Según AI, la Ley de la Memoria protege más a los criminales que a las víctimas
Amnistía Internacional criticó que el proyecto de Ley de la Memoria Histórica impulsado por el Gobierno español limita los derechos de las víctimas del franquismo y, en cambio, protege la identidad de los autores de las violaciones de derechos humanos. Además, opina que incumple los principios básicos de la legalidad internacional.
DONOSTIA
El director de AI en el Estado español, Esteban Beltrán, criticó ayer duramente el proyecto de Ley de la Memoria Histórica que el Gobierno español tiene entre manos. En su opinión, es demasiado celosa al velar por los derechos de los presuntos agresores, lo que va en claro detrimento de los derechos de las víctimas. Antes de ofrecer una conferencia en Donostia titulada “No hay derecho. Hacia una Ley de punto final”, Beltrán defendió que la Ley de la Memoria Histórica debe ser una norma de «ampliación de derechos de las víctimas del franquismo en la Guerra Civil». Sin embargo, aseguró que el proyecto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que la semana pasada pasó su primer trámite en el Congreso con el apoyo del PSOE y la abstención cómplice de PNV y CiU, «contiene mecanismos de impunidad inéditos, como no se veían, por ejemplo, desde la época de Argentina en 1986», ya que «protege la identidad de los presuntos autores». En este sentido, explicó que, si un ciudadano «pide un certificado de lo que le pasó a un familiar, si aparecen los propios autores no le dan el original, sino un certificado, para protegerlos». Además, criticó que si se va a realizar una declaración ante el Consejo de Expertos «no puede mencionar ante él a los presuntos autores».
Limita derechos de víctimas El director de Amnistía Internacional reiteró que se trata de «mecanismos de impunidad que protegen más a los autores que a las víctimas». «Llama la atención que un proyecto de ley semejante proponga fórmulas que desvirtúan y ponen límites a los derechos de las víctimas, mientras se garantiza a los autores de graves abusos que sus nombres no serán desvelados», añadió.
Además, denunció que incluye disposiciones claramente contrarias al Derecho Internacional hasta el punto de querer convertirse, si no es modificado sustancialmente, en una especie de Ley de Punto Final». «El derecho a la Justicia no figura» en la Ley, ya que contempla que «no se pueden volver a juzgar crímenes contra el Derecho Internacional», cuando «por supuesto que se pueden volver a juzgar porque no prescriben», aclaró. También denunció que en la Ley «no aparece reparación económica de ningún tipo, sólo reparación moral global». Por ello, criticó que «es como si el Estado no hubiera estado en estos 70 años implicado en nada», dado que «lo exime de forma taxativa». Beltrán propuso crear un órgano oficial temporal, de carácter no judicial, para que investigue y califique los abusos cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista; incluir en el proyecto medidas expresas con relación a las víctimas de abusos por razones políticas, raciales o de orientación sexual, así como contra las mujeres.
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