La �investigaci�n� sobre el lehendakari, sin olvidar a los otros encausados, acusado del grotesco delito (al menos en el presente caso) de �desobediencia� por parte del TSJPV, es la gota que colma un vaso repleto ya de ilustres precedentes: por ejemplo, la anterior Mesa del Parlamento que se halla sujeta a igual barullo judicial, promovido en toda ocasi�n a instancia de alg�n grupo de extrema derecha (Manos Limpias, Foro de Ermua, Espa�a y Libertad�) proseguido, eso s�, con tenacidad por la pertinente instancia judicial.

No deja de ser curioso que la CAV representa un caso �nico en la Europa democr�tica, despu�s de la II Guerra Mundial, en el que tanto el titular del Ejecutivo como el �rgano de gobierno del Legislativo se encuentran sujetos a procedimientos judiciales por razones de relevancia pol�tica. �Ser� que estamos gobernados por una banda de malhechores? Examinado el perfil de los encausados nos aparecen unos ciudadanos dignos, que adem�s, y no deja de ser un detalle nada inocente, han recibido el respaldo popular expresado por el sufragio universal. Situaci�n que es paralela a la que sucedi� cuando por medio de un mero auto judicial se �orden� la liquidaci�n de todo un partido pol�tico, lo que sigue siendo una novedad en el contexto europeo.

Puede pensarse que en el trasfondo est� un virulento ataque a las m�ximas instituciones representativas vascas y a su propio autogobierno, as� como a poner premeditadamente obst�culos serios a un embrionario proceso de paz. Hay razones sobradas para as� pensarlo y para entender que el conjunto s�lo puede comprenderse partiendo de estas premisas. No obstante, con �nimo constructivo, entremos en el meollo aut�ntico de la cuesti�n que no es otro que la centralidad en la problem�tica del propio poder judicial. Desde esta perspectiva, es evidente que jueces y magistrados, por su origen y extracci�n social, por su misma formaci�n, se han acreditado en el pasado como un colectivo esencialmente conservador, con las excepciones que corroboran la norma general. Si a este grupo se le encauza en una determinada direcci�n por la v�a del usufructo de las prebendas, nombramientos... como sucedi� en el periodo de los gobiernos Aznar, incluida la ocupaci�n del �rgano clave de la intendencia judicial, como es el CGPJ, las dimensiones de los intereses conservadores se desbocan en este �mbito.

As� se entiende que no sea una cuesti�n balad� que el 80% de la representaci�n asociativa de los jueces en la CAV se halle en directa contradicci�n con la opini�n del 90% de los vascos, seg�n avalan los procesos electorales. Como adem�s esos dos conjuntos tienen sus particulares opiniones y las hacen valer, el choque de trenes resulta inevitable sea cual sea el tema: Concierto Econ�mico, limitaciones territoriales del transporte por carretera, aplicaci�n de la cooficialidad ling��stica y otros.

Naturalmente que estamos plenamente de acuerdo con la independencia de los jueces y con que los mismos est�n sometidos �nicamente al imperio de la Ley. S�lo que denotamos que los mismos jueces en esta Comunidad, y atendiendo a los casos concretos, se sit�an en las posiciones m�s retr�gradas, pro- pias sintom�ticamente de las manifestadas p�blicamente por el partido m�s a la derecha del arco parlamentario. Lo malo de este tinglado est� siendo que los paganos son las instituciones representativas vascas y, profundizando algo m�s, los intereses generales de la CAV. El bochorno que muy mayoritarias capas de la sociedad de este pa�s sienten ante el acoso y derribo contra la persona del lehendakari �la figura pol�tica m�s valorada por los ciudadanos seg�n todas las encuestas� se acrecentar� cuando el instructor de turno le llame a declarar en el curso de la �investigaci�n�. A algunos esto nos resultar� pr�cticamente insoportable. Lo mismo que con la Mesa del Parlamento vasco, por supuesto. No hace falta tener una gran sensibilidad democr�tica y auton�mica para denunciar lo crispante de la situaci�n.

Pero volvamos al aut�ntico y actual problema de fondo. Estamos convencidos de que los jueces seguir�n siendo lo que siempre han sido. No pretende- mos obstaculizar su expresi�n pol�tica ni coartar su libertad ideol�gica; pero �ser�a mucho pedir, por mencionar un ejemplo, que esa m�quina de clientelismo, como parece ser en la actualidad el CGPJ, sufriera un proceso de descentralizaci�n territorial en la l�nea de lo que esboza el Estatuto auton�mico catal�n? La localizaci�n de los poderes es, seg�n la mejor doctrina, un medio adecuado para acercar la Administraci�n a los administrados y, por lo tanto, para un mejor control de la gobernanza. Adem�s servir�a para propiciar el conocimiento del Derecho del territorio sobre el que prestan su funci�n y para aplicar las reglas de una real cooficialidad ling��stica, aspectos claramente deficitarios en el estatus judicial presente.

No es �sta la panacea, pero ser�a algo a esperar de una magistratura que, adem�s de independiente y expresi�n de la ley, deber�a respetar las instituciones pol�ticas representativas. No es que propugnemos la instauraci�n de zonas de impunidad, cerradas al control judicial, lo que deseamos es que dicho control prosiga por par�metros estrictamente jur�di- cos. Ahora bien, visto lo que hay en nuestro entorno judicial, su consecuci�n ser� ciertamente dudosa.

Mientras todo esto ocurre, sepa el lehendakari que tiene todo nuestro apoyo y solidaridad. -

(*) Junto a Xabier Ezeizabarrena, firman este art�culo los tambi�n profesores de la UPV Pedro Ibarra, Luis Bandr�s, Jon Gurutz Olaskoaga y Baleren Bakaikoa