El techo a cualquier precio es un negocio, porque no hay alternativa
En los últimos días algunos sectores han desnudado la realidad en la que viven personas que por su situación de exclusión están obligadas a aceptar techo en cualquier condición y a cualquier precio. Piden mano dura a las instituciones, mientras las ONG responden que si no hay alternativa, se les envía a la calle.
El incendio registrado recientemente en una pensión social de la calle San Francisco de Bilbo, como consecuencia del cual fallecieron tres personas, ha hecho saltar a la palestra las realidades más cruentas de la exclusión social en la capital vizcaina, y frente a ellas se ha puesto al descubierto la ausencia de alternativas y la ineficacia de las instituciones, como responsables del desarrollo urbanístico, pero también del humano y social. El accidente ha sido utilizado por algunos sectores para alzar la voz y pedir medidas drásticas. Utilizan como argumento que las instituciones no pueden consentir la situación en la que viven muchas personas, relacionan la problemática fundamentalmente con la inmigración, y se muestran indignados ante el hacinamiento y los abusos que padece ese colectivo. Este no era el caso del proyecto solidario que desarrollaba la Posada de los Abrazos, pero las mismas voces tampoco aclaran cuál es la alternativa para las personas que padecen esas situaciones, «¿la calle?», preguntan los colectivos sociales. La respuesta, en forma de manifestación contra la exclusión social, reunió días atrás a varios miles de personas en Bilbo y concitó el respaldo de 120 colectivos de diversos ámbitos. En este caso, también se pidió la intervención de las instituciones, pero con otro objetivo: «la puesta en marcha de políticas que hagan frente a problemas de vivienda, de desempleo y precariedad laboral, de desestructuración, de conflictividad social, de falta de oportunidades personales y colectivas, de disfrutar de servicios sociales, equipamientos y, en definitiva, de una vivienda digna». Quienes luchan contra la exclusión social insisten en que además de la transformación urbanística, la rehabilitación debe llegar a todos los barrios y residentes en la capital vizcaina, también a los que se encuentran en inferioridad de condiciones. «Este no es en ningún caso un problema de inmigración. La dificultad de acceso a la vivienda es un problema global, porque dentro de la multitud de colectivos que tienen problemas para acceder a una vivienda están los jóvenes en general, y especialmente las madres solteras, los jubilados sin vivienda en propiedad, los toxicómanos, gente con enfermedades mentales, y también los inmigrantes, que lo tienen mucho más difícil por no tener papeles ni nóminas que demuestren ingresos para formalizar un alquiler. Unido todo esto a la poquísima oferta existente de pisos en alquiler y a la discriminación por su color de piel». En estos términos sitúa el problema Diego Jauregi, de SOS Racismo en Bilbo. «El número de lo que algunos denominan ‘pisos patera’ no es tan importante como lo que algunos quieren hacer ver», aclara Jauregi. Para el miembro de SOS Racismo, el mismo término «que a parte de utilizarlo algunos concejales del PP, no sabemos de dónde ha salido», denota «esa falsa visión de que nos invaden, de irregularidad, de avalancha. Tiene que ver con esa concepción del inmigrante no como persona, sino como víctima o amenaza, y nos parece muy peligroso». Reconoce que «haberlos, haylos», pero precisa que son consecuencia de «una situación de vulnerabilidad por falta de vivienda para mucha gente y más para quien por una u otra razón se encuentra en situación de exclusión social». «El problema es que no hay alternativas a esas viviendas en las que sabemos que vive demasiada gente pagando demasiado. Hay mucha gente que se está aprovechando, habría que poner medios para evitarlo, pero cerrar esos pisos no es la solución, porque ¿a dónde van?», concluye Jauregi. Fede García, del mismo organismo social en Gasteiz, coincide con esta opinión. «Vienen muchas personas con problemas gravísimos que no podemos solucionar», reconoce, al tiempo que subraya la «impotencia» que representa para las ONG esa falta de salidas a realidades que tienen nombre y apellidos. «Conocemos muchas realidades de este tipo en Gasteiz, sobre todo en Sansomendi y en el Casco Viejo, pero luego pasa como en el caso de los ciudadanos de origen rumano que vivían en lonjas en condiciones infrahumanas. Se denuncia la situación, aparecen noticias sensacionalistas, y los devuelven a su país», explica. «El Ayuntamiento de Gasteiz sabe que hay al menos 600 personas de diferentes nacionalidades en esta situación. Saben que se encuentran en una situación de indefensión total, porque no pueden tener un contrato de alquiler en regla, porque no pueden tramitarlo sin contrato de trabajo, papeles, etc... Y por eso están al albur de quienes se lucran de su situación de necesidad». García no duda en apuntar a la Alcaldía como responsable de núcleos de población desasistidos, de las alrededor de 1.000 personas que estiman que viven en situación de marginación. «¿Qué hacemos? Los devolvemos a todos o aceptamos que viven aquí con nosotros y se les garantiza derechos en igualdad, como el de la sanidad pública y la educación», pregunta ante el silencio de la Administración. Por lo que respecta a la situación de conflictividad que a menudo aparece ligada a subarriendos abusivos, el portavoz de SOS Racismo en Bilbo, Diego Jauregi, opina que «hay gente que está más preocupada por revender pisos que compraron baratísimos y están denunciando como pisos conflictivos o pensiones ilegales por el mero hecho de que son marroquíes quienes comparten vivienda».
La pobreza crece
Los casos de marginación y abusos contra los sectores más indefensos son el pan nuestro de cada día y no sólo afectan a los inmigrantes ni se dan en exclusiva en las grandes ciudades. Los colectivos sociales que luchan contra la exclusión llevan años llamando la atención sobre el crecimiento imparable de la pobreza y alertan periódicamente de que son muchas las familias que se encuentran en el umbral de la pobreza, mientras las instituciones siguen reduciendo las partidas destinadas a asistir a estas situaciones o no acaban de poner en marcha políticas que las atajen. Por ejemplo en Baiona acaba de conocerse la muerte de una mujer de 47 años, cuyo cadáver fue hallado en una casa ocupada. Es la tercera indigente muerta en un mes, las necesidades aumentan y la lista amenaza con seguir creciendo, según indica Christian Murat, presidente del colectivo de voluntarios Point Accueil Jour. -
BILBO
En la calle Zumaia tienen claro que el problema es «la pobreza»
La realidad de las llamadas pensiones ilegales se relaciona habitualmente con barrios degradados de la capital vizcaina. Sin embargo, los problemas de hacinamiento en pisos son extensibles a otras zonas residenciales de la ciudad. De hecho, la asociación vecinal Gure Etxea, que agrupa a residentes de Trauko, Zurbaranbarri y Zumaia, ha reunido un extenso expediente con completa información sobre un caso que les preocupa especialmente, porque se dan serios problemas de convivencia y de nada han servido las reiteradas denuncias ante el Consistorio. Según señalaron a GARA fuentes del Area de Urbanismo y Medio Ambiente, que gestiona Ezker Batua, la persona a cargo de los alquileres ha presentado contratos en regla, por lo que no hay lugar para la intervención. Aseguran portavoces de la asociación vecinal, y acompañan su testimonio con cumplida información reunida por los vecinos, que en el número 2 de la calle Zumaia existe una residencia regentada por una persona «sobradamente conocida en Bilbo, que se dedica, junto a su marido, a explotar viviendas con inmigrantes bajo cobro de tarifas por ocupación de habitaciones en una veintena de pisos en las mismas condiciones. Se lucran con el dinero recibido de instituciones por los inmigrantes, manteniéndolos en unas condiciones inhumanas». En el caso del piso de Zumaia, los residentes explican que los problemas de convivencia vienen dados porque la vivienda no cumple las condiciones mínimas de higiene y seguridad, se trata de un piso de 55 metros cuadrados en el que viven demasiadas personas, conviven menores con adultos y algunos de los menores proceden de centros de acogida de las instituciones. Tras hablar con inquilinos, los vecinos saben que por el alojamiento de una persona derivada desde el centro de acogida de Loiu la mujer que regenta el piso ingresaba 235 euros mensuales. Según indican, en el piso se encuentran alojadas 8 personas, pero por las noches acuden hasta un total de 15. Calculan que la veintena de pisos que explota en Bilbo, por el alquiler que cobra a 8 personas les reporta ingresos mensuales de alrededor de 37.500 euros y añaden indignados que la misma persona lleva una olla para ofrecer una ración a sus inquilinos, a cambio de la que pide cinco euros. Desde Gure Etxea subrayan que «la pobreza existe en su barrio» y achacan la situación en la citada vivienda a ésta y a la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. Piden a la Administración que «acabe con esta lacra social de especuladores, conocida por el Ayuntamiento y explotada en nombre de la caridad», pero también tienen claro que la solución pasa por un parque público de vivienda con renta social.
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