La sentencia del Tribunal Supremo español que declaró ayer «organizaciones terroristas» a Jarrai, Haika y Segi, resulta de máxima gravedad, además de por las propias condenas impuestas a los jóvenes encausados, por tratarse de la consigna que en adelante marcará el devenir de los procesos abiertos contra diversos colectivos de Euskal Herria. Las sentencias en las cuales lo difuso de los razonamientos jurídicos contrasta con su clara sintonía con ciertos presupuestos políticos son habituales, pero ésta del Tribunal Supremo supone, además, un nuevo resorte en la dinámica represiva contra la disidencia vasca y una apuesta por el mantenimiento de esa vía. En efecto, esta sentencia pretende dotar de un barniz jurídico a una política propia de un estado de excepción con leyes de excepción que conllevan condenas de excepción. La absurda teoría del «todo es ETA» del juez Baltasar Garzón sale reforzada y las consecuencias de su puesta en práctica adquieren una mayor gravedad.

Esta decisión del alto tribunal español supone un ataque en toda regla, uno más, a los derechos civiles y políticos, continuar y agudizar la criminalización de una parte importante de la juventud vasca y, por extensión, de un sector significativo de la sociedad, de numerosos colectivos políticos y sociales. Pero tampoco se puede entender sólo en clave de respuesta en el contexto de la situación creada tras el atentado de Barajas, pues antes, durante y después del alto el fuego se perseguía y se persigue a personas y asociaciones, se les prohibía y se les prohíbe siquiera expresarse. Como el propio Gobierno del PSOE ha reiterado en los últimos meses, las exigencias del PP se han ido cumpliendo porque nada ha cambiado en materia represiva.

Cuando cada vez más voces, en sintonía con el deseo de la gran mayoría de la sociedad vasca, reclaman retomar la vía del diálogo para abordar un proceso de resolución del conflicto en términos verdaderamente democráticos, llega esta sentencia que, por el contrario, pretende dar legitimidad a una dinámica represiva que se ha revelado no sólo inútil para avanzar hacia dicha resolución, sino, además, generadora de mayor confrontación. Se trata de un paso más en esa preocupante dirección. Un barniz jurídico que no puede ocultar el carácter antidemocrático de un Estado y de unas fuerzas políticas que han construido la infraestructura legislativa necesaria para convertir la excepción en ley. -