Aitor BALDA | Miembro de Elkartzen
«No somos conscientes de que nos estamos empobreciendo de la mano de la precariedad»
Elkartzen asegura que casi un tercio de la población vasca vive en condiciones de pobreza, muchas veces sin ser conscientes de su empobrecimiento. En su opinión, éste viene de la mano de la precariedad de las condiciones laborales, el casi imposible acceso a la vivienda o la privatización de los servicios públicos. Elkartzen denuncia desde hoy esta situación con una semana reivindicativa.
Hoy se abre en Ezkerraldea, una de las zonas que más
sufrió la desindustrialización, la semana de revindicación que ha puesto en
marcha el colectivo contra la exclusión Elkartzen. La jornada de mañana girará
en torno a los servicios públicos y los servicios sociales, al que seguirán días
dedicados al umbral de la pobreza o al derecho a la vivienda. El día 23 será la
jornada central de la semana, con movilizaciones en defensa de los derechos
sociales. Aitor Balda, miembro de Elkartzen, afirma que es necesaria la
movilización social para denunciar situaciones de personas que tienen que vivir
con unos ingresos cada vez más ajustados, las hipotecas a las que hay que hacer
frente mes a mes, los desorbitados alquileres o la falta de servicios sociales.
-Elkartzen calcula que casi 900.000 personas
viven en Euskal Herria bajo el umbral de la pobreza. ¿Hay más gente pobre de lo
que parece? En Euskal Herria se crea riqueza suficiente para que su población pueda vivir con dignidad. Año tras año la riqueza aumenta pero no así su reparto, por esa razón hay mucha gente que vive por debajo del umbral de la pobreza. ¿Cómo se puede vivir dignamente con 200 o incluso con 600 euros al mes si el alquiler medio está en 811 euros al mes? ¿Cómo se puede vivir con dignidad si tienes que programar cuándo puedes tener un hijo ya que la existencia de guarderías de carácter público es prácticamente inexistente y no puedes permitirte el lujo de pagar a una persona? ¿Acaso el colchón familiar debe subsanar las deficientes prestaciones o servicios sociales? -¿Entonces hay gente pobre sin ser consciente de
que lo es? Tenemos una visión un tanto sesgada de la pobreza. Creemos que está representada por una persona que vive debajo de un puente, entre cartones, dejada y sin ganas de vivir, pero la realidad nos indica que la pobreza viene de la mano de la precariedad. No somos conscientes de que nos están empobreciendo. Casi la mitad de esas 900.000 personas son personas que están trabajando, no son paradas, pero sus condiciones laborales son tan precarias que se encuentran en situación de pobreza y exclusión. Sobreviven por debajo del umbral de pobreza aunque crean lo contrario, o mejor dicho, aunque quieran hacerles creer lo contrario. A esto el Gobierno Vasco lo califica como ausencia de bienestar. -Hasta ahora Elkartzen se ha centrado en el
umbral de pobreza y los ingresos, pero en esta semana de reivindicación aparecen
otros aspectos.
Podemos comprobarlo en diferentes aspectos como en el reforzamiento ideológico de la familia, en el que a la mujer se le reconoce el «derecho» al empleo remunerado, pero este derecho es secundario ante «el deber» de cuidar a las personas dependientes. En Euskal Herria existe un escaso desarrollo de los servicios de ayuda a la familia, porque el sector público los considera residuales o innecesarios, puesto que se admite implícitamente que la mujer es la primera responsable del cuidado de la familia. En el acceso a la vivienda también se está dando este proceso de precarización ya que la fuerte discrepancia entre la oferta y la demanda hace que la mayoría de las personas que necesitan acceder a una vivienda no puedan pagar los precios que hoy en día existen en el mercado. Si el precio medio de una vivienda, después de añadir el coste de financiación, es de 436.220 euros, y la capacidad financiera máxima mensual es de 394 euros al mes, una simple división nos demuestra que se necesitan 92 años de esfuerzo máximo para adquirir la vivienda. Queda claro, por tanto, que un gran segmento de la población está expulsado del acceso a la vivienda, aunque le den créditos a 50 años.
-Otra de las denuncias de esta semana será
también la privatización de los servicios públicos. Con las privatizaciones la precariedad alcanza tanto a
las personas que están trabajando en estas empresas públicas, porque sus
condiciones laborales se ven empeoradas, como al resto de personas, que estamos
pagando por unos servicios que disminuyen en calidad y aumentan en costo, como
es el caso de la educación, la sanidad o el transporte.
-Las instituciones subrayan sus políticas sociales y el aumento de la cuantía de la renta básica o de las ayudas sociales.
Las instituciones no tienen en consideración que la vivienda es un derecho. Situar en un 30% de los ingresos el precio del alquiler social, no es precisamente una cualidad de renta social. Mantener una media de alquiler, en el mercado libre, de 811 euros al mes, es el acatamiento público de la especulación con un derecho social básico. Los recortes constantes en las listas de perceptores de renta básica y de ayudas de emergencia social son el pan de cada día. Los presupuestos de las diferentes instituciones son un buen instrumento para tomar la temperatura a esa voluntad. Con los presupuestos de 2006 preferían realizar unos presupuestos confeccionados a espaldas de la población, unos presupuestos no participativos ni sociales. Por citar un ejemplo, los parlamentarios tan sólo necesitan cuatro años y un día de cargo para poder recibir la pensión máxima de la Seguridad Social. A los demás, nos tienen en cuenta toda la vida laboral.
-¿En la Ley del Suelo no se garantiza un mínimo
de viviendas protegidas? Sólo se han preocupado de garantizarse más construcción
de viviendas. Se han dotado de un instrumento flexible capaz de adaptarse a las
necesidades de los especuladores en función de sus necesidades. La premisa
fundamental de la nueva política de vivienda protegida es la cobertura de
gastos. Por esto han modificado los porcentajes y los tipos de vivienda de
protección. Por esto no quieren destinar vivienda a alquiler social, dentro de
las Viviendas de Protección Publicas(VPP). Si en el proyecto la reducción a un
60% de las Viviendas de Protección Oficial(VPO), entendidas con la definición
actual, nos parecía excesivo, qué decir del acuerdo tripartito-PSOE, que ha
disminuido este porcentaje en un 5% adicional quedándose las VPO en un 55%. No
sabemos cómo se regularán las VPM, pero tenemos el antecedente de la normativa
de Barakaldo, en la que no es requisito imprescindible carecer de otra segunda
vivienda para acceder a una vivienda de Protección Municipal.
-¿Cuál es la situación en Ipar Euskal Herria?
El estado Francés no se queda atrás en apostar por medidas que profundizan en la precariedad y en el ataque directo a los derechos de la clase trabajadora. La última medida, fuertemente contestada por diferentes agentes sociales, es el llamado Contrato de Primera Oportunidad. Tanto los altos precios de la vivienda como las tasas de vivienda vacía constatan la exclusión a la que están condenados amplios sectores del uso y disfrute de una vivienda. Control social y criminalización son dos constantes que se están aplicando de manera desmedida en Ipar Euskal Herria a las personas perceptoras de ayudas. -
|
