BRUSELAS

«El objetivo común son los sueldos justos y el principio compartido por todos es la flexiseguridad», afirmó ayer el ministro alemán de Asuntos Sociales y Trabajo, Franz Müntefering, en su calidad de anfitrión del Consejo informal de la UE, en Berlín.

Según el acuerdo de principios, presentado por la presidencia y consensuado en el Consejo informal, se trata de conseguir que «la flexibilización del mercado laboral no signifique una reducción de la seguridad del empleo».

Los 27 estados miembros comparten ese parecer, añadió el socialdemócrata Müntefering. Las dificultades empiezan con la plasmación en el plano real de ese término, que pretende conciliar flexibilización con garantías de seguridad en el empleo.

Europa debe defender un «modelo social», puesto que «un mercado laboral de alta calidad posibilita también el éxito económico», añadió Müntefering. El mantenimiento de los estándares europeos de sanidad, seguridad, sueldos justos, etc., y no su rebaja, por culpa de una «competitividad mal entendida», dijo el ministro, es la meta a alcanzar por los 27 miembros, «respetando la potestad de cada país para legislar su mercado laboral».

De hecho, la presidencia alemana ha convertido el término «modelo social europeo» en síntesis de los objetivos de su semestre. La Comisión Europea comparte ese objetivo, afirmó el comisario de Empleo, Vladimir Spidla, y también los 27 estados miembros.

La internacionalización del mercado laboral aumenta, no sólo por la circulación de trabajadores comunitarios en el ámbito de la UE, sino también por la llegada de inmigración de terceros países. Esta nueva inmigración «es necesaria» y «contribuye al crecimiento económico y el sistema de la Seguridad social», dijo el ministro español, Jesús Caldera. Pero debe ser inmigración legal, «de gente con un contrato bajo el brazo» y regulada por la realidad del mercado laboral, añadió. No obstante, el modelo social se está debilitando, tal y como advirtió ya en la sesión del jueves el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), John Monks, para quien, por encima de las buenas palabras, crece la precariedad. La presidencia alemana abordará en su semestre la problemática de la internacionalización del mercado laboral y la regularización de la llegada de extranjeros según las necesidades del mercado. Asimismo, y bajo la consigna de sueldo justo para los 220 millones de trabajadores de la UE, se marca el objetivo de la institución del salario mínimo en todos los países comunitarios. Cuestión que, como Müntefering sabe, no es fácil de conseguir. «Deseable es que exista y ustedes conocen de sobra mi opinión», dijo el ministro, en alusión a su posición dentro de la gran coalición, cuyo socio mayor, la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel, se cierra en banda a introducirlo. Si Müntefering no puede imponer en Alemania un concepto que él defiende, menos aún podrá la UE hacer que sus estados miembros se ciñan a reglas unitarias.

La presidencia alemana no puede aspirar, por tanto, a fijar normativas, pero sí a avanzar hacia la armonización de directivas sobre jornadas máximas o normativas de seguridad.

Defienden la moratoria a búlgaros y rumanos
La presidencia alemana de turno de la Unión Europea defendió ayer la moratoria impuesta a ciudadanos búlgaros y rumanos para trabajar legalmente en el ámbito

comunitario y recordó que también se impusieron moratorias cuando ingresaron el Estado español y Portugal. «Hay varios niveles de moratoria para los nuevos miembros, de varios años, y eso se ajusta a la tradición de la UE», declaró el ministro alemán de Asuntos Sociales y Trabajo, Franz Müntefering, al término del Consejo informal de la UE, celebrado en Berlín. -

«Todos son bienvenidos, pero en las mismas condiciones»

BRUSELAS

En medio del debate sobre la «flexiseguridad» en el mundo laboral, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha resaltado las «importantes» consecuencias de dos casos que examina el Tribunal de Justicia de la UE, sobre los derechos de los trabajadores de la Unión frente a empleados menos costosos de otros países comunitarios. Uno de los casos es el de Laval, una empresa letona que ganó un concurso para construir una escuela en Suecia y que trató de llevar trabajadores de Letonia, pero a la que se exigió el cumplimiento de condiciones laborales y salariales estipuladas para el sector de la construcción sueco. La Corte ha visto también un caso similar planteado por un sindicato de transportes sobre una naviera de Finlandia que quiere abanderar un barco en Estonia y sustituir a la tripulación finlandesa por una estonia, más barata.

La CES considera que estos dos casos no afectan solo a los países escandinavos, sino que pueden tener repercusión en toda Europa, ya que pueden tener consecuencias en las condiciones laborales de todos los trabajadores.

Erland Elauson, vicepresidente de la confederación de sindicatos suecos LO, negó que se trate de un rechazo a los trabajadores extranjeros, como lo demuestra que Finlandia y Suecia son los dos únicos países que no han aplicado medidas temporales para posponer la entrada en sus mercados de trabajadores rumanos y búlgaros, cuyos países entraron en la UE el pasado día 1. «Todos son bienvenidos, pero en las mismas condiciones», afirmó.