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Gara > Idatzia > Mundua 2007-01-15
Guantánamo, cinco años conculcando los derechos humanos
La base de Guantánamo ha cumplido cinco años desde que se convirtiera en centro de encarcelamiento de presos que EEUU considera una «amenaza terrorista» para el país desde el 11-S. Pese a las denuncias, el Gobierno de Bush se mantiene inflexible y, haciendo oídos sordos, continúa conculcando derechos humanos.

Cinco años después de la puesta en marcha de Guantánamo, Estados Unidos se sigue debatiendo en la búsqueda del equilibrio entre su concepto de seguridad frente «la amenaza terrorista» y la voluntad de preservar su «ideal de libertad».

Tras los atentados del 11 de setiembre de 2001, que causaron unos 3.000 muertos, la Administración Bush tomó medidas drásticas apoyándose en la idea de que el país estaba «en guerra» y alegando que el presidente tenía la autoridad necesaria para evitar que Al Qaeda volviese a golpear a los Estados Unidos.

Así, en la base de Guantánamo, en Cuba, cientos de hombres permanecen detenidos sin haber sido procesados durante cinco años. Además, la CIA ha organizado vuelos secretos para transportar prisioneros a campos aún sin desvelar. Nadie ha podido verificar las condiciones en las que se encuentran los prisiones en estos campos secretos de la CIA.

Cinco años después de la llegada de 750 prisiones originarios de 45 países, cerca de 400 personas permanecen aún detenidos en la base estadounidense en Cuba y ninguno de ellos ha sido aún juzgado

Mientras, dentro de Estados Unidos, los servicios de información escuchan las conversaciones telefónicas sin orden judicial, el Gobierno espía una gran parte de las transacciones bancarias internacionales y la rigidez de los servicios de inmigración afecta a un sector turístico incapaz de remontar el vuelo.

Mientras, los jueces acaban de dar un varapalo a la «guerra contra el terrorismo» impulsada por Bush, ya que el Tribunal Supremo consideró el pasado mes de junio que el presidente se había extralimitado al establecer tribunales militares de excepción para juzgar a los «combatientes enemigos». En agosto, un juez federal rechazó, por la misma razón, el programa de escuchas telefónicas.

El Gobierno ha apelado estaúltima decisión y en otoño el Congreso restauró los tribunales militares excepcionales invalidados por el Supremo estadounidense. Pero, aún así, el ambiente ha cambiado.

Oposición demócrata

El opositor Partido Demócra- tatriunfó en las legislativas del mes de noviembre y se ha marcado como objetivo controlar las artimañas del presidente. Incluso antes de tomar posesión de sus cargos, los electos demócratas han conseguido que se suspenda una convocatoria de ofertas para la construcción de nuevas salas de audiencia en Guantánamo, hasta el punto de que el Congreso no ha autorizado el presupuesto de 125 millones de dólares (95 millones de euros).

Junto a ello, el apoyo internacional que recibió el Gobierno de Washington tras los atentados del 11-S, que se tambaleó tras la difusión de las imágenes que mostraban las condiciones que se vivían en Guantánamo, se ha resquebrajado tras confirmarse las denuncias de malos tratos cometidos Irak y la existencia de cárceles y vuelos secretos realizadospor la CIA.

Pese a todo, la Administración de Bush se niega a admitir que estas prácticas supongan una conculcación de los derechos humanos. «No son más que mitos», señaló categóricamente su ministro de Justicia, Alberto Gonzales.

A juicio de Gonzales, «los detenidos en Guantánamo son tratados de manera justa y humana a pesar de que sus cómplices no aplican el mismotrato cuando hacen prisioneros a nuestros hombres».

Las asociaciones en defensa de los derechos humanos, en cambio, destacan que los malos tratos son reales y «contraproducentes». «No teníamos necesidad de arrastrar por el suelo la Constitución y los tratados internacionales», destacó Ben Wizner, abogado de ACLU, una de las principales asociaciones de defensa de los derechos humanos en Estados Unidos.

«Poniendo en duda la reputación de los Estados Unidos como líder mundial en materia de derechos humanos hemos hecho más daño a nuestra seguridad que si a cada prisionero de Guantánamo le hubiéramos dado un arma tras ponerlo en libertad», añadió Wizner.

El nuevo secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, también ha reclamado que el campo de Guantánamo debe ser clausurado, porque conculca los derechos humanos. -

WASHINGTON



Prisioneros de distinta procedencia y condición

Entre los detenidos en Guantánamo existe una gran variedad de orígenesy trayectorias vitales. He aquí cuatro casos.

Khaled Cheikh Mohamed. Nació en Kuwait en una familia de origen pakistaní. Ingeniero diplomado en Estados Unidos, estaba considerado como el número tres de Al Qaeda. Está acusado de organizar los ataques del 11-S en Nueva York, los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998 y contra una sinagoga en Túnez en 2002. Ha permanecido detenido tres años en un centro secreto de la CIA.

Omar Khadr, hijo de un allegado de Osama bin Laden. Este canadiense tenía quince años cuando fue detenido en Afganistán acusado de herir a un soldado. Se le acusa de haberse entrenado en campos de Al Qaeda. Es uno de los únicos diez que han sido acusados hasta el momento.

Lakhdar Boumediene, argelino. Luchó con las fuerzas bosnias en los años 90. Se casó con una bosnia y se quedó en el país. Acusado de atacar la embajada estadounidense en Sarajevo, fue rehabilitado por la Justicia bosnia, pero lo trasladaron a Guantánamo. Al igual que otros 230 detenidos, no se prevé que se formulen acusaciones en su contra.

Huzaifa Parhat. Uigur con pasaporte chino. Se refugió en Afganistán. Tras la invasión estadounidense, fue capturado en Pakistán por un cazador de recompensas y llevado a Guantánamo. Forma parte de un grupo de quince uigures que corren el riesgo de ser torturados si vuelven a China. Cinco de sus compatriotas han sido enviados a Albania.



Cárceles que siguen ocultas
Aunque la situación que se vive en la base militar de Guantánamo es conocida en todo el mundo, no se puede decir lo mismo de las cárceles secretas que la CIA tiene distribuidas en medio planeta.

El propio George Bush reconoció oficialmente por primera vez el pasado mes de setiembre que Guantánamo no era suficiente para «la guerra contra el terrorismo», por lo que la CIA «se vio obligada» a poner en marcha un sistema de prisiones secretas.

Bush asegura que los prisioneros no son torturados en esos centros ocultos, sino que son «sometidos a procedimientos alternativos de interrogatorio, que son duros, pero legales y necesarios».

Washington asegura que desde que en setiembre fueron trasladados a Guantánamo 14 presos, que se hallaban en estas cárceles secretas ­a todos ellos se les imputa ser miembros destacados de Al Qaeda­, estas prisiones permanecen vacías. Pero no se les pasa por la cabeza clausurarlas.

Según explican sus abogados, decenas de detenidos en Guantánamo han denunciado haber sido torturados en países como Afganistán, Siria o Egipto, antes de llegar a la base estadounidense ubicada en Cuba.

Algunos pasajeros de estos vuelos secretos han sido liberados, como Maher Arar, canadiense detenido cuando cambiaba de vuelo en Nueva York y enviado a Siria, donde permaneció detenido durante un año, o Khaled al Masri, un ciudadano alemán que fue trasladado a Macedonia y liberado tras pasar cuatro meses de pesadilla en Afganistán.

Otros permanecen todavía en prisión, como el ex imán egipcio Abu Omar, atrapado en las calles de Milán en febrero de 2003 y encarcelado en Egipto, donde denunció haber sido torturado.

La existencia de cárceles secretas de la CIA, desvelada en 2005 por el diario “The Washington Post”, provocó una viva polémica en varios países del mundo, especialmente en Europa, donde se demostró que una veintena de estados, entre ellos el español, habían colaborado en este programa secreto que había impulsado la agencia de inteligencia estadounidense.

Los procedimientos judiciales abiertos en Italia o Alemania podrían desembocar en los próximos meses en órdenes de arresto contra agentes de la CIA.

El Gobierno de Estados Unidos, mientras tanto, antepone «el secreto de Estado» frente a las denuncias de las víctimas.


 
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