La sentencia del Tribunal Supremo espa�ol que declar� ayer �organizaciones terroristas� a Jarrai, Haika y Segi, resulta de m�xima gravedad, adem�s de por las propias condenas impuestas a los j�venes encausados, por tratarse de la consigna que en adelante marcar� el devenir de los procesos abiertos contra diversos colectivos de Euskal Herria. Las sentencias en las cuales lo difuso de los razonamientos jur�dicos contrasta con su clara sinton�a con ciertos presupuestos pol�ticos son habituales, pero �sta del Tribunal Supremo supone, adem�s, un nuevo resorte en la din�mica represiva contra la disidencia vasca y una apuesta por el mantenimiento de esa v�a. En efecto, esta sentencia pretende dotar de un barniz jur�dico a una pol�tica propia de un estado de excepci�n con leyes de excepci�n que conllevan condenas de excepci�n. La absurda teor�a del �todo es ETA� del juez Baltasar Garz�n sale reforzada y las consecuencias de su puesta en pr�ctica adquieren una mayor gravedad.

Esta decisi�n del alto tribunal espa�ol supone un ataque en toda regla, uno m�s, a los derechos civiles y pol�ticos, continuar y agudizar la criminalizaci�n de una parte importante de la juventud vasca y, por extensi�n, de un sector significativo de la sociedad, de numerosos colectivos pol�ticos y sociales. Pero tampoco se puede entender s�lo en clave de respuesta en el contexto de la situaci�n creada tras el atentado de Barajas, pues antes, durante y despu�s del alto el fuego se persegu�a y se persigue a personas y asociaciones, se les prohib�a y se les proh�be siquiera expresarse. Como el propio Gobierno del PSOE ha reiterado en los �ltimos meses, las exigencias del PP se han ido cumpliendo porque nada ha cambiado en materia represiva.

Cuando cada vez m�s voces, en sinton�a con el deseo de la gran mayor�a de la sociedad vasca, reclaman retomar la v�a del di�logo para abordar un proceso de resoluci�n del conflicto en t�rminos verdaderamente democr�ticos, llega esta sentencia que, por el contrario, pretende dar legitimidad a una din�mica represiva que se ha revelado no s�lo in�til para avanzar hacia dicha resoluci�n, sino, adem�s, generadora de mayor confrontaci�n. Se trata de un paso m�s en esa preocupante direcci�n. Un barniz jur�dico que no puede ocultar el car�cter antidemocr�tico de un Estado y de unas fuerzas pol�ticas que han construido la infraestructura legislativa necesaria para convertir la excepci�n en ley. -