28.000 expulsiones en 2007, pese a que no ha logrado siquiera cumplir los objetivos que se marcó para 2005.
Para medir la eficacia de los servicios de Policía, el Gobierno se había comprometido a publicar diversos indicadores. Sin embargo, el dato más significativo, el que afecta a la tasa de puesta en libertad por error o vicio en el proceso imputable a los funcionarios «no está todavía disponible». Sí ha salido a la luz el dato sobre el costo medio por plaza en centro de retención: debería acercarse en 2007 a los mil euros por persona extranjera con una estancia media de diez días, frente a los 875 euros (diez días) de 2006, los 802 euros de 2005 (9,4 días) y los 606 euros de 2004 (7,8 días).
Con la multiplicación de vuelos chárter, en particular hacia Rumanía, cuya frecuencia es de un vuelo cada dos semanas, el Ministerio cuenta con conseguir «ahorros de escala» («charters comunitarios» con otros países europeos) para rebajar el costo, hoy muy elevado, de las expulsiones. La pregunta es qué eficacia tiene esta operación puramente mediática cuando la mayor parte de los rumanos expulsados regresarán unos pocos días más tarde. En efecto, hace mucho que los rumanos han renunciado a esperar al 1 de enero de 2007 para proclamarse ciudadanos europeos y hace mucho que reivindican, por el contrario, y con toda justicia su derecho a la libertad de circulación.
Estas cantidades colosales son malgastadas con una doble pero vana esperanza política. La primera esperanza consiste en enviar a terceros países un mensaje de firmeza para tratar de disuadir a los candidatos a la inmigración clandestina de que salgan de sus respectivos países. La segunda esperanza consiste en dar confianza a un determinado sector de la opinión pública con la exhibición de las medidas que se llevan a cabo para controlar la inmigración clandestina.
Sin embargo, si el costo para hacer llegar esos mensajes políticos es considerable, mucho más lo es el coste humano que acarrean. Presente en los centros de retención, CIMADE comprueba diariamente la humillación que soportan las personas que son primero retenidas y luego expulsadas con el sólo objetivo de que la Administración puede alcanzar unos objetivos absurdos.
De este modo, no es nada raro, particularmente en Hendaia, ver a una persona que es encerrada en el centro tras haber sido detenida en la frontera en el autobús de regreso, pongamos de un viaje París-Casablanca, ¡por tener un visa que ha caducado hace sólo unos días! Esta persona conocerá a partir de entonces el encarcelamiento, las esposas, una comparecencia ante el juez para finalmente ser reconducida a su país, a costa del Estado, hacia un puerto o aeropuerto situado a cientos de kilómetros de su lugar de origen. Lejos de ser anecdóticos los ejemplos de este tipo de reconducciones a frontera se multiplican en el conjunto del territorio francés. Sin embargo, poco importa la ruptura humana y el dinero público dilapidado, lo que importa es cumplir los objetivos políticos, al precio que sea.
Una última cifra: 6.924 personas han sido regularizadas este verano de un total de 30.000 expedientes de regularización presentados por familias con al menos un hijo escolarizado en Francia. Quedan por tanto 25.000 personas que han visto denegada su solicitudŠ 25.000 es el número exacto de reconducciones a frontera que aspira alcanzar este año el Gobierno. Definitivamente, a excepción de su propio presupuesto, para el Ministerio de Interior las cifrasŠ cuadran. -
(*) NOTA DE LA REDACCION: CIMADE es una asociación ecuménica creada en 1939 que participó en la Resistencia y trabajó posteriormente a favor de la descolonización, en particular de Argelia. Hoy centra su labor en los inmigrantes y refugiados y, en general, en personas en situación de exclusión social
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