Los empresarios serán los beneficiarios de la reforma
Para el Primero de Mayo, UGT, CCOO, CEOE y el Gobierno español quieren tener cerrado el preacuerdo sobre la reforma laboral. Se ampliará el contrato de fomento del empleo, que indemniza al trabajador con 33 días en caso de despido, y los empresarios reducirán las cotizaciones a la Seguridad Social, a la vez que obtendrán ayudas por los contratos.
BILBO
La quinta reforma laboral que se negocia en Madrid a espaldas de la realidad vasca entre el Gobierno español, la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT aborda los últimos compases con la mirada puesta en el Primero de Mayo.Los dos grandes objetivos de la modificación son la reducción de la elevada temporalidad del mercado de trabajo y la eliminación del fraude en la contratación laboral, metas que no se lograron en las anteriores. Para dar este paso, en la mesa de negociación se incide en la necesidad de impulsar la Inspección de Trabajo. Para ese fin, sin embargo, no era necesario ningún acuerdo, bastaba con hacer cumplir la legislación en materia laboral y con un mayor esfuerzo en el control de las empresas. La conclusión más importante que se extrae de lo que se conoce hasta el momento de la negociación de la nueva reforma es que los empresarios serán, una vez más, los grandes beneficiados del proceso: accederán a una reducción de las cotizaciones sociales, despedirán más barato y tendrán un período más flexible para mantener a los trabajadores en situación de temporalidad.
No reducirá la temporalidad Los
máximos responsables de CCOO y UGT ya se han apresurado a señalar que los elementos que se incorporarán a la reforma no provocarán una caída importante de la temporalidad. El texto sobre el que se trabaja trata de frenar «la contratación temporal abusiva», pero se ha dejado a un lado todo lo que tiene que ver con medidas legales contra el encadenamiento de contratos con el fin de lograr «acuerdos en lo mínimo». Se está discutiendo que se garantice un puesto fijo a aquellos trabajadores que hayan tenido dos o más contratos eventuales durante, al menos, veinticuatro meses sobre un período de treinta. La conversión se hará con la extensión del contrato de fomento del empleo al conjunto de los trabajadores, con lo cual la indemnización por despido se reducirá a 33 días, doce días menos que en los indefinidos ordinarios que, aunque no desaparecen, son ya residuales en la contratación, ya que no superan el 2%. También se pretende que en el texto del Estatuto de los Trabajadores se fijen los impedimentos «para que se produzcan cesiones ilegales de trabajadores». Se plantean mejoras en las prestaciones del subsidio por desempleo a los mayores de 45 años sin responsabilidad familiar y el derecho subjetivo a la percepción de la renta activa y algunas mejoras en la indemnización del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), precisamente para tratar de equilibrar una balanza que beneficia a quiénes son los máximos responsables de la alta tasa de temporalidad, pese a que la UE ha llamado la atención en varias ocasiones al Estado español, por esta razón.
Cotizaciones empresariales
Los empresarios, a cambio de firmar esos contratos temporales, se beneficiarán con una reducción de las cotizaciones sociales, del 0,25% al 0,50%, si garantizan los contratos fijos más baratos y, también, bajará un 0,20% su contribución al Fogasa. Esta merma en los ingresos que obtendrá la Seguridad Social es una medida que colisiona, precisamente, con la necesidad de garantizar un sistema público de pensiones, ya que permite que una parte de los cotizantes reduzcan la aportación económica. Los contactos a tres bandas se han prolongado durante casi dos años. De forma paralela a la intervención en el mercado de trabajo, se negocia la reforma de la Seguridad Social, el futuro de las pensiones, y se está a la espera de cerrar estos capítulos para proseguir con la reforma de la Negociación Colectiva. El Gobierno español quiere firmar a la vez la reforma laboral y la de las pensiones, pero CCOO y UGT mantienen diferencias en torno a la de la Seguridad Social. Las tres partes están atendiendo al modelo neoliberal en el que los derechos de los trabajadores pierden peso frente a los dictados de los gobiernos y los empresarios. Así, ya se están filtrando de forma interesada diferentes aspectos de la reforma para evitar una respues- ta de la ciudadanía, que dista mucho de la que en el Estado francés provocó la aprobación de los Contratos de Primer Empleo (CPE). Al final, las sucesivas reformas laborales o estrategias que se plantean en el seno de la UE se encuadran en el ámbito de la pérdida de derechos de los trabajadores. Mientras, los empresarios se encuentran cómodos en la «década de oro», ya que están alcanzando los beneficios económicos más altos de la historia en un contexto global de dificultad, según trasmiten a la opinión pública. Estos elementos no son ajenos al conjunto de la clase trabajadora y los sindicatos. GARA ha pulsado la opinión de los responsables de esta área de ELA, LAB, UGT y CCOO. La diferencia de criterios está en el discurso, puesto que ELA y LAB rechazan un retroceso en las condiciones de los trabajadores, aunque se adorne, como hacen CCOO y UGT con la idea de que obtendrán un contrato indefinido. Los representantes de ELA y LAB creen que es un derecho que está reconocido, pero que se incumple por parte de los empresarios y con ayuda de la pasividad de la Administración a la hroa de obligarles a cumplir la legislación.
Dudas sobre la reforma
Eduardo García, responsable de Acción Sindical y Política Institucional de CCOO de Euskadi, reconoce una cierta tensión con UGT. «Mantenemos un escenario de debilidad en la unidad de acción. Hay discordancias», manifiesta, pero admite que la negociación de la reforma no puede traspasar el Primero de Mayo. «O hay acuerdo este mes o será imposible lograrlo», porque, a su juicio, «cuanto más dura, más discrepancias se ponen sobre la mesa y más dudas surgen entre los trabajadores y en nuestra organización». García señala que el efecto de estas medidas sobre el conjunto de la temporalidad «es un paso pequeño e insuficiente» y recuerda que la reducción de la cotización para los empresarios pasará «del 0,25% al ir creciendo entre 2006 y 2007 hasta alcanzar el 0,5% el 31 de diciembre de 2008, en caso de que se produzca una mayor contratación estable, que sea sustancial». Sin embargo, no está establecido qué porcentaje de temporalidad se debe reducir para bajar las cotizaciones empresariales en un 0,5%. Pilar Collantes, secretaria de Acción Sindical de UGT Euskadi, valora de forma positiva los pasos que se dan y recuerda que la reforma permitirá a los asalariados «entrar durante más tiempo en las empresas y, por lo tanto, tendrán más posibilidades de conseguir la fijeza en la empresa. La entrada es el problema», asegura. La responsable de UGT admite que la iniciativa «no va a eliminar la temporalidad, aunque la reducirá». Collantes reconoce que cuestiones como la ampliación de las posibilidades de contratación para las empresas de trabajo temporal o las agencias de colocación «se sacan de este acuerdo». Destaca que el acuerdo está próximo y confirma que «el diálogo social sigue vivo en el Estado».
Uno de cada tres asalariados tiene contrato temporal
Hego Euskal Herria cuenta con el récord de precariedad laboral: Uno de cada tres asalariados tiene contrato temporal, es decir, más de 317.000. Eso supone una clara amenaza para una mejora en las condiciones de trabajo, ya que están en riesgo sus empleos. El pasado año, se firmaron un total de 1.036.103 contratos de trabajo, de los que el 92,58% fueron temporales. Los trabajadores fijos perciben de media un 60% más de salario que los temporales. -
Muñoz (ELA): «Desregulará más el mercado laboral»
J. BASTERRA
BILBOAdolfo Muñoz, «Txiki», es el responsable de Negociación Colectiva en ELA y considera que, «por lo que se sabe de la reforma, ya que se nos margina», será una «nueva vuelta de tuerca» de la realizada en 1997, «que redujo las causas del despido improcedente y amplió las del despido objetivo», con lo que el trabajador quedó «más indefenso» a la hora de actuar contra la elevada temporalidad y denunciar «los contratos en fraude de ley, que son abundantes». Entiende que la reforma profundizará en «la desregulación de las condiciones de trabajo y, en esta segunda fase, como digo, se dará el paso de conseguir contratos fijos, pero con un despido más barato». Muñoz achaca esta «nueva cesión de derechos de los trabajadores» desde CCOO y UGT hacia los empresarios y el Gobierno español al «síndrome del sindicalismo español de vivir subvencionado. Así, aceptan el despido improcedente a los 33 días y que afecte a más colectivos, ya que antes se firmaba con mujeres y mayores de 45 años y ahora se extenderá a todos los contratos; pero, a la vez, se reducen las cotizaciones de los empresarios». ELA reconoce que «la patronal domina el mercado laboral» y «nadie es capaz de sancionar a un empresario por fraude en la contratación». Muñoz señala que «hay miles de fórmulas de fraude que aplica la empresa» y que «podría resolverse inmediatamente si se reforzara la Inspección de Trabajo y hubiera una persecución del fraude de oficio en defensa del débil, el trabajador, y no como en la actualidad, en defensa del defraudador». Etxaide (LAB): «Sólo busca maquillar la
precariedad» Ainhoa Etxaide, secretaria general adjunta de LAB, denuncia la marginación que sufre la central sindical en este ámbito y considera que «atenta contra la realidad sindical de Euskal Herria. Los sindicatos más representativos no tenemos derecho a participar en el debate de unas normas que se nos van a imponer». Bajo esa perspectiva, Etxaide reconoce que el Estado español «está obligado a reducir la eventualidad, porque se encuentra en niveles inaceptables». La responsable sindical afirma que las medidas que se anuncian «se encaminan a maquillar esa situación, facilitando y abaratando el despido». Señala que «no se aborda la realidad de precariedad laboral», ya que tratan «de reducir la rotación de los contratos, y que éstos, como he manifestado antes, sean casi de despido libre. Por lo tanto, es claro que de esta reforma no saldrá una reducción del nivel tan elevado de precariedad, sino que se maquillará la realidad a la que se enfrentan los trabajadores, sobre todo mujeres y jóvenes». También denunció las manifestaciones del ministro español de Trabajo, Jesús Caldera, quien dijo que la prioridad de la reforma no está en proteger el empleo, sino en la protección de los trabajadores. Etxaide indicó que «es escandaloso que no se haga una defensa del empleo. Al final, la situación del trabajador dependerá de la estabilidad y la calidad del empleo». Critica el deterioro de las relaciones laborales, que «CCOO y UGT aportan, una vez más», y denuncia que el PSOE «en los ochenta empezó con la reforma y sigue en esa vía».
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