Todos los demócratas estamos muy interesados en que se compruebe fehacientemente el alto el fuego y el cese de la violencia de ETA como violencia estructural de respuesta. Es decir, que no se den atentados promovidos por ETA, ni actos de violencia callejera, lo mismo que cese el reclutamiento, la instrucción, el aprovisionamiento y la financiación de las bases del movimiento etarra.
Violencia estructural
Pero esta violencia no es la única estructural que existe en el País Vasco. Durante muchos lustros y decenios las verdaderas víctimas de la violencia no han logrado el reconocimiento social de su desgracia. En esta situación están las víctimas de ETA, y en parecidas circunstancias los perdedores de la guerra civil. Ambas víctimas no pudieron hablar en público de sus sufrimientos, ni de las pérdidas padecidas por sus familias. No se les reconocía el carácter de víctimas. Pero hasta aquí no se han enumerado todas las víctimas de la violencia.
La sociedad vasca ha convivido muchos lustros con la violencia estructural franquista, con la de ETA y con la de unas normas legales y unas sentencias judiciales nacidas de una concepción democrática basada en un falso postulado: la soberanía reside únicamente en el pueblo español y en sus representantes que prescindieron de las minorías y de los derechos de los pueblos de España. Estas violencias constituyen un muerto viviente que como espada de Damocles todavía se deja sentir. En primer lugar la violencia de la guerra y del franquismo se cerró en falso en la sociedad vasca. En segundo lugar, la violencia etarra sólo última y parcialmente ha sido reconocida como injusta. En tercer lugar, se da todo un abanico de violencia estructural española que es necesario reconocer.
He aquí un extenso elenco de muy variadas facetas de violencia estructural: la negación por la fuerza mayoritaria de los votos españoles de la realidad de que los vascos formamos un pueblo y necesitamos ser reconocidos como nación; la concepción avasalladora de una democracia de la soberanía española, ciega ante el derecho de los vascos a decidir; el desprecio de las normas constitucionales de 1978 referentes a los territorios históricos y forales; la negación de la realidad vasca por muchas leyes españolas acordadas por los partidos mayoritarios contra los derechos y el sentir social de las minorías y la puesta en práctica de las mismas por los jueces; el boicot desde las Instituciones del Estado a la acción exterior del Gobierno Vasco así como el freno de los partidos mayoritarios de España a las iniciativas del lehendakari; la pensada igualación y la propaganda activa de identificación de todo lo vasco con la violencia, con la consiguiente persecución social; la identificación con ETA de todo lo vasco, por lo tanto la anulación de todas las actividades reivindicativas de los vascos; el ninguneo del Concierto Económico Vasco y del Acuerdo Pactista navarro; el olvido programado de las competencias asignadas en el Estatuto de Gernika al País Vasco y el mercadeo de las transferencias reconocidas en los textos legales; la organización de bandas armadas con el respaldo de las Instituciones del Estado (léase los GAL) que tenían como fin hacer desaparecer a los miembros de ETA y a la vez influir miedo y pánico por sus actuaciones contra los vascos que no fueran lo suficientemente dóciles a las indicaciones correctas; la promulgación de leyes que atentaban contra el desarrollo de la vida social vasca como es la actual Ley de Partidos; la conservación de tribunales de excepción, de la Audiencia Nacional y actuaciones del Tribunal Supremo que eran manifiesta y previamente tendenciosos y partidistas; la no devolución a sus dueños de las confiscaciones históricas de la guerra tanto a sujetos individuales como sociales en edificios, bienes inmuebles y piezas de archivo; la no restauración del buen honor y fama a los personas vascas desde el franquismo hasta nuestros días por razón de sus ideas independentistas; la negación a que los partidos y las instituciones vascas estuvieran presentes en ámbitos internacionales; la designación artificial de las zonas de enseñanza del euskera y del bilingüismo en Navarra realizada por partidos que se consideran democráticos como UPN y CDN; la negación de legitimidad para los acuerdos del Parlamento Vasco aunque tuvieran el respaldo de una mayoría absoluta de los partidos representados; la sibilina designación de los jueces en los tribunales vascos sin atender a las exigencias de un bilingüismo exiguo y raquítico en la administración de justicia. La negación de los medios de comunicación tanto hablados como escritos a las aportaciones de los escritores y tertulianos vascos y aceptando, como perfil de la sistemática aversión, noticias y artículos que incitaban a la intolerancia y negaban el respeto a las aportaciones e interpretaciones de los autores considerados poco correctos; la política de dispersión de los presos que es contraria a la ley y que castiga a las familias y a los mismos presos les prohíbe su reinserción; la situación en que se encuentran las cárceles, que incitan a los suicidios que ni las fuerzas del orden ni los jueces han sabido esclarecer; el gran número de vascos encarcelados durante años a la espera de juicio y la falta de libertad de tantos vascos que según las normas españolas han cumplido su pena o deberían ser liberados por falta de salud; la dispersión y el alejamiento, circunstancias que impiden radicalmente uno de los derechos humanos como es el de la reinserción y crea una rémora insoslayable e injusta para sus familiares; la Instrucción Pastoral de la Conferencia episcopal española de 2002 que se recoge la doctrina oficial de la Iglesia Católica valorando la actuación de ETA y de los Partidos Vascos, y colocándose enfrente de la pastoral de los cuatro prelados vascos que se oponían a la ilegalización de Batasuna.
No concesión, justicia
Suprimir estas actuaciones de violencia no significa concesión política, sino simplemente el restablecimiento del orden invertido.
Todas las víctimas de ETA y de la violencia estructural franquista y democrática española tuvieron desgraciadamente un protagonismo político, y gracias a la aplicación de la justicia deberán tener su protagonismo de resarción. El restablecimiento de la dignidad no es concesión política, aunque el protagonismo que se les debe dar sea la rectificación del que tuvieron cuando fueron convertidos en víctimas.
Convivencia y respeto
El objetivo es una España democrática y un País Vasco sin violencia. Hay que comenzar señalando que, ahora, la comprensión de las violencias estructurales y las expectativas generadas en su eliminación son muy diversas en España y en el País Vasco, las unas por demasiado constreñidas y las otras por demasiado expansivas. Pero no se puede ya por más tiempo humillar a las víctimas. Todas las víctimas han soportado un ninguneo por parte de la sociedad durante muchos años y en parte propiciado por los medios de comunicación que las han considerado como sospechosas y merecedoras del ostracismo.
Hay un resquemor solapado y profundo entre muchas capas de la población debido a un daño personal continuado y prolongado durante lustros. Y la justicia exige que se repare en lo posible las injusticias infligidas. ETA mataba en nombre del Pueblo Vasco, mientras que las instituciones han atacado a individuos, grupos y asociaciones precisamente por ser miembros del Pueblo Vasco. La pregunta que se nos ocurre en este primer momento de instaurar la paz con la supresión de la violencia es a quién le corresponde guiar la política de supresión de la violencia. Hay dos agentes que deben gestionar el final de la violencia estructural: por una parte ETA y por otra quienes tengan la responsabilidad de suprimir las sinergias de la violencia estructural española. Es decir, la respuesta es doble. Corresponde suprimir la violencia, no sólo al victimario de la violencia etarra y al victimario de la violencia estructural, sino a la sociedad civil organizada que elige a sus representantes en el gobierno. Pero con una salvedad fundamental para no caer en la petición de principio. Esta sociedad civil ni es exclusivamente la sociedad española ni lo es la sociedad vasca, cada una marcada con su propio nacionalismo.
Podemos esperar generosidad por parte de las víctimas si la supresión de la violencia es definitiva.
El objetivo que se nos propone es el de configurar una sociedad vasca en la que por complejas que sean las circunstancias futuras no serán motivo suficiente para la vuelta a la violencia, ya sea por parte de las armas de ETA ya sea por parte de la violencia estructural española.
Consecuencias
La primera consecuencia de la supresión de la violencia estructural es la afirmación de que ésta no crea derecho. La justicia obliga a que a las víctimas de ETA y a sus familiares se les reconozca públicamente su ciudadanía vasca como gesto público de acogimiento del Pueblo Vasco. Y a las víctimas, familiares e instituciones del Pueblo vasco le obliga igual- mente a reconocerles públicamente esa ciudadanía vasca como expresión política de la existencia y de los derechos del Pueblo Vasco.
Igualmente obliga a quienes militaron o apoyaron a ETA a mostrar arrepentimiento aunque quede como facultativo el perdón de los que lo padecieron. Igualmente se debe exigir arrepentimiento y rectificación de los que acogotaron las iniciativas del Pueblo Vasco, aunque sea facultativo el perdón de los que padecieron persecución por defender la existencia del Pueblo Vasco. El conflicto prolongado por años y lustros ha atentado doblemente a la sociedad privándola de las víctimas y de los victimarios. La sociedad vasca con víctimas de la violencia sigue fundamentalmente marcada y no puede pasar página ni perder su memoria histórica.
Conclusión
La política del futuro debe dar satisfacción democrática en la gestión de los asuntos públicos dentro del equilibrio de proyectos que todos propugnamos.
El conflicto pervivirá si al final todo prescribe, todo se sana en la epidermis y todo se olvida. Por el contrario, para que el conflicto termine para siempre, hay que imaginar nuevas fórmulas de convivencia en un futuro europeo y globalizador. La vida social futura de los vascos no será idílica ni paradisíaca, sino una vida en conflicto, amasada en una voluntad de vivir juntos dentro del respeto de las peculiaridades. Esta convivencia reclamará reconciliación, pero de ninguna ma- nera nivelación de intereses, pérdida de la memoria histórica y globalización de comportamientos.
Del mismo modo las víctimas de la violencia deberán evitar la petición de principio que es la posición ideológica más maquiavélica y sibilina. Al calor del fin de la violencia estructural algunos buscarán formas de reforma de nuestro marco político en una dirección determinada. Para algunos será la búsqueda de una estructura política desde una perspectiva nacionalista española y por lo tanto no incluyente de todas las sensibilidades y para otros será desde una perspectiva nacionalista vasca y por lo tanto igualmente no incluyente de todas las sensibilidades.
El País Vasco sin violencia será mucho más libre y además la libertad descubrirá nuevas perspectivas económicas y de nuevos horizontes más lejanos y más seguros. La mayoría de la sociedad vasca y en primer lugar las víctimas de la violencia franquista, de ETA y de la violencia estructural española desearán refundar la convivencia, aprendiendo de la historia vivida y dentro de la aceptación del respeto al pluralismo. Este respeto deberá forzar a pactar un nuevo derecho entre los pueblos español y vasco, ambos poseedores de una soberanía causante de su ser social, que coordine la convivencia y una nueva forma de Estado español y de articulación de nación vasca dentro de Europa. -
