Alrededor de 2.000 afectados por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa se dieron cita ayer, en el pabellón de La Casilla, en la multitudinaria asamblea informativa que había sido convocada por la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) y la Organización de Consumidores y Usuarios Vasca (EKA-OCUV). El inicial tono expectante y receptivo de quienes, a día, de hoy, son conscientes de que han perdido aportaciones «desde 6.000 euros en adelante», dio paso a momentos de tensión y manifiesta impotencia, cuando en el turno de intervenciones se formularon preguntas sin posible respuesta en la actualidad, así como expresiones de enfado.

El acto se desarrolló de manera paralela a otra asamblea celebrada en Donostia, al igual que hoy y en próximas fechas se celebrarán reuniones similares en Eibar, Barakaldo y Getxo.

A las siete de la tarde una de las gradas del pabellón bilbaino se encontraba repleta de ciudadanos que, en la gran mayoría de los casos, no se conocían de nada, aunque ahora se ven unidos por una causa común, un asunto tan sangrante como es ser víctimas de una presunta estafa. Se calcula que el número de personas afectadas en Hego Euskal Herria es de aproximdamente 15.000.

El perfil de quienes respondieron ayer a la convocatoria de Bilbo es de personas de cierta edad. Es cierto, tal y como se ha venido expresando desde que Afinsa y Fórum Filatélico fueran intervenidas, que se trata en muchos casos de jubilados, aunque se pudo constatar que hay también muchos afectados de mediana edad, tanto hombres, como mujeres. Acudieron asimismo familias cuyos miembros más jóvenes estaban asimismo al día de la situación creada.

En la primera parte del acto la presidenta de la UCE, Celina Menaza, quiso aclarar ante los presentes qué son las asociaciones de consumidores, su carácter independendiente respecto de la Administración, así como la necesidad de conformar «un frente común. La situación es tan grave que tenemos que ir todos unidos», añadió Menaza.

El presidente de EKA-OCUV, Koldo Nabaskues, trazó un relato cronológico de lo transcurrido desde que se destapara el escándalo, que incluyó una mención al asunto de la colza. Aseguró y ofreció a los presentes que harán «lo que esté en nuestra mano», independientemente de que sean o no asociados a sus organizaciones, aunque, tal y como adelantó Nabaskues, «la realidad es muy cruda». No ocultó que el éxito del trabajo a desarrollar dependerá, en buena medida, de la ayuda económica que reciban de la Administración. Apuntó que es el momento para que la Administración haga cumplir la ley, «desde la perspectiva de que hay leyes europeas, españolas y vascas que defienden los derechos de los consumidores».

«No hacer denuncias individuales»

Ante algunas de las preguntas realizadas por varios afectados, Nabaskues quiso matizar el papel que pretenden desarrollar las organizaciones de consumidores que, según recordó, se encuentran en una situación bastante precaria. «Las organizaciones de consumidores estamos dispuestas a llegar hasta donde podamos, teniendo en cuenta que se necesitan expertos en la materia y que los expertos no hacen las cosas gratis». En este contexto sugirió que si los presuntos estafados presionan para obtener fondos, en el camino de organizar «una buena defensa», mientras se aclaran asuntos previos relacionados con el procedimiento judicial, «posteriormente propondremos al Gobierno Vasco el presupuesto para esa defensa».

Pero ante las dudas que se seguían planteando en una iniciativa tan incipiente ­uno de los presentes llegó a preguntar quiénes eran los estafados­ Nabaskues lanzó el mensaje más claro con el que pretendió resumir el sentido de la convocatoria. «Hay que sumar esfuerzos y esto se va a ganar con la presión. Nuestras asociaciones están a su disposición, nos comprometemos a canalizar la movilizaciones sociales y populares que ustedes decidan. No es todavía el momento de movilizarse en torno a la defensa jurídica», añadió Nabaskues.

A partir de ese momento se sucedieron las respuestas a las preguntas formuladas por escrito, aunque, por la tensión acumulada, también se produjeron intervenciones a viva voz, desahogos y preguntas cuyos destinatarios no estaban presentes en el pabellón. Quienes estaban en la mesa optaron por abrir un turno de preguntas en directo, utilizando un micrófono.

Se especuló en la asamblea con los activos que puedan quedar a las entidades afectadas, una vez que el procedimiento vaya dando pasos, se aclaró que los presuntos estafados «son el último escalafón» a la hora de cobrar ­«qué sinvergüenzas» o «¿les van a pagar el sueldo también a los que están en la cárcel?» se pudo oír en el pabellón en ese momento­ y se apuntó, asimismo, una hipotética responsabilidad civil subsidiaria, tanto pública como privada.

Otra pregunta hizo referencia a qué hacer en el caso de que algún afectado ­ayer tan sólo había una docena entre todos los presentes­ tenga sellos en depósito. Desde la mesa se recomendó conservarlos, ya que «no sabemos si es un buen momento para vender». Se dan asimismo situaciones de presuntos estafados que entregaron cantidades económicas poco antes de que se produjera la intervención judicial, lo que ha llevado a que no se haya formalizado contrato alguno. En estos casos, se les indicó que pueden solicitar el mismo, «aunque el dinero no se lo van a dar porque hay intervención judicial». -