Este domingo estamos convocados a participar en la manifestación que se celebrará en el Baluarte de Iruñea para denunciar el papel político y antidemocrático que en demasiadas ocasiones adquieren las actuaciones de la Audiencia Nacional en Madrid y el Tribunal Correccional en París, y exigir su desaparición.

Son muchos y variados los convocantes, y muy necesaria su asistencia. Alguno se preguntará, ¿pero servirá de algo? Yo le diría que sí, indudablemente.

Denunciar la existencia y las actuaciones de estos tribunales de excepción debemos entenderlo como un ejercicio democrático para que la Justicia vuelva a unos cauces ordinarios, sin que sea utilizada por intereses políticos coyunturales y no interfiera el proceso de solución y superación del conflicto político en torno a la soberanía y la territorialidad existente entre Euskal Herria y las administraciones de París y Madrid.

Se dice que la legalidad ampara a este Tribunal especial, como lo hizo en su tiempo con la Inquisición y el Tribunal de Orden Público franquista, pero su legitimidad democrática está en entredicho un día sí y otro también. Sus intervenciones y sus decisiones lo ponen de manifiesto continuamente, bien sea con Rumasa, la colza, el lino, Sogecable, Gil y Gil o Pinochet. Pero, sobre todo, con los vascos. Las ciudadanas y ciudadanos de nuestro pueblo conocen de sobra sus actuaciones, y por ello su denuncia y la movilización son necesarias. Y, qué duda cabe, será eficaz para lograr su desaparición.

Porque entre todas y todos podemos contribuir a:

­Que la legalidad se modifique y acabe con su existencia.

­Que desaparezcan los tribunales políticos de origen inquisitorial y franquista.

­Que desde París, Madrid y... Arkaute no se detenga por motivos polí- ticos.

­Que desaparezcan las detenciones nocturnas y violentas contra personas y patrimonios.

­Que no se construyan pruebas de cargo con autoinculpaciones, torturas y falsedades.

­Que desaparezca la incomunicación y deje de ser utilizada para interrogar, torturar y obtener confesiones.

­Que la prisión preventiva no sea utilizada como castigo y pena anticipada.

­Que desaparezca la instrucción judicial de los expedientes a impulso únicamente de informes po- liciales.

­Que la presunción de inocencia sea respeta- da siempre, desde el principio y con todas sus consecuencias.

­Que desaparezca la utilización extraordinaria del Derecho Penal «contra el enemigo».

­Que el derecho de defensa sea respetado y restablecido con plenitud, sin ocultar documentación, informes, testigos, peritos o prueba alguna.

­Que desaparezcan los informes periciales policiales como única prueba que sustenta graves acusaciones y condenas, sin otras evidencias.

­Que las certidumbres y las pruebas redacten las sentencias.

­Que desaparezca la filtración, la fuga de información y los procesos mediáticos paralelos que pretenden condenas públicas sin juicio alguno.

­Que las condenas no se alarguen por intereses políticos y de venganza.

­Que desaparezca la cadena perpetua instaurada, legal y judicial.

­Y que desde un punto de vista estrictamente jurídico se restituya la legalidad ordinaria, la justicia común y el juez natural.

Todas ellas son razones suficientes para que respondamos positivamente a este llamamiento a la movilización. Porque, además, lo vamos a conseguir. -