El golpe de efecto que ha generado la recepción de dos canales de ETB en digital en Iruñerria sacó ayer de sus casillas al consejero de Cultura y portavoz del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniáin. El portavoz calificó de «ilegal» la colocación del aparato que ha pagado la militancia de Eusko Alkartasuna y anunció que ha comenzado los trámites para acabar con esta emisión. Además, amenazó al parlamentario de esta formación presente en el debate, Maiorga Ramírez, con que tendrá que dar los nombres de quienes colocaron físicamente el emisor, avanzando así posibles demandas posteriores.

Sin embargo, el comunicado que trasladó el Gobierno al Ministerio de Industria no va tan lejos como Sánchez de Muniáin. Se trata de una comunicación firmada por la consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, Lourdes Goicoechea, en la que advierte al ministro de que se ha colocado el repetidor mediante una «iniciativa popular», por lo que le insta a acometer las acciones que considere oportunas. El comunicado dice exactamente «al margen de la legalidad», sin atreverse a calificar el hecho como ilegal.

La colocación del aparato consiguió conducir el debate sobre la captación de ETB al plano económico. La factura mostrada por EA desmonta la tesis oficial de que visualizar la televisión pública de la CAV tiene un coste cercano al millón de euros anual. Supuestamente, este coste vendría avalado por un informe de Itelazpi (empresa que asesora en telecomunicaciones a Lakua) y refrendado por Opnatel (la empresa homóloga en Nafarroa). Este periódico se puso ayer en contacto con Opnatel y uno de sus responsables corroboró que este informe existe, pero aseguró no poder darlo a conocer. Según explicó, solo se lo puede mostrar al encargante que, en este caso, sería el Gobierno de Nafarroa.

Sin embargo, Sánchez de Muniáin acudió a la comparecencia parlamentaria sin este informe. Esto le dejó sin argumentos sólidos para rebatir las acusaciones de Ramírez, quien ha hecho público cuánto les ha costado que EITB se pueda captar en Iruñerria, cifra que asciende a tan solo 11.776 euros. Ramírez llamó al consejero mentiroso y le instó a dimitir. El líder de EA en Nafarroa le echó en cara que es el Gobierno quien debe velar por los intereses de la ciudadanía y le recordó que, a día de hoy, ninguno de los canales que pueden verse en TDT en Nafarroa emite íntegramente en euskara, lo que incumple con la carta de lenguas minorizadas. «Usted ha estado engañando a la población de forma caciquil», le espetó Ramírez.

El consejero le replicó diciendo que la iniciativa popular para que se puedan ver dos de los cuatro canales del ente público en Iruñea es «totalitaria» y que se trata de una medida chapucera. Sánchez de Muniáin dijo estar convencido de que, si por Ramírez fuera, los navarros verían tan solo un único canal.

Un protocolo incumplido

Sánchez de Muniáin se enrocó en que es ETB quien debe mover ficha ahora. El consejero echó mano del protocolo firmado entre Nafarroa y Lakua, por el cual es el Gobierno de la CAV o ETB quienes tienen que asumir los costes, independientemente de cuáles sean. Recordó que, mediante ese acuerdo, el compromiso de Nafarroa era facilitar los medios (solicitar el múltiplex) y que éste ya les ha sido concedido. El único culpable sería, por tanto, el Gobierno de Gasteiz, que se niega a pagar. Sin embargo, todos los partidos (incluidos PP y PSN) echaron en cara a UPN no estar haciendo todo lo posible para conseguir que ETB emita en digital en Nafarroa. «Hay mil vías para presionar al Gobierno Vasco para que cumpla», recordó Manu Aierdi, de Nafarroa Bai. «El señor consejero podría hablar con el Gobierno Vasco», sugirió Amaia Zarranz, del PP. «Un buen negociador es quien hace cumplir lo acordado por la otra parte», dijo Román Felones, del PSN, quien urgió a su socio de Gobierno a «insistir».

La postura del PSOE, presente en los dos gobiernos, resulta clave. Felones dijo que la captación de ETB está en su acuerdo para gobernar con UPN, pero censuró que la emisión se realice de forma «pirata».