MADRID
Los balances de situación, memorias, anexos y demás información no sólo económica y contable, sino también laboral, de las empresas que editaban “Egin” correspondientes a los ejercicios de 1998, 1999 y 2000 no han sido incorporados al sumario, y la Sala ni siquiera sabe dónde pueden estar.Se trata de una muestra más de las escandalosas condiciones en que se ha instruido este sumario y se está celebrando este juicio, que tiene además una gran importancia, ya que la Fiscalía basa sus peticiones de prisión más altas, que tienen que ver con delitos económicos, precisamente en esa documentación que ahora no está.
Se trata de, al menos, 189 documentos, a los que el letrado de la defensa Iñigo Iruin hizo referencia durante su interrogatorio al administrador judicial de “Egin”, Antonio López.
Este aseguró que había hecho entrega de esa documentación, pero el secretario judicial, tras un receso, hizo constar que no se encontraba incorporada al proceso y en la Sala nadie pudo decir dónde se encuentra. Ante esta situación, que el letrado calificó como «de una gravedad difícilmente calificable», la defensa solicitó la suspensión de la vista oral hasta que se localizaran los documentos.
A este respecto, Iruin recordó que el administrador judicial consideró, en 1999, que esa documentación era «fundamental para presentar una imagen cabal del patrimonio de las sociedades».
A pesar de ello, el fiscal sostuvo que no se daba ninguno de los supuestos del artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ordenar la suspensión del juicio, a lo que el abogado José María Elosua respondió que, ante esta situación, lo «legalmente procedente» era solicitar, no la suspensión, sino la anulación de todo lo actuado hasta el momento. Es decir, desde el inicio del juicio.
Agregó que la defensa no pediría esto dado lo avanzado del proceso, que debería iniciarse otra vez, y para no ocasionar aún un mayor perjuicio a las personas imputadas. En cualquier caso, al igual que el resto de la defensa, se sumó a la petición de Iruin y destacó que falta «un componente importante de la prueba documental».
Tras el enésimo receso de la jornada, la presidenta Angela Murillo hizo suya la postura del fiscal y consideró que no había motivos para la suspensión. Sobre los documentos, ordenó que se solicitaran al Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional para que estén presentes antes de la fase pericial. Lo que no dijo fue qué hará si siguen sin aparecer.
Dejaron que se deteriorara
Cuando en julio de 2003, cinco años después del cierre de “Egin”, se levantó la clausura de las instalaciones del periódico, las personas que accedieron a ellas se encontraron con una imagen desoladora. Años de abandono habían ocasionado que inmuebles, maquinaria y herramientas, en su día modernas y punteras, apenas fueran reconocibles. La humedad y el moho ocupaban entonces lo que antes había sido el corazón de aquel proyecto periodístico.Quien desde setiembre de 1998 hasta estos días ha sido su administrador judicial, Antonio López, admitió en la sesión matutina que en todo este tiempo no ha adoptado ninguna medida para impedir el deterioro de esos bienes, a pesar de que, según sus propias palabras, desde octubre de 1998 «era muy consciente de la pérdida de valor del material objeto de administración judicial».
Argumentó, ante este hecho, que las medidas cautelares impuestas por el juez instructor de este sumario, Baltasar Garzón, que incluía el embargo de los bienes y el bloqueo de las cuentas, le impidió hacer uso de los fondos que la propia empresa tenía para acometer medidas de mantenimiento.
«¿Está diciendo que el instructor estableció tales medidas cautelares que hacían imposible el mantenimiento de los bienes e instalaciones?», preguntó Iñigo Iruin al funcionario. «Esa fue la valoración que hizo el administrador judicial», replicó López, agregando que todos sus pasos los daba de común acuerdo con el juez.
Explicó que Garzón le dio instrucciones de que no se tocaran los saldos que las empresas intervenidas tenían en su haber, aún a sabiendas de que los bienes muebles e inmuebles sufrirían irremediables consecuencias negativas.
De hecho, en octubre de 1998, apenas un mes después de ser nombrado administrador judicial, mantuvo una reunión con representantes de la plantilla de “Egin” en la que los trabajadores le informaron con detalle de la situación.
«¿Era consciente de lo que podía haber allí, que podía haber maquinaria de tecnología punta que se estaría deteriorando?» preguntó otra vez Iruin. «Sí», respondió López. «A usted, como administrador judicial, le interesaría que todo eso estuviera en las mejores condiciones, ¿no?» insistió el letrado. «Por supuesto», acertó a responder el administrador, repitiendo las limitaciones impuestas por Garzón.
«¿No era un poco tarde?»
En 2003, cuando quedó en evidencia ante todo el mundo el estado de las instalaciones, y a pesar de que se mantenían las mismas medidas cautelares, sí propuso que se hiciera un programa de mantenimiento y de recuperación del valor patrimonial. Lo hizo, precisamente, cuando la defensa puso de manifiesto ante la Sala el estado de los bienes. Antes no se le ocurrió ni nadie se lo propuso.«¿No era un poco tarde, cinco años después del cierre, para presentar un plan de mantenimiento?» volvió a inquirir el abogado al testigo, que no supo qué contestar. Sí afirmó, frente a la oleada de preguntas que le venía, que «me he atenido estrictamente a las funciones que la autoridad judicial ha otorgado a la admnistración judicial».
En cualquier caso, López reconoció que en estos ocho años nunca ha solicitado el desbloqueo de las cuentas para hacer pagos urgentes, ni acometer medidas de mantenimiento ni para hacer ningún otro pago.
Tampoco ha acudido en persona a los inmuebles que acogían las redacciones, la rotativa y las instalaciones en las que se elaboraba “Egin”, a pesar de que él era el único administrador judicial. De hecho, reconoció que no consta documentalmente, que no se puede com- probar, que lo que había en setiembre de 1998, cuando comenzó su labor de administrador, exista hoy en día, ya que ni siquiera ha hecho un inventario físico de lo que en “Egin” había.
El interrogatorio de López, que concretamente es el administrador judicial de las empresas Orain SA, Hernani Inprimategia, Ardatza y Erigane, tuvo momentos de tensión, como cuando se conoció que un documento fotográfico y videográfico elaborado por la defensa en noviembre de 2003 sobre el estado del polígono Eziago de Hernani, entregado a la Sala y que ésta remitió al administrador judicial, no había sido incorporado al procedimiento.
Más documentos «perdidos»
Ante esta constatación, Iruin solicitó al tribunal que instara al testigo a que hiciera entrega de ese documento. La presidenta, Angela Murillo, replicó que tenían que deliberar al respecto y que le respondería por la tarde. Fue entonces cuando el letrado saltó y recordó que «se trata de documentos procesales, entregados por la defensa, acreditativos del deterioro de las instalaciones y que han desaparecido». Agregó que se encontraban ausentes desde diciembre de 2003.La juez se mantuvo en sus trece, insistiendo en que respondería por la tarde, ante lo que Iruin solicitó hacer preguntas al testigo sobre ese documento gráfico. Frente a esta petición, la Sala ordenó un receso y, a la vuelta del mismo, reconociendo que el abogado tenía razón, suspendió la vista hasta la tarde para que López fuera a su despacho a por las pruebas.
El estupor fue aún mayor por la tarde, cuando lo que presentó el testigo no fueron más que fotocopias del acta notarial y de las fotografías originales presentadas por la defensa.
Iruin preguntó entonces dónde estaban las pruebas originales, a lo que, tampoco en esta ocasión, obtuvo ninguna respuesta. «Lo hemos buscado, a ver si me entiende usted, y no está», fue lo que le respondió la juez Murillo.
El abogado hizo que constara en acta que la Sala no estaba en disposición de incorporar las pruebas que había aportado la defensa, y no descartó la posibilidad de exigir responsabilidades penales a la Secretaría Judicial, encargada de custodiar la documentación.
Siguió el interrogatorio e Iruin preguntó al secretario judicial, que había reconocido no haber acudido nunca a las instalaciones de “Egin”, si había visto el video que le habían entregado. López volvió a sorprender a los presentes al decir que no lo había visionado. Argumentó que las fotografías fotocopias en blanco y negro eran suficientes. Cuando el video fue reproducido ayer tampoco lo quiso ver, y estuvo mirando a otra parte. Lo mismo hizo el juez Poveda.
Los que miraron, pudieron ver los techos caidos por la humedad, herramientas destrozadas, una rotativa inservible... y en la oxidada puerta muchos carteles: «Euskal komunikabideen aurka eraso gehiagorik ez. Adierazpen askatasuna».
Retienen e identifican a
José Luis Elkoro
Agentes de la Policía española identificaron y
mantuvieron retenido durante quince minutos a José Luis Elkoro, cuando se
disponía a guardar en una de las furgonetas su cámara de fotos. Elkoro había
sacado la cámara para retratar a los testigos y a los procesados, que departían
ante la Audiencia Nacional. Los policías, que también se mostraron agresivos con
otros procesados, le obligaron a borrar una de las fotografías. -
I.B.
MADRIL
Defentsako abokatuek bideo bat aurkeztu zuten, auzi honetarako froga gisa, duela hiru urte, Eziagoko Poligonoan zegoen “Egin” egunkariaren egoitzaren egoeraren gainean. Utzikeriak eta zaintza faltak, egoera tamalgarrian utzi zuten egunkari haren instalakuntzak, atzo agerian geratu zenez.
Bideoan, besteren artean, “Egin”eko ordezkari Tomas Arrizabalaga, Alvaro Reizabal eta notario bat agertzen dira, eraikina aztertzen eta bere egoeraren berri jasotzen. Hezetasunak eragindako zapai eroriak, erabat deuseztutako makinak eta ordenagailuak, urez betetako pasiloak, usteldutako papera, poliziakide espainolek ebatsitako CD eta diskoen kutxak, gotor-kutxa bat indarrez zabalik... hauxe izan zen bertan topatu zutena. Han zegoen ere argazki artxiboa, erabat zapuztua, eskeletarako ziren argazkiak lurretik botata, eta min ematen zuten beste hamaika irudi gehiago.
Izan ere, administratzaile judizialak onartu zuenez, ez zuten ezer egin hori guztia zaintzeko. Alderantziz.
Txalapartak eta «Argia»k ETArekin inolako
harremanik ez dutela azaldu diete epaileei
1993ko maiatzean, “El Mundo” egunkariak berri bat argitaratu zuen non, besteren artean, Txalaparta editoriala eta “Argia” astekaria «KAS eta HBren ekintzak finantzatzen dituen 18 enpresatako sarean» kokatzen zituen.
“Egin” egunkaria eta Orain enpresa ere aipatzen ziren artikulu horretan. “El Mundo”k esaten zuen ETAri ustez 1992an Bidarten atzeman- dako dokumentu batean agertzen zirela, akusazioak famatu egin duen «Udaletxe proiektuan», hain zuzen ere.
Bidarten atxilotutako lagunek ezeztatu dute, epaiketa horretan bertan, halako dokumenturik zutenik.
Atzo, Txalaparta zuzentzen hainbat urte daraman Josemari Esparza editoreak eta Joxe Mari Irazusta “Argia” argitaratzen duen enpresaren ordezkariak ukatu zuten editorialak eta astekariak ETArekin harremana dutenik, ez eta beste talde politikoekin ere. Biek nabarmendu zuten urte hauetan guztietan ez dietela inoiz deitu auzi horregatik deklaratzera, eta bi enpresen aurka ez dutela neurririk hartu.
Esparzak gogora ekarri zuen nola joan den garatzen, hasierako txikitasunetik, Txalapartaren proiektua, egun kooperatiba legez egituratuta dagoena. Azaldu zuen, horrekin batera, editorialak garrantzi berezia eman diola beti historiarekin harremana duten gaiei, auzi sozialak jorratzen dituzten gaiei eta literatur arloari.
Irasuztak “Argia”-ren ibilbidea azaldu zuen, 1919an apaiz Kaputxinoek “Zeruko Argia” sortu zutenetik gaur egun arte, non astekari horrek, euskara hutsean eta Euskal Herri osoan, informazio orokorra eta askotariko gaiak lantzen dituen.
