Censuran el «pelotazo inmobiliario» del entorno de la plaza de toros de Gasteiz
Los técnicos municipales denegaron en febrero a las empresas que se encargan de remodelar la zona de la plaza de toros la licencia de construcción del edificio que alberga los pisos tutelados, debido a variaciones en el proyecto inicial. El quipo de gobierno no ha trasladado esa decisión a la oposición, lo que ha provocado su enfado.
GASTEIZ
La polémica en torno al ambicioso plan de remodelación de la manzana de la plaza de toros de Gasteiz ha vuelto a ponerse de actualidad. Los grupos políticos que conforman la oposición en el Ayuntamiento criticaron ayer el «oscurantismo» con el que, a su entender, ha actuado el equipo de gobierno municipal ante los importantes cambios introducidos por las empresas adjudicatarias, FCC y Urco Urbasa.Las promotoras pretenden triplicar el espacio previsto en un principio para apartamentos tutelados para personas mayores. Pasarían de construir los 3.001 metros cuadrados previstos a un total de 7.998. La repercusión económica de esta modificación sería importante. Las firmas no contemplan, además, las zonas comunes que caracteriza a este tipo de viviendas. El enfado se ha originado tras conocerse que los técnicos municipales, ante los cambios efectuados, denegaron en febrero la licencia de construcción del edificio comercial que alberga oficinas y los apartamentos tutelados, cuestión sobre la que el equipo de gobierno no ha informado. Desde el PSE, grupo que apoyó el Plan Especial de Reforma Interior de la manzana en el pleno del pasado 29 de julio, Patxi Lazcoz afirmó que esperará a la comparecencia que el viernes realizará el alcalde para ofrecer una conclusión. Dijo, no obstante, que «de haber conocido que el volumen de pisos tutelados iba a ser mucho mayor, hubiésemos actuado de otra manera».
PERI del Casco Viejo
Mikel Martínez (PNV) anunció que su formación «deja en suspenso cualquier tipo de acuerdo de calado» con un equipo de gobierno municipal «chapucero, mentiroso y que oculta información de forma premeditada». Se refería así al Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Viejo y acusó al mismo de «mirar exclusivamente» por los interés privados.José Navas (EB) subrayó que el «pelotazo inmobiliario» está garantizado y propuso, por ello, la creación de una comisión de investigación, con el fin de exigir «responsabilidades al más alto nivel». Antxon Belakortu (EA), por su parte, destacó el «chollo» que FCC ha encontrado en Gasteiz. «Tiene que estar encantada, porque le damos todos los concursos y, además, se forra», manifestó. Amparo Lasheras (Gasteiz Izan) exigió la paralización total de la operación de remodelación de la manzana. Insistió en que «no es más que otro capítulo de un proceso especulativo», al tiempo que destacó que «los únicos que pierden con ello son los gasteiztarras». El alcalde de la ciudad, Alfonso Alonso, mientras tanto, defendió la legalidad de la modificación que las empresas han efectuado en el aumento de metros cuadrados destinados a apartamentos tutelados.
Recurso de reposición contra la decisión
GASTEIZ Las empresas FCC y Urco Urbasa han interpuesto un recurso de reposición contra la decisión municipal de denegar la licencia de construcción. Argumentan, para ello, que las modificaciones realizadas sobre el proyecto inicial encajan en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la zona, que el 29 de julio se aprobó en pleno con los votos favorables de PP y PSE, la abstención del PNV y la oposición de EB y EA, así como en el proyecto de reparcelación que la junta de gobierno local acordó el 2 de diciembre. Sostienen que el plan contempla una horquilla de «entre 3.000 y 8.000» metros cuadrados de espacio reservado para edificar apartamentos tutelados para personas mayores. Añaden que «es el PERI el que ha actualizado las previsiones de la oferta». En el proyecto que FCC presentó a concurso, que salió ganador, únicamente destinaban 3.001 metros cuadrados, con los que se embolsaría 3,2 millones de euros. Con los 8.000 metros cuadrados, en los que pretende edificar 110 pisos tutelados a 3.600 euros el metro, los beneficios ascenderían a 30 millones de euros.
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