El Pentágono avala las pruebas obtenidas bajo tortura
El Pentágono estadounidense completó ayer un manual que, de ser aprobado por el Congreso a donde fue remitido ayer mismo, permitiría detenciones o ejecuciones de personas sospechosas de «terrorismo» en base a rumores o a testimonios obtenidos bajo «métodos coercitivos». Estas nuevas normas posibilitarán la reanudación de los procesos que habían sido suspendidos contra detenidos en la prisión de Guantánamo.
WASHINGTON
Los fiscales militares podrán presentar confesiones obtenidas «bajo coacción» en los juicios a los detenidos en Guantánamo, así como testimonios «de oídas», según las nuevas normas reveladas ayer por el Pentágono. Estas medidas difieren de los reglamentos que regulan los juicios civiles y militares en Estados Unidos, al dar más poder a los fiscales para presentar pruebas, pero el Departamento de Defensa afirmó que los cambios son necesarios debido a que los acusados fueron capturados en un campo de batalla. Las normas están detalladas en el nuevo «Manual para los Tribunales Militares», de 238 páginas, divulgado ayer por el Pentágono. Este establece que en los juicios «antiterroristas» se permitirá que un testigo hable de lo que «oyó decir a otra persona» respecto al acusado, lo que no es admisible en un tribunal civil. La Fiscalía no podrá presentar confesiones obtenidas bajo tortura, pero sí declaraciones de acusados sometidos a tratamiento «cruel, inhumano o degradante» realizadas antes de diciembre de 2005, cuando el Congreso aprobó una ley para prohibirlo. El juez militar que presida el proceso deberá decidir si las declaraciones son lo suficientemente fiables como para admitirlas.
Resumen de información
Al contrario de lo que fijaban las anteriores normas que regulaban las cortes especiales «antiterroristas», los acusados podrán tener conocimiento de todas las pruebas presentadas contra ellos. No obstante, sólo tendrán acceso a resúmenes de información secreta, no a los documentos en sí. El manual contempla la pena de muerte para los condenados por espionaje o por «participar en una conspiración para cometer un asesinato». El castigo máximo para quienes proporcionen armas o fondos a supuestos «terroristas» será de cadena perpetua. El general de aviación Thomas Hemingway, asesor legal del Pentágono, manifestó que, con la publicación de estas normas, se reanudarán los procesos que habían sido suspendidos mientras el Tribunal Supremo analizaba la legalidad de las cortes especiales. El Supremo determinó en junio que, tal como estaban constituidos, esos tribunales especiales violaban la Convención de Ginebra, que regula el trato a los enemigos capturados durante una guerra, así como la normativa militar de EEUU. Pero el Tribunal dejó abierta la posibilidad de que se establecieran de nuevo «cortes antiterroristas» con normas particulares, al indicar en su decisión que el presidente podría solicitar al legislativo la potestad para crearlas. Eso es lo que hizo George W. Bush, quien logró que el Congreso, dominado por los republicanos, aprobara en setiembre una ley que autoriza su existencia, cosa que el Pentágono hizo ayer con su manual. Entre los detenidos que serán juzgados están Khalid Sheikh Mohammed y Ramzi Binalshibh, acusados de organizar los atentados del 11 de setiembre de 2001. El Gobierno cuenta con «pruebas suficientes» para encausar a entre 60 y 80 prisioneros, de los aproximadamente 400 que se encuentran en Guantánamo, señaló Hemingway.
Nadie quiere albergar la biblioteca de Bush
Siguiendo la tradición, el presidente Bush debería contar con una biblioteca-museo que recuerde su legado en su Estado de origen, en Texas. Prevista en los predios de la Universidad Metodista de Dallas, las críticas no se han hecho esperar. 70 teólogos, profesores y miembros del centro recuerdan «las malas notas» de Bush presidente. Clérigos metodistas, entre ellos 10 obispos, se han sumado al rechazo. Hay además quien teme que se convierta en objetivo de atentados. -
Gestos hacia la nueva mayoría demócrata
WASHINGTON El presidente de EEUU, George W. Bush, ha anunciado esta semana, a través de su secretario de Justicia, Alberto Gonzales, que acepta que un tribunal supervise el polémico programa de espionaje nacional que él mismo avaló. Eso supone un giro radical en la postura que había mantenido hasta ahora, ya que durante meses aguantó las críticas y mantuvo que, como comandante en jefe, tiene el poder para autorizar el programa de escuchas a posibles sospechosos sin necesidad de autorización judicial. «Seguiré autorizando este programa mientras nuestro país siga haciendo frente a una amenaza de Al Qaeda o de grupos relacionados», aseguró Bush recientemente. El anterior gesto más llamativo hacia la nueva mayoría demócrata se concretó el día después de las elecciones, cuando anunció la destitución del jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld. Otra cuestión que el presidente ha incluido, de repente, en su agenda es el cambio climático, algo a lo que siempre se había mostrado reacio a afrontar. Lo ha incluido en su Discurso sobre el Estado de la Unión el martes
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