Salhaketa dice que los cambios en la Ley del Menor «repiten errores anteriores»
Este mes de noviembre serán aprobadas las nuevas modificaciones en la Ley de Responsabilidad penal del Menor, un texto legislativo que data del año 2000 y cuyos últimos cambios se introdujeron en enero de 2006. Salhaketa denunció ayer los nuevos cambios que, a su juicio, no son sino «una vuelta de tuerca» en la aplicación de medidas penales y de internamiento «frente a los problemas sociales que afectan a la integración social de nuestros menores».
GASTEIZ
La agrupación Salhaketa mostró ayer su rechazo a este nuevo visto bueno a una ley que, denuncia, «vuelve a repetir los errores de reformas anteriores, copiando el modelo penal y penitenciario establecido para los mayores, que tan nefastos resultados está provocando, en niveles de reincidencia y masificación». Actualmente, dentro del llamado sistema de justicia juvenil del Estado español, más de 2.500 menores de edad se encuentran recluidos en un centenar de centros de los cuales tres de cada cuatro están gestionados por empresas privadas «algunas de ellas camufladas como ONG», cuestiona Salhaketa. Esta asociación argumenta que «no somos de los países de la UE que tenemos las tasas más altas de delincuencia, ni general, ni juvenil; estamos por debajo de la media. Sin embargo, estamos por encima de la media en cuanto al recurso al encarcelamiento tanto de menores de edad como de adultos».
En relación con las modificaciones que se introducen ahora, César Manzanos, portavoz de Salhaketa en Araba, expuso ayer que «se hace necesaria una reflexión seria sobre la necesidad de la acusación particular, apostando por una supresión de la misma». Del mismo modo, indica que «hace falta profundizar en la reflexión de agravar las penas».
En este sentido, la agravante de la responsabilidad criminal, de «actuar en grupo», que carece de cobertura en el Derecho Penal sustantivo (Código Penal), «carece totalmente de sentido al ser la forma habitual de actuación de los menores, debiendo utilizarse otras opciones para los mayores de 18 y 21, tales como ser destinados a habitaciones separadas del resto de menores, subsidiariamente establecer unos centros distintos para ellos, pero en ningún caso en los Centros Penitenciarios».
Esta agrupación de apoyo a presos y presas propone «que la reforma de la Ley se formalice por otros motivos distintos y con otra finalidad muy distinta a la mera alarma social, que se centre en el sistema de ejecución y que pudiera adoptar medidas más fáciles para relajar la tensión social, tales como informar más y mejor a la sociedad, a las víctimas y a los testigos, acompañándolos más intensamente haciéndoles participes de la evolución del proceso, en especial de los acuerdos que determinan la no celebración de juicio oral, que sí produce desconcierto y desconfianza al no entender por qué no se celebró y cual fue la consecuencia para el infractor», expuso Manzanos.
Desde Salhaketa se insiste en que «apostamos por una agilización en la tramitación de expedientes para que las medidas tengan verdadero carácter educativo por su inmediatez, haciendo que su imposición y ejecución sea en el momento más cercano a la realización de los hechos y no varios años después, cuando el menor está en otro momento evolutivo». Y todo acompañado de una «apuesta seria de las Administraciones de dotar económicamente y a poner los medios necesarios para el cumplimiento real y efectivo de todas las medidas que establece la Ley.»
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