BILBO

Es cierto que se está produciendo un descenso de la siniestralidad oficial, pero obedece a diferentes causas, entre las que se encuentra la infradeclaración de accidentes de trabajo por parte de las empresas más importantes. Pero, sobre todo, los datos demuestran que los puestos de trabajo son inseguros en el conjunto de Euskal Herria y que no se actúa desde las administraciones públicas para que los empresarios cumplan con los preceptos que fija la revisada Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que entró en vigor en 1996, lo que supondría una reducción importante de la siniestralidad laboral.

Ambos organismos, Osalan y INSL, contabilizan sólo 73 accidentes de trabajo mortales, dado que no incluyen ni trabajadores autónomos que no coticen por incapacidad total, ni emigrantes, entre otros ejemplos, aunque con el seguimiento continuado que realiza GARA y el sindicato LAB, al menos, son ya 118 los trabajadores que han fallecido en Euskal Herria hasta esta misma semana de noviembre. Esta es una tasa elevada para la población ocupada que representa.

Las causas de esta situación terrible para muchos trabajadores se encuentran en que el 64% de las empresas con más de 50 empleados «no tiene constituido el comité de seguridad y salud», según los datos de Osalan, y que en una de cada cinco empresas no se realiza la evaluación de riesgos. Sólo un 22% de las empresas reconoce dar formación general en materia de prevención y sólo la mitad de ese porcentaje recibe formación específica. Tampoco se realiza una vigilancia de la salud en una de cada tres empresas y uno de cada cinco nuevos empleados no recibe información adecuada de los riesgos. Este es el caso del último accidente mortal registrado. Ocurrió en el monte Malzagar de Amurrio, donde el joven trabajador, aprendiz de talador en la empresa Forestal Hermanos Agurra, falleció de un golpe de un pino a los diez días de haber empezado en ese trabajo.

LAB afirma que «los causantes y responsables de estas pérdidas de salud de la clase trabajadora son la patronal y las administraciones públicas». A los primeros, Ibon Zubiela, secretario nacional de LAB ,les indica que «siempre nos van a tener enfrente defendiendo el derecho humano más inviolable que es el derecho a la salud y a la vida». Alas administraciones públicas, Zubiela les recuerda que «no cumplen con su función de ser garantes de nuestra salud y nuestra vida».

La realidad demuestra que la falta de formación e información de los trabajadores a la hora de emprender un trabajo, unido a los ritmos elevados y la precariedad laboral son un cóctel que actúa de forma determinante en el incremento de la siniestralidad en las empresas. Son elementos que trascienden de lo que es la seguridad y la salud en el trabajo, ya que tienen que ver con las condiciones laborales que se están deteriorando a pasos agigantados.

Desde 1996, los accidentes con baja de trabajadores en empresas con menos de dos meses de antigüedad se han incrementado en un 215,2% en el conjunto del Estado español, según datos específicos de UGT.