Piden cárcel por comprar un ordenador para un preso vasco con dinero público
La Fiscalía pidió ayer cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación para el el ex alcalde de Andoain José Antonio Barandiaran y el ex concejal Jesús Mari Olazabal, ambos de EH, por aprobar la compra de un ordenador para el preso del municipio Asier Oiartzabal. Durante el juicio de ayer, el fiscal rebajó sólo en un año la petición inicial. La demanda es igual a la pena impuesta por «cohecho» en escándalos de corrupción multimillonarios como el «caso Urralburu».
DONOSTIA
La Fiscalía mantuvo la acusación por sendos delitos de «prevaricación« y «malversación de fondos» en el juicio que se celebró ayer en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contra el ex edil de Bienestar Social y el ex alcalde de Andoain a consecuencia de la compra por 2.057 euros de un ordenador portátil a un preso político del municipio con dinero del Consistorio.Jesús Mari Olazabal y José Antonio Barandiaran, concejal y alcalde respectivamente de la coalición Euskal Herritarrok durante la anterior legislatura, se sentaron ayer en el banquillo de los acusados por unos hechos fechados el 21 de mayo del año 2003. El representante del Ministerio Público español resolvió mantener la acusación contra Olazabal y Barandiaran después de que éstos dieran por buena una petición realizada por la Comisión Municipal de Derechos Humanos de los Presos para que el Ayuntamiento sufragara el gasto de la compra de un ordenador portátilal andoaindarra Asier Oiartzabal, preso entonces en la prisión parisina de Fleury Merogis. Ambos encausados, así como diversos testigos, incluido el secretario municipal, refirieron ayer que la decisión se atenía a la legalidad sobre concesión de partidas presupuestarias. La Fiscalía pide para ambos cuatro años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta, además de la suspensión de cargo o empleo público durante un año, por un supuesto delito de «malversación de caudales públicos», e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años por presunta «prevaricación».
Hasta el próximo día 30 La defensa reclama la absolución. Además, exigió la suspensión del juicio para aportar nuevas pruebas, ya que la Fiscalía añadió en su calificación final otra acusación contra el pago de los gastos de traslados de familiares de presos a la Audiencia Nacional española. La vista quedó en suspenso hasta el próximo día 30.
Respecto a la compra de material informático, la defensa aportó diversos documentos y resoluciones municipales en las que hacía constar que la aprobación de la petición procedente de la Comisión de Derechos Humanos de los Presos aunque con autonomía propia, dependiente en parte de la Concejalía de Bienestar Social, es- taba sujeta a las normas municipales aprobadas al efecto. Evidenció, además, que la citada Comisión fue creada por un acuerdo municipal durante el primer mandato del actual alcalde del PSE, José Antonio Pérez Gabarain, en 1997. Este, que acudió en calidad de testigo, ratificó ese extremo, aunque subrayó que aprobó la formación de la comisión por imperativo, al ser él el alcalde. Mientras, la Fiscalía pretendía evidenciar que la supuesta «negligencia» de los acusados fue por índole «ideológica», al ser la persona a quien el Consistorio sufragó el citado ordenador un preso político vasco. Pero en el interrogatorio a los testigos quedó patente que el Consistorio concedía partidas tanto a presos políticos como a presos sociales de Andoain. El abono, por otra parte, ha sido devuelto al Ayuntamiento en su integridad. La interventora municipal mostró su discrepancia sobre la concesión de la ayuda, argumentando que no existía presupuesto para ello y señalando que la decisión debía de haber sido votada en el pleno. El ex alcalde adujo falta de tiempo para tramitar el asunto, ya que faltaban pocos días para celebrarse las elecciones locales y pasar a ser primer edil en funciones. La Fiscalía mantiene la petición más elevada.
«¿Es competente el Consistorio de Andoain en la vigilancia penitenciaria de Francia?»
G.M.
DONOSTIA Aunque la mayoría de las preguntas realizadas por las partes estaban sujetas a resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento, la Fiscalía preguntó, casi a todos los testigos y de forma reiterada, sobre cuestiones evidentes por las que incluso la presidenta de la sala tuvo que intervenir. Así, al constar que el ordenador portátil que resolvió abonar el Ayuntamiento de Andoain era destinado para un preso político encarcelado en una prisión parisina, el fiscal no cesó de lanzar respuestas que se contestaban por sí solas. «¿Cree usted que el Consistorio de Andoain es competente en la vigilancia penitenciaria de Francia? ¿Tuvo usted algún requerimiento francés para proporcionar la ayuda? ¿Impusieron algún control para el uso del ordenador? ¿Tiene el Consistorio alguna competencia sobre los estudios?», fueron algunas de las preguntas de la Fiscalía a encausados y testigos. Estos recordaron que el ordenador era para que el preso estudiara y el juez terminó por intervenir tildando de «irrelevante» ese tipo de pregunta. La vista que acogió ayer el Juzgado de Donostia contó con la presencia de varios mahaikides de Batasuna que acudieron a arropar a los dos encausados de Andoain, así como con la del concejal del PSE Estanis Amutxastegi, que acompañó al actual alcalde, también del PSE y que declaró como testigo. La sala, que de forma inusual no contaba con la presencia de la rojigualda y del retrato del Rey español, fue escenario de los interrogatorios de Fiscalía y defensa, tanto a los andoaindarras juzgados como a los cinco testigos.
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