PORTUGALETE. ­ Los ocho vecinos de Portugalete acusados de un delito de «desórdenes públicos» por denunciar en un pleno las «salvajes torturas» sufridas por el vecino de la localidad Unai Bilbao tras ser detenido por la Guardia Civil en abril del mismo año se enfrentan a penas de seis a doce meses de prisión, contrariamente a lo que se indicó ayer erróneamente. Los imputados han anunciado que pondrán en marcha una campaña de apoyo «en defensa de la libertad de expresión» y piden al Ayuntamiento que se posicione.