MADRID
Baltasar Garzón tomará el próximo día 31 declaración como imputadas a tres miembros de la izquierda abertzale en relación con las manifestaciones en favor de la autodeterminación celebradas el pasado 30 de setiembre en varias capitales de Euskal Herria.En una providencia notificada ayer, el juez de la Audiencia Nacional española cita a las mahaikides de Batasuna Ainara Armendariz, que intervino en la marcha de la capital navarra; Marije Fullaondo, que tomó la palabra en la de Bilbo; y Maite Díaz de Heredia, que participó en la de Gasteiz, «con asistencia de abogado para recibirles declaración sobre el acto en el que participaron y el contenido del mismo».
Garzón también llama a declarar ese mismo día, aunque en calidad de testigo, a Martxelo Alvarez portavoz de la asociación Ahaztuak 1936-1976 y ordena a la Unidad Central de Inteligencia de la Policía que le informe de quién pronunció los discursos en el acto de Donostia, así como de su contenido.
Los cuatro ciudadanos han sido citados para el día 31. Armendariz deberá declarar a las 10.00, Fullaondo a las 10.30 y Díaz de Heredia media hora después, mientras que Martxelo Alvarez está reclamado en el tribunal para las 11.30.
Según explicó ayer la abogada Jone Goirizelaia, la imputación contra las tres mahaikides se basa en un presunto delito de «pertenencia a banda armada», y el encausamiento se enmarca en el sumario 35/02 sobre la suspensión de actividades de la formación Batasuna.
El magistrado español ha citado a las tres dirigentes independentistas a pesar de haber autorizado en un auto del 29 de setiembre la celebración de las manifestaciones y de haber rechazado esta misma semana el recurso que la asociación Dignidad y Justicia presentó contra esa resolución.
En el auto en el que rechazaba el recurso, en el que incidía en que haber impedido esos actos hubiera supuesto «una restricción del derecho de reunión y de manifestación no justificada legalmente», el juez advertía, eso sí, de que dictaría otra resolución la de ayer «sobre los participantes responsables de Batasuna y su eventual responsabilidad penal».
Por otro lado, Garzón también notificó ayer, según informó Efe, otro auto en el que rechaza el recurso que Pernando Barrena y otros integrantes de Batasuna interpusieron contra una resolución del 8 de agosto por la que el juez les llamaba a declarar en relación con una marcha convocada para unos días después en Donostia bajo el lema «Euskal Herriak du hitza eta erabakia». La manifestación fue autorizada al asumir su convocatoria un grupo de ciudadanos y se celebró el 13 de agosto «sin que aparecieran en la misma símbolos de la formación ilegalizada».
14.000 personas, a la calle
El pasado 30 de setiembre cerca de 14.000 ciudadanos vascos salieron a la calle en Iruñea, Donostia, Bilbo, Gasteiz y Baiona para reivindicar que la clave de la solución pasa por la autodeterminación. Los actos no sólo instaron a sacar el proceso del actual bloqueo, sino que también reivindicaron una solución real al conflicto.
Fue la manera elegida para lanzar la campaña «Euskal Herriak autodeterminazioa» impulsada por la izquierda abertzale que, tal y como resaltaron en los actos, quiere instalar ese concepto en el centro del debate político para evitar fórmulas y propuestas erróneas.
MADRID
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió ayer rebajar de 650.000 euros a 50.000 euros la fianza impuesta a Arnaldo Otegi en la causa en la que investiga la presunta subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la organiza-ción armada a través de las herriko tabernas.
En un auto notificado ayer, Garzón atiende la petición de rebaja de la fianza formulada por la defensa de Otegi, que pretendía que se quedara en 12.000 euros, al aceptar ahora que no existe riesgo de fuga y que la cantidad fijada inicialmente se excede en mucho de la capacidad del dirigente. «Si bien la medida de fianza pudo estar justificada en su momento para paliar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia y la reiteración delictiva (...), lo cierto y verdad es que después de los meses transcurridos y varios permisos de salida del territorio nacional, no ha incumplido ninguno de ellos», argumenta el juez para justificar por qué cree que no hay riesgo de fuga. El auto agrega que las fianzas deben ser ajustadas a la capacidad económica de quienes deben prestarlas, y añade que en este caso «es notorio que (Otegi) no llega a cubrir los gastos que origina una fianza de esta envergadura».
Tampoco cree ahora Garzón ajustada la fianza de 650.000 euros a la responsabilidad del procesado y a la naturaleza del presunto delito.
Desde el PP, el responsable de asuntos de Interior, Ignacio Astarloa, criticó esta decisión y argumentó que Arnaldo Otegi en realidad «debería estar en la calle» puesto que los delitos que se le imputan en este procedimiento judicial «son de naturaleza terrorista».
