MADRID
Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado español y el hombre que desde hace días viene anunciando que pedirá el ingreso incondicional en prisión de Arnaldo Otegi, se ha mostrado muy crítico con las últimas decisiones del juez Grande-Marlaska en relación a los otros representantes de la izquierda abertzale que pasaron por la Audiencia Nacional durante la pasada semana. Los fiscales no demandaron ninguna medida cautelar para JuanMari Olano, Juan Joxe Petrikorena, Pernando Barrena, Rafa Díez y Arantza Zulueta. Sin embargo, el magistrado no tuvo en cuenta esta postura y envió a prisión a los dos primeros, tal y como le habían pedido los representantes de la AVT y de la Asociación Dignidad y Justicia. Barrena deberá abonar por su parte una fianza de 200.000 euros, y el secretario general de LAB una de 100.000 euros.
En una entrevista en “El País”, Conde-Pumpido considera «preocupante» que un juez decrete «una medida cautelar tan restrictiva como la prisión provisional cuando la acusación pública no la ha solicitado». El fiscal general afirma que el hecho de que las acusaciones particulares sí pidieran prisión ofrece a Grande-Marlaska una cobertura «formal» pero «muy endeble».
«Imparcialidad del instructor»
«Nuestro modelo procesal asegura la imparcialidad del instructor, que es el garante de los derechos fundamentales de los imputados, limitando su facultad omnímoda para decretar la prisión al principio acusatorio, y por ello es grave que prescinda de la posición del Ministerio Público», añade.Respecto a los argumentos esgrimidos para ordenar los encarcelamientos y las fianzas, Conde-Pumpido señala en primer lugar que estima «difícilmente acreditable en un juicio que la convocatoria de una huelga permita inferir una responsabilidad penal por inducción directa en relación con los comportamientos de carácter violento que los huelguistas puedan realizar».
Y aunque la percepción fuera la contraria, añade que «en cualquier caso, no se justifica ese acto como de la gravedad suficiente como para determinar una medida de tanta entidad como la privación de libertad».
Preguntado por las razones que le llevan a diferenciar el caso de Arnaldo Otegi, el fiscal general recuerda que ya pidió prisión incondicional para el portavoz abertzale en mayo de 2005 y señala que ahora mantiene «el mismo criterio».
«Además, Otegi tiene seis causas pendientes, una condena por injurias al rey pendiente de ejecución, otra por apología del terrorismo, anulada por el Tribunal Supremo, pero que está pendiente de repetirse el juicio, y cuatro en la Audiencia Nacional. Es decir, nos encontramos con una persona que tiene demasiadas deudas con la Justicia y las deudas acaban venciendo en un momento determinado», argumenta.
Réplica de las asociaciones
En otra parte de la entrevista, Conde-Pumpido manifiesta que la Fiscalía «podría contemplar algún cambio de perspectiva en el supuesto de que ETA declare que abandona la violencia». Las críticas no se hicieron esperar. El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, consideró que estas declaraciones «ponen de manifiesto, una vez más, que hay una voluntad por parte de la Justicia de hacer el juego político a Batasuna-ETA en este proceso de negociación». Para Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia y conocido por su intención de brindar por la muerte de Igor Angulo, Cándido Conde-Pumpido «parece el fiscal general del Gobierno. Si lo que quiere es implantar un criterio a la hora de actuar contra los terroristas se va a encontrar con el escollo de las acusaciones populares».
El presidente del Foro Ermua, Mikel Buesa, manifestó que estas declaraciones del fiscal general «deslegitiman el sistema judicial español y colaboran con los intereses del terrorismo nacionalista de ETA».
Subvenciones electorales «robadas al
pueblo»
El mahaikide Joseba Permach acusó al Tribunal Supremo de «robar cientos de millones de pesetas al pueblo» tras su decisión de destinar a las «víctimas del terrorismo» los casi dos millones de euros que el Estado español adeuda a la izquierda abertzale por subvenciones electorales. Permach recordó que «son miles y miles de ciudadanos los que durante años han votado una opción política que, por ello, tenía y tiene derecho a recuperar ese dinero». -
