«Lo que mal empieza mal acaba», dice el refrán, y es precisamente lo que está ocurriendo con las actuaciones que en estos años se están realizando en torno a la Plaza del Castillo. Los beneficios fáciles para algunas «empresas amigas» fueron la sinrazón que llevó a la destrucción de la Plaza, al despojo de sus tesoros arqueológicos y a la construcción de un parking.

Tanto el Gobierno de Navarra, como el Ayuntamiento de Pamplona, en todas las obras o actuaciones públicas en las que se juegan grandes cantidades de dinero público, vienen de forma sistemática incumpliendo las leyes vigentes.

Esto es lo que hicieron con la adjudicación de las obras y servicio del parking de la Plaza del Castillo. El plazo máximo de adjudicación de la gestión del parking, según la Ley, no puede ser más que de cincuenta años, pero el Ayuntamiento de Pamplona con los votos de UPN, CDN, y PSN, a sabiendas de que era ilegal, acordaron la adjudicación por 75 años a una empresa llamada Eyssa.

Tras varios años, en diciembre de 2004, una sentencia reconocía la nulidad del contrato. Esta sentencia de nulidad obligaría al Ayuntamiento a abonar el costo de la obra, pero al declarar la sentencia la nulidad de ese contrato, nunca se deben abonar cantidades en concepto de los «beneficios futuros» o del llamado «lucro cesante».

El acuerdo que ha tomado el Ayuntamiento de Pamplona, con los votos de UPN y CDN, ha sido abonar a Eyssa el costo de la obra con una desviación para con lo presupuestado de un 80%, y además abonar en concepto de lucro cesante (por no poder gestionar el aparcamiento durante los 75 años) una cantidad de 5,7 millones de euros.

En Kontuz!, lo tenemos muy claro. Barcina, Ibero y los y las concejalas de sus grupos nos están quitando a la ciudadanía 5,7 millones de euros para regalárselos a una empresa millonaria, y ante un robo de esta magnitud no estamos por cruzarnos de brazos.

Kontuz! va a presentar por lo criminal una demanda ante el Juzgado, para que esos casi mil millones de pesetas vuelvan a las arcas municipales y se tomen las medidas necesarias para apartar a estos señores y señoras de la gestión pública.

No es el caso, pero si hubiera que abonar alguna cantidad económica a la otra parte, ésta debería ser con cargo a quienes en su día tomaron ese acuerdo ilegal y lo hicieron sabiendo que era ilegal, pues en el mismo Pleno se les hizo saber. Así pues serían los concejales de UPN, PSN y CDN quienes deberían abonar las consecuencias negativas producto de su irrespon- sable gestión.

José Ramón Urtasun, Mercedes Urzainqui y Jacinto Martínez Alegría Iruñea