LAB valoró ayer la resolución de la Delegación de Trabajo de Gipuzkoa sobre el ERE presentado por Corrugados Azpeitia y que «pasando de puntillas por la documentación aportada y sin tener en cuenta las alegaciones de los y las trabajadoras» da vía libre a la compañía propietaria, Grupo Gallardo, para despedir a cien personas.

El sindicato denuncia que Trabajo ha actuado «una vez más como juez y parte», debido a «la cercana relación que existe entre el PSOE y el Grupo Gallardo a nivel estatal. El grupo -de origen extremeño- nace, crece y se consolida en espacios bajo la administración del PSOE principalmente».

Respecto a las «garantías» para el mantenimiento del resto de los empleos no son sino una mera «declaración de intenciones» unida a «la consecución de un plan de ventas que, sin ninguna otra medida como diversificaciones o inversiones, parece de imposible cumplimiento», puesto que se aferra a la rápida recuperación del sector de la Construcción. A ello se suma que «esta garantía de empleo se ha negociado entre la institución pública y el Grupo Gallardo a espaldas del comité de empresa y de la totalidad de la plantilla».

LAB pone también el acento en el hecho de que la resolución haya sido filtrada a un medio de comunicación antes de su notificación a los trabajadores afectados, pese a tratarse de una obligación legal.

Para el sindicato abertzale, el objetivo de esta maniobra «no ha sido otro que poner una ficticia garantía de empleo como titular para minimizar el impacto social que supone autorizar la extinción de cien empleos en una empresa que ha tenido en cuatro años bastante más de cien millones de euros de beneficios».