El macroproceso 18/98 transita ya por la fase de declaración de testigos. Los últimos escollos han venido de la decisión de la Sala de dar paso a la toma de declaración de las personas citadas por la defensa, sin que hayan concluido los testimonios solicitados por el fiscal. Concretamente, el tribunal ha adoptado la irregular decisión cuando a la Sala le faltan por escuchar los testimonios del policía español que tomó declaración al escritor Edorta Jiménez, durante su detención en 1984, y al preso político vasco encarcelado en el Estado francés Javier Arizkuren. Particularmente ineficiente ha sido la gestión por la Sala de la citación a Arizkuren, quien debe declarar por videoconferencia. La juez Angela Murillo ni siquiera contestó al requerimiento que le cursaron las autoridades francesas para que especificase si consideraba oportuno que se adoptaran medidas extraordinarias, como un traslado, para que la toma de declaración se produjera en el tiempo requerido. Esa no respuesta ha derivado en la demora de la declaración de este testigo del fiscal.

La decisión del tribunal de proceder, pese a todo, a escuchar a los testigos de descargo, además de suponer una transgresión procesal, como han hecho constar los abogados de la defensa, pone de manifiesto el perjuicio que se deriva de actuaciones que, aunque puedan tener en origen un componente de desidia o ineficacia, al no ser aisladas, sino más bien repetidas, dejan entrever intenciones perversas. Tras el baile de testigos, lo ocurrido ayer confirma, de hecho, que esa ineficacia que se constata a cada paso conecta claramente con la lógica de agresión impune a proyectos, ideas y personas que destila toda la instrucción judicial.

Sin mayor empacho, el tribunal escuchó cómo el administrador judicial encargado de velar por la situación de las instalaciones del diario “Egin” tras su cierre reconoce que no cumplió con dicho encargo, imposibilitado, dice, por las cautelares dictadas por Garzón. En ocho años de clausura, el administrador fue alertado por trabajadores del diario y hasta por la Policía del deterioro de las instalaciones. Ni actuó ni incluyó los datos en su informe, del que han desaparecido hasta los originales fotográficos. A la vista está que el «se creían que no nos íbamos a atrever» daba margen de impunidad suficiente no sólo para echar el candado al diario, sino para dejar pudrir su patrimonio sin esperar siquiera a que la causa fuera dirimida en un tribunal. -