Anteayer un juez daba a conocer sus sospechas y críticas a la Ertzaintza por la instrucción sobre los enfrentamientos que se produjeron el pasado día 10 en Bilbo y ayer la Policía autonómica procedía a la detención de cinco personas en Gasteiz y Tolosaldea a las que acusa de participar en los incidentes. La sucesión de los hechos permitía inferir la existencia de una relación entre la acción del juez y la reacción del Departamento de Interior. Pero fue el propio consejero, Javier Balza, quien disipó cualquier duda al respecto al declarar que las detenciones «desmienten claramente la acusación de un magistrado». Resulta tan llamativo como preocupante que una consejería del Gobierno de Ibarretxe responda a las críticas judiciales y a las de los voceros de la derecha española deteniendo a jóvenes y poniéndolos a disposición de un tribunal especial ­cuya disolución pedirá mañana el Parlamento de Gasteiz­ para que sean procesados y juzgados en base a leyes de excepción endurecidas por el Pacto PP-PSOE. Se diría que la libertad de determinados ciudadanos depende de las necesidades propagandísticas del Gobierno tripartito o del PNV, porque no cabe olvidar que el pasado 19 de setiembre, al día siguiente de que Josu Jon Imaz relacionara a Batasuna en la kale borroka, la Ertzaintza detuvo a dos personas en Errenteria y en base a falsedades les acusó públicamente de haber participado en un ataque a la estación de Eusko Tren.

Pero el caso actual tiene además otros agravantes, habida cuenta de que el alcalde de Bilbo, Iñaki Azkuna, aseguró en su día que en los enfrentamientos se había intentado «quemar vivo» a un policía municipal. Aquella versión, de las que se hicieron amplio eco numerosos medios sin mayores comprobaciones, elevó notablemente la tensión política, y a pesar de que el Ayuntamiento ya no quiere hablar de ella, sus efectos se mantienen, como se sigue viendo en la incidencia que ha tenido el caso para las cinco personas ahora detenidas. Las declaraciones de los testigos señalan que no existió un ataque premeditado contra la Policía Municipal y que si un agente se salpicó con líquido inflamable fue en un forcejeo. Como fruto de sus investigaciones, el Departamento de Interior de Lakua debe tener su propia información de lo que realmente ocurrió. Información que no ofrece a la sociedad vasca, mientras hace «propaganda armada» con detenciones de personas a las que acusa de participar en los incidentes, aunque «no tienen relación directa» con la supuesta agresión. -