Hace unos días este diario publicaba un artículo de opinión, firmado por Mikel Isasi y Martín Barriuso, en el que se realizaban una serie de consideraciones, muy críticas, sobre el presupuesto de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco y el 0,7. Como aclaración previa diré que la comparecencia del consejero Madrazo citada por los autores tuvo como eje central explicar a la ciudadanía el balance de lo realizado en Cooperación al Desarrollo por el Departamento durante 2006. Junto a ello, y puesto que existe un nuevo presupuesto aprobado para 2007 con un incremento significativo en esta partida, se explicaron las cifras y cómo se tiene previsto canalizar dicho presupuesto. Me parece injusto tildar de «propaganda» la información aportada, en la medida en que supone un ejercicio de transparencia con respecto a la gestión que se hace de la cooperación pública, transparencia reiteradamente exigida por las organizaciones sociales y cuyo avance durante los últimos años ha sido reconocido por el sector.

Yendo al centro de la cuestión, que es nuestra posición en relación al 0,7, quiero comenzar con un recordatorio. La meta del 0,7, establecida por primera vez en el ámbito de las Naciones Unidas hace ya unas cuantas décadas (a finales de los años 60), fue un objetivo que los gobiernos estatales se impusieron a sí mismos y por el cual los estados enriquecidos se comprometían a destinar al menos el 0,7% de su producto interior bruto como ayuda oficial al desarrollo. Tras muchos años, resulta obvio que dicho compromiso ha sido reiteradamente incumplido por los estados, con tan sólo contadas excepciones.

En este tiempo, por otra parte, ha surgido un nuevo fenómeno: el nacimiento de la llamada cooperación descentralizada, como ayuda oficial al desarrollo procedente de municipios y gobiernos regionales o nacionales no constituidos como estados, y por tanto no representados en Naciones Unidas. Alguno de ellos, como el Gobierno Vasco, han tomado la referencia del 0,7% sobre sus presupuestos a la hora de cuantificar su aportación a la solidaridad internacional. Sin embargo, es erróneo a mi juicio reclamar a éstos que equiparen su presupuesto de cooperación al 0,7% sobre el PIB, fundamentalmente por las dos razones que a continuación expongo.

La primera es de carácter técnico. La comparativa con el PIB exige tomar en consideración la totalidad del gasto público que se dedica a cooperación al desarrollo. En el caso de la CAPV, habríamos de computar no sólo el del Gobierno Vasco, sino también de las diputaciones forales, los ayuntamientos y nuestra aportación a la ayuda oficial al desarrollo del Estado español (puesto que una parte de ella sale de nuestros bolsillos).

La segunda razón tiene un carácter más político. El compromiso del 0,7% sobre el PIB tiene un origen estatal, y son los estados los primeros responsables en alcanzarlo. Hacer hincapié en su cumplimiento por parte de instituciones no estatales antes que en las estatales supone indirectamente el vaciamiento de la responsabilidad que tienen los estados (ya que ellos suman la cooperación descentralizada dentro de sus cifras de ayuda oficial al desarrollo).

Sin embargo, es exigible que nuestras instituciones adopten y cumplan con metas concretas en los recursos económicos destinados a cooperación, como es el 0,7% del presupuesto total de gasto. Y en esto los responsables políticos de la cooperación en el Gobierno Vasco estamos siendo claros y no tratamos de confundir, a diferencia de lo que sugieren los autores del citado artículo. Entre otras cosas porque consideramos que la ciudadanía tiene capacidad suficiente para saber de lo que estamos hablando, especialmente aquella que forma parte del tejido social de la cooperación.

Hemos afirmado que la cooperación del Gobierno Vasco no alcanza aún el 0,7% del presupuesto total pero camina hacia ello, porque ha establecido un cronograma que toma esa referencia (ya no el presupuesto operativo, que se citaba en épocas pasadas y que supone una montante menor). Por esta razón el incremento recogido en la Ley de Presupuestos de 2007 es el más elevado de los últimos años. Efectivamente, la dotación del fondo de cooperación para 2007 pasa de 34 a 39 millones de euros, y además dicha ley recoge un fuerte incremento del crédito plurianual, resultando que en este año pueden aprobarse ayudas de cooperación por un total de 46 millones de euros.

¿Colma esto nuestras expectativas? ¿Podemos considerar que con estas cifras la sociedad vasca ya cumple con su deuda de solidaridad hacia los pueblos empobrecidos? Rotundamente no, y sería un grave error caer en la autocomplacencia, especialmente para quienes nos ubicamos en la izquierda transformadora. Pero es también un error negar la existencia de un proceso por el cual, con la participación de las organizaciones sociales, se está avanzando en cantidad y calidad.

Por cierto, y a propósito de la calidad. Conjuntamente con las cifras, desde el Departamento hemos presentado las iniciativas que se pondrán en marcha en 2007 para incidir en el impacto y la eficiencia de nuestra cooperación: planificación estratégica, nuevos instrumentos, agencia vasca de cooperación, etc. Lamentablemente, el debate en torno a los números suele tapar consideraciones que son esenciales y previas: qué debemos hacer para que nuestros recursos en cooperación acompañen de una manera más eficaz el proceso de desarrollo de las comunidades del Sur y su lucha contra la pobreza.

Pues bien, de todas estas cuestiones (el 0,7 incluido) se ocupará la Ley vasca de Cooperación para el Desarrollo, que en estos momentos se encuentra en la última fase antes de ser apro- bada. En el largo camino de su discusión, se ha puesto de relieve la actitud positiva con que la mayor parte de los agentes sociales y algunos grupos políticos de la oposición han afrontado el debate. Parece que, por fortuna, antes que el momento de intentar «pasar factura» se ha visto la oportunidad para construir una solidaridad pública vasca mejor. Pienso que ése debe ser nuestro empeño colectivo. -