Las calles de Donostia y los accesos a la ciudad mostraban en la tarde de ayer un aspecto sobradamente conocido en Euskal Herria. Como tantas otras veces ­sin ir más lejos el pasado 20 de diciembre­ la Audiencia Nacional había prohibido una convocatoria política en Euskal Herria. Miles de personas vieron negados una vez más sus derechos civiles; la Guardia Civil intentó evitar que llegaran a Donostia muchas personas, entre ellas quienes integraban la amplia delegación internacional que pretendía mostrar en el acto de ayer su solidaridad y apoyo a un proceso democrático de solución, y detuvo a uno de sus integrantes; la Ertzaintza se empleó a fondo para impedir que se llegara al Velódromo, que se concentraran quienes pretendían reunirse para reclamar condiciones democráticas, y cargó contra quienes, ante la imposibilidad de realizar el acto político convocado, se habían manifestado sin que se produjeran incidentes. Los portavoces del movimiento pro amnistía habían pedido responsabilidad y cordura, pero no fue esa la actitud con la que fueron recibidas por las fuerzas policiales las miles de personas que respondieron a la convocatoria.

El movimiento pro amnistía no pudo, por estas poderosas «razones», presentar la literalidad de su propuesta, pero la convocatoria de ayer sí sirvió para comprobar que los duros avatares que sacuden una y otra vez la escena política vasca no merman la fuerza del apoyo social a las reivindicaciones que afectan a los derechos, las libertades, en definitiva, a los mínimos democráticos para alcanzar la paz y la normalización política en Euskal Herria. En las encuestas realizadas a lo largo de los últimos meses, en las apariciones públicas de distintos agentes y sectores sectores sociales, en movilizaciones... quien haya tenido interés en conocer la opinión de la sociedad vasca ha tenido la oportunidad de comprobar que una mayoría social se muestra de acuerdo con el desarrollo de un proceso que permita dar una resolución política y democrática a la actual situación del conflicto. Da la impresión de que, hasta ahora, esos posicionamientos no han tenido el eco deseable en la acción política, pero no parece que la parte de esta sociedad que reclama diálogo y respeto a la voluntad popular esté dispuesta a tirar la toalla.

Actuar con responsabilidad política es, sin duda, una petición razonable, no sólo ante situaciones como las vividas ayer sino, sobre todo, para que se escuche y respete la voz de la sociedad vasca. -