En nuestra sociedad la cuestión de la violencia está plagada de tópicos de uso corriente que invaden las noticias que permanentemente leemos y escuchamos, y por las preocupaciones que ésta genera, todos los ciudadanos de buena voluntad han soñado alguna vez en otros escenarios donde la violencia de- jaba de existir. Pero paradójicamente, frente a la sentida demanda desde diferentes ámbitos sociales de tolerancia y pluralismo moderno, el Gobierno es el primero que hace ostentación de actuaciones violentas contra quienes apuestan por transformar democráticamente los marcos políticos del siglo pasado. Una violencia razonable dicen, por ser hija del Estado y de la Ley, pero que interviene ante ciudadanos como si fuera un enemigo violento de la primera o segunda guerra mundial o de la guerra española, con un bricolaje probatorio y una ingeniería judicial que aterra, por su de- senfrenada brutalidad y su falta de conciencia.

En este reino de las desigualdades son muchos los condecorados por violencia, que en lugar de colgarles medallas se les podría colgar las cruces de sus víctimas, y tal parece la sensatez de esta violencia que todos lucen las distinciones con gallardía y sin ningún tipo de rubor. Sin embargo, en ciertas ocasiones, ante el conflicto social generado por la cualidad de la violencia (la tortura es o no es) más que por la cantidad, estos progenitores pretenden no ahijarla y hacen gala de una postura de apartamiento y de presuntamente no saber nada, pero viendo la forma en como acaba todo, estamos sin excepción, frente a una gran estafa social. Si abrimos bien los ojos, justito al lado, sin necesidad de cambiar de continente, se podría preguntar en base a qué supuestos teóricos y por medio de qué mecanismos actúan los acontecimientos exteriores, para que los funcionarios de un Estado acusados de tortura, terrorismo, asesinato o cualquier tipo de violencia improcedente en función de su cargo, acaben tan benévolamente las penas que paradójicamente sólo el poder puede modificar.

Por el contrario, el tratamiento a la violencia sin abolengo, huérfana y callejera y que no es razonable no entra en el paraguas negro de la legalidad. Y sus protagonistas sin recibir ni siquiera la mínima benevolencia humana, quedan cruelmente arrinconados en la prisión como han corroborado últimamente observadores internacionales. Curiosamente el auto de la Audiencia referido a De Juana: «La administración penitenciaria tiene el derecho y el deber de velar por la saludŠ incluyendo el ingreso en centro hospitalario» expresa lo que miles de toxicómanos presos quisieran oír en lugar de ser encarcelados en medio de narcotraficantes. O enfermos o culpables. Así de la violencia gruesa de la tortura, de la cárcel retroactiva que retiene y de las decisiones de alborada que violan la libertad de expresión individual y colectiva y que aplican empleados que tienen, dicen, obligaciones con la Administración que les contrata y les paga (todo un au- téntico delicatessen de la democracia), se pasa por la misma vía a la violencia fina de una superpoblada industria europea carcelera (Chipre 160 y en el Estado español 132 por 100).

El uso de esta violencia razonable está ganando mayores cotas cada día. En Francia, a la exigencia de la juventud y de la emigración para no ser ciudadanos de segunda se le responde con una dosis de esta violencia. En Euskal Herria la legítima petición del derecho a decidir y de opinar de forma diferente a los demás, fundamental en cualquier democracia tolerante, obtiene también su parte alícuota de violencia razonable, primero en forma de persecución, posteriormente de cárcel y después en forma de sondas nasogástricas.

Al respecto, leo con verdadera tristeza humana que De Juana está encadenado a una sonda para alimentarlo forzadamente y este asunto, como otros relacionados con la libertad de expresión o el derecho a decidir que tienen los pueblos, no es un problema individual ni penitenciario, es una demanda que tiene un pasado y una historia que no sólo implican a De Juana, sino a un tejido social que se ha organizado con su petición. Por esto, quien ante una demanda colectiva carece de tolerancia y se aplica violentamente contra uno o contra todos, lo que genera son modelos que revientan los marcos de contención colectiva a la vez que anticipa la descoordinación comunicativa con el otro. Y de acuerdo con nuestra experiencia con toxicómanos encarcelados, la intolerancia institucional sólo nos hace presos de los presos que la misma genera, o como decía Karl Jaspers, la libertad propia no es posible sino cuando es libre el otro. -