Un reciente informe sobre la pobreza afirmaba que allá donde las mujeres tienen mayor protagonismo, las condiciones de niños y niñas son mejores, pues éstas, en situación de recursos escasos, tienden a dedicarlos a la alimentación. La asignación de recursos escasos caracteriza la orientación social y preocupaciones principales de quienes la realizan. Podemos aplicarlo al recientemente concluido debate presupuestario: ¿a qué se dedican principalmente los recursos?

El resultado dista mucho de esa orientación atribuida a la feminidad. El capitalismo y el estado modernos ­con rostro de hombre, blanco y de mediana edad­ han seguido la lógica de promover el crecimiento económico y la acumulación de capital privado. Para ello, el estado se implica en un gasto destinado a subsidiar los costes de producción y la acumulación privada: ayudas I+D, infraestructuras de transporte orientadas a intereses privados, adquisicio- nes militares e incentivos fiscales... A esto se dedica el 80% del presupuesto; el resto va a cuestiones sociales, básicamente como elemento legitimador. Allan Schnaiberg señala, además, la naturaleza autorreproductora de estos procesos, «maquinística». La acumulación fomentada, intensiva en capital, genera desempleo y dislocaciones sociales. Esta tendencia a la crisis de legitimación obliga a aumentar los «gastos sociales», pero no variando la proporción, por lo que, a su vez, se subsidia cada vez más la acumulación de capital privado, con el fin de proporcionar empleo e impuestos para pagar los «gastos sociales» asociados a las dislocaciones de la acumulación privada. He ahí el carácter maquinístico que ­especialmente de la mano de la socialdemocracia sureuropea y latinoamericana­ derivó en estructuras burocráticas desbocadas y medioambientalmente depredadoras. Con la globali- zación, los estados y fuerzas de trabajo nacionales han mantenido e intensificado esta línea, con el fin de atraer sin condiciones a las multinacionales, que luego amenazan con la deslocalización a otras zonas con menores «lastres» sociales o medioambientales.

Con todo, aunque la autoexpansión del capital es una fuerza poderosa, depende en última instancia del apoyo del estado y del consentimiento social. En este sentido, el proceso histórico del desarrollo de la sociedad industrial ha estado impulsado por la creencia subyacente de que el progre- so humano debe comprenderse principalmente en términos materiales (producción y consumo) que, a su vez, legitiman la dominación humana de la naturaleza.

Sobre esta base, asistimos a un paso más: reducir la carga de «gasto social». La ideología de le- gitimación viene a ser la revisión del liberalismo, el neoliberalismo, llevada a cabo en el plano teórico por Popper, Hayek, Fri-edman o Nozick. Este neoliberalismo difunde la tesis de la «ingobernabilidad» de las democracias ante la «sobrecarga» de demandas sociales y expectativas. Consideran que los estados de bienestar han generado varios efectos perversos a evitar: desmotivación, burocratización, descapitalización de la sociedad civil por la competencia estatal, y «sobrecarga o exceso de democracia» por las demandas de sindicatos o movimientos ecologistas y feministas, dificultando la aceptación social de la «tasa natural de paro». Sus propuestas se han dirigido a sugerir básicamente menos gastos sociales y más libre mercado: un «estado mínimo» y una exaltación de la libertad que deriva a un individualismo feroz.

Estas tesis han inspirado un neoliberalismo económico que se empezó a aplicar en los 80, con los gobiernos de Reagan y Thatcher como puntas de lanza emblemáticas. La administración Bush culmina el «sueño» de un estado orientado a favorecer primordialmente la acumulación de capital de las grandes empresas, especialmente petroleras y armamentísticas. Las medidas adoptadas pueden agruparse en dos grandes categorías: por un lado, medidas políticas como recortes de gasto social y políticas tributarias regresivas (bajada de impuestos para las rentas altas); por otro, reformas económicas que han favorecido una precarización laboral, disminución de los empleos de calidad media y aumento de los de alta y baja remuneración.

Los apóstoles del «estado mínimo» tuvieron su espejo en Nueva Orleans, con un estado que abandonaba a su suerte a la población mientras gastaba su presupuesto en aventuras militares. Pero los efectos son más profundos. En el país «modelo» crearon la transformación más drástica en la desigualdad de la renta: la diferencia entre la paga media de un trabajador y la de los altos directivos corporativos experimentó un pasmoso ascenso de 40 a 1 en 1990 a 419 a 1 en 1998. Además, la renta real de la mayoría de los estadounidenses ha venido disminuyendo desde los 70. La experiencia de EEUU desmonta el argumento, tantas veces utilizado, de que los beneficios de las reformas tributarias favorables a las rentas altas repercutirían en toda la sociedad, a través de la creación de empleo y el aumento de ingresos que generaría la inversión de capital de los más acomodados.

A escala mundial, los datos del BM indican que las desigualdades son aún mayores y están aumentando. La Organización Internacional del Trabajo reconoce que «más de la mitad de los trabajadores jóvenes en el mundo son pobres». En la UE se camina también hacia la precarización de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores. El contraste entre incrementos de los beneficios empresariales en el Estado español del 19% y 23,2% en los dos últimos años y un crecimiento de los salarios reales de los trabajadores que no va más allá de los 0’5 puntos, expresa a quiénes benefician las políticas neoliberales.

En Euskal Herria, como confirma el CES, el gasto en prestaciones sociales es inferior a la media española y uno de los más bajos de Europa, y bajando. Sólo Irlanda tendría un porcentaje inferior. Si en 1995 el porcentaje en la CAPV era del 19,5%, en 2003 se situa-ba en el 18,8%; en Nafarroa es aún inferior, del 17,5%; la media en la UE se sitúa en el 27,2% y en el estado en el 19,2%.

Dos hitos importantes suponen estos días una profundización mayor. Por un lado, una nueva reforma fiscal regresiva, de manual neoliberal. Por otro, el proyecto de presupuestos de la CAPV, donde destacaba la «Y vasca». A ello se destinan 281 millones de euros, superando ampliamente el gasto de cualquiera de los departamentos: 1,72 veces el gasto de inversión en Vivienda, 5,78 veces el gasto total en Euskara, 2,23 veces el gasto de inversión en Educación, 20,6 veces el gasto de inversión en Justicia, Empleo y Seguridad Social, 3 veces el gasto de inversión en otros transportes ferroviarios, 4 veces el gasto de inversión en Sanidad, 11,24 veces el gasto en el programa de energías alternativas. La Y vasca, un proyecto de los años 80, simboliza una orientación presupuestaria destinada a satisfacer las demandas del capital transnacional y especulativo y de la burocracia empresarial, por encima de cualquier consideración social o medioambiental.

En esta coyuntura, no se trata ya de incidir con pequeños aumentos de gastos sociales que permitan legitimar uno de los presupuestos menos sociales de Europa. No se puede seguir alimentando una espiral acelerada en la que los gastos sociales suponen una porción pequeña de mera legitimación y además en retroceso. No, la cuestión es otra, de orientación presupuestaria, de dónde y en qué se ponen las prioridades. La ciudadanía debe ser consciente de en qué cesto se ponen los huevos. De si consideramos que lo más urgente en este país es llegar en 20 minutos de Bilbao a Donostia o el gasto en vivienda, sanidad, en un transporte público entre comarcas de calidad y barato, en educaciónŠ Y esto exige plantarse ante el modelo de desarrollo impulsado por los actuales gestores de las instituciones y, en el caso del escandaloso proyecto de presupuestos de la CAPV, un rechazo contundente, sin perdón, que no deje espacio a maquillaje de legitimación. -