La valentía política del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y de ETA han entreabierto la puerta de la paz en el País Vasco. El alto el fuego permanente declarado por la organización clandestina permite augurar un proceso «a la irlandesa»: negociaciones a buen seguro largas y crispadas para poner fin a un conflicto armado convertido en un anacronismo insoportable en el marco de la UE. Mientras que el Gobierno español y ETA arreglarían cara a cara las modalidades del retorno definitivo a la paz, una mesa que reuniría al conjunto de las fuerzas políticas concernidas y dispuestas trataría de buscar las vías y los medios para dar una solución democrática al problema vasco.
Francia está fuertemente implicada en este conflicto, las más de las veces de manera poco gloriosa. ¿Hace falta recordar que lleva décadas violando su propia legalidad con la entrega a España, fuera de todo pro- cedimiento de extradición, de vascos que han purgado la pena impuesta por los tribunales y a los que la ley permite, llegado el caso, elegir el país hacia el que serían expulsados?
¿Es necesario recordar las torturas a las que han sido sometidos sistemáticamente los presos así entregados, torturas denunciadas por el conjunto de las organizaciones de derechos humanos, pero que no conmueven en absoluto ni a la opinión pública ni a los intelectuales franceses de suerte que asistimos al extraño espectáculo de una prensa parisina que denuncia con tardío vigor la tortura practicada en Argelia cuarenta años antes sin evocar nunca los tormentos que esperan a los vascos de cuya expulsión informa en tres líneas? Peor todavía: policías franceses informaban a los comandos de delincuentes enviados por Madrid para matar a militantes vascos refugiados en Francia... esos comandos causaron decenas de víctimas, algunas por equivocación y sin que tuvieran nada que ver con el conflicto.
Esta página negra debe pasarse hoy al igual que la página del sufrimiento causado por ETA. No para olvidar, sino para escribir el nuevo capítulo de la paz.
Francia no debería permanecer al margen del proceso puesto en marcha en Madrid y en el sur del País Vasco.
Michèle Alliot-Marie, ministra de Defensa y electa de Donibane Lohizune, así parecía haberlo entendido cuando declaró, tras el alto el fuego, que de confirmarse tal voluntad de acabar con la violencia armada «todos los temas podrán ser abordados», incluida la repatriación de los presos de origen vasco detenidos en Francia. Sin embargo, los responsables políticos consideran que el problema vasco no concierne a Francia y creen que debería seguir desde la banda, como mera espectadora, los acontecimientos políticos.
La cuestión de los prisioneros demuestra en sí misma la implicación de Francia. 153 presos vascos per- manecen en cárceles francesas. Están dispersados en 31 prisiones. En desprecio a las convenciones internacionales y a la legislación francesa que preconizan que el preso cumpla su pena en un lugar próximo a su entorno familiar, los presos vascos son alejados a 822 kilómetros, lo que supone a sus familiares recorrer una media de 1.644 kilómetros para una visita de una hora.
La situación es similar en España. En consecuencia se producen accidentes en carretera que en estos últimos años han causado mayor número de víctimas que las imputables a ETA. La distensión necesaria para el buen desarrollo de las futuras negociaciones exige que los estados español y francés aporten una solución compartida con respecto a unas condiciones penitenciarias que son contradictorias con sus respectivas legislaciones.
Más allá del problema de los presos, Francia, su gobierno y sus organizaciones políticas no deberían permanecer al margen de la iniciativa en marcha. Deben comprometerse, porque, aunque en el norte la tensión no haya alcanzado la misma intensidad dramática que en el sur, a ambos lados de los Pirineos existe un pueblo con una misma cultura y que está comprometido en la preservación de una misma lengua. -
©“Le Journal du Pays Basque”
