No pasan 18 segundos sin que en el mundo alguna mujer haya de soportar un atentado masculino contra su integridad. El abuso, el acoso, la violación y la siempre olvidada violencia psicológica se encadenan sin interrupción, sin respiro para contar cuándo comienza el nuevo ataque antes de haber terminado el anterior, en una tortura incesante, destructiva de la vida y la identidad de las mujeres en estas «sociedades modernas» que se dicen a sí mismas «democráticas» y alardean de «igualdad»... pero que transpiran por sus poros hasta sus cimientos las normas, los principios y valores del anacrónico sistema patriarcal.

Siglos de lucha del feminismo por alcanzar la autonomía, la igualdad, la liberación bajo los signos de su propia identidad, no pasan de ser meros deseos, aspiraciones en definitiva utópicas, en el marco de un discurso retórico, carente de verdadera efectividad.

¿El poder? Sigue estando dondo siempre; fantasma permanentemente instalado y bien sentado en un mundo androcéntrico, en el que las mu- jeres con poder siguen siendo excepciones. Un mundo mudo e impasible ante la plaga universal del feroz terrorismo sexista, mayor por su permanencia que el terrorismo político o el religioso.

Los gobiernos de tantos países que hacen estandarte de la democracia, se juntan para pro- mover toda serie de convenciones internacionales proclamando con altisonancia la condena de la violencia masculina contra las mujeres; incluso se dotan de reformas legislativas para «frenar» la inveterada violencia de ciertos hombres contra las mujeres, para «contenerla» y hasta para ¡«erradicarla»! Pero la verdad, muchos de esos estados en competición presencian impávidos, o indiferentes, cómo millones de sus ciudadanas sufren día a día las consecuencias de la violencia sexista; y con ellas sus hijas/os: víctimas auténticas, víctimas directas e indirectas del terror y la tortura impuestos a sus madres, y no simples «testigos presenciales» como torpemente afirman quienes por minimizar las cosas se esfuerzan en simplicar el grave y sumamente complicado fenómeno de la violencia de género.

Dentro del Estado español, setenta mujeres han perecido asesinadas por sus parejas varones en lo que va de 2006.

Las organizaciones feministas, conocedoras del origen histórico y los fundamentos de hecho de la violencia machista, veníamos exigiendo una ley de carácter integral que tuviera como objetivo último la supresión de raíz de la violencia de los hombres contra las mujeres; una ley que, tomando en considerando la ideología genuina del patriarcalismo como causa y origen de los que deriva en toda su complejidad esta especial forma de violencia, procediera a salvaguardar en toda su extensión el conjunto de los derechos humanos que a las mujeres como tales les corresponde, abarcando la diversidad de modalidades con que esos derechos son vulnerados, con el objetivo puesto en evitar la tentación de establecer políticas meramente paliativas de los efectos causa- dos, lo que equivale a eludir afrontar las causas mismas de la violencia y los factores que alimentan su perpetuación.

Esto es el signo bajo el cual se ha incorporado al ordenamiento jurídico español la Ley Integral contra la Violencia de Género. Una ley que, como cualquier obra falible ­y la de los cuerpos legislativos por definición lo son­, no deja de ser susceptible de mejora. Hecha esta salvedad, la valía de una ley debe ci- frarse en que se estructura con capacidad bastante para alcanzar en su desarrollo el fin al que se destina, en este caso a la inversión social de un sistema de integración social que hasta la actualidad se asienta en la desi- gualdad, en la discriminación y en el quebranta- miento de los derechos fundamentales, que para las mujeres son en la práctica ignorados. En este sentido, la Ley Integral nos hace albergar esperanzas, al estar su trazado acorde con la exigencia de tolerancia cero frente a la perversión de la violencia. Por lo demás, las mujeres seguiremos luchando para dar entrada a lo que falte; a las otras víctimas de esta violencia ­los hijos­; a la violencia sexual y a todas las formas de violencia sexista que las mujeres pueden padecer, esto es, abstracción hecha de si en la relación entre el varón agresor y la víctima mujer median o no los consabidos lazos de índole sexual o afectiva.

Con tanta mayor razón, cuando hemos de enfrentarnos con una ofensiva planteada por parte de los violentos agresores, que pusieron en marcha cuando la ley era todavía sólo un proyecto. Una campaña en la que desfigurando con todo descaro la realidad, se invierten los papeles, y los que son victimarios aparecen como perdedores haciéndose pasar por víctimas. La intentona incluye toda una maniobra de desprestigio dirigida no sólo contra sus mujeres sino haciéndola extensiva a los profesionales de los recursos de protección y recuperación integral de las víctimas, a abogados y abogadas, a psicólogos y psicólogas, y cómo no, contra los jueces o fiscales cuyas resoluciones no les son proclives.

En su perverso e intemperante obrar, agrupados en organizaciones montadas al efecto, estos varones violentos han logrado incluso seducir entre otros a una persona de ley y miembro destacada del estamento judicial, a la cual han convertido en icono y musa de sus propósitos haciéndola aparecer como detestable ejemplo de actitudes inconciliables con la imparcialidad que corresponde a los miembros del Poder Judicial del Estado, al precio de generalizar inapropiadamente los datos obrantes en el Registro Oficial con lo cual se da pábulo a la tergiversación de un hecho jurídico y judicialmente incuestionable, como es que la denuncia de actos ilícitos cuya probación no se llega a obtener en el procedimiento, no puede calificarse de denuncia falsa. Por lo cual si se divulga con reiteración esa confusión jurídica invocando la autoridad de la titular del Decanato de los juzgados de Barcelona, no sólo no se estará haciendo uso del derecho a la libertad de expresión, sino que se estará perpetrando un engaño con la información a la ciudadanía.

En aplicación de esta estrategia, de la que también forman parte los protectores del sistema, proliferan críticas torticeras y ataques engañosos contra la nueva Ley, se sucede la publicación de artículos en la prensa, de declaraciones del famoseo en las televisiones; cualquiera sirve para opinar aunque su ig- norancia sobre la materia sea supina.

Mientras tanto, cada vez resulta más difícil dejarse oír para refutar las burdas falacias. De nuevo, las mujeres denunciantes escuchan los viejos consejos policiales, a veces bajo el signo paternalista, otras como apercibimiento para tratar de disuadirla en su propósito de denunciar.

Las mujeres maltratadas buscan desesperadamente que se les preste apoyo, compresión y ayuda para salir del agujero negro de la violencia en el que se las ha sumido. Como consecuencia de la ofensiva que se ha montado contra la ley, vuelven en muchos casos a enfrentarse con la desconfianza y los prejuicios de quien tiene el deber y la competencia de aplicar la justicia con equidad. Otra vez cuestionada su credibilidad las mujeres soportan una nueva victimización en estrados judiciales, lo que supone un ataque y un menosprecio tan destructivo como el que les propinaban sus agresores, porque lo reciben desde la altura y la magnitud de la Autoridad Institucional, cuando precisamente acuden a ella en petición y demanda de un presumible amparo judicial. Pero esta vez se ha llegado al límite.

Cuando está en juego la viabilidad de los derechos humanos de las mujeres, no se puede consentir que vuelva a triun- far la involución. Sentenciamos con Concepción Arenal: «Pocas cosas desmoralizan más que la injusticia cometida en nombre de la Ley». -

(*) La Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas del Estado español gestiona varios centros de Recuperación Integral para Mujeres y Niñas/os víctimas de la violencia de género