Investigan a escuadrones de la muerte policiales por matanzas en Sao Paulo
La sospecha de que escuadrones de la muerte integrados por policías mataron a 40 personas en medio de la ola de violencia que sacudió a Sao Paulo, así como la admisión de que sólo 79 de los casi 300 muertos eran «sospechosos» de estar vinculados con la mafia, arroja dudas sobre la legalidad con la que actuó el gobierno estatal.
SAOPAULO
La denuncia de que 40 civiles murieron a manos de escuadrones de la muerte en presuntos enfrentamientos durante los atentados que azotaron diversas partes del estado de Sao Paulo la semana pasada, fue hecha por Amnistía Internacional (AI) que esta semana publicó su informe anual. «De comprobarse que las cerca de 40 muertes fueron fruto del abuso policial, se sumarán a los cerca de 9.000 asesinatos perpetrados por la Policía brasileña, en su mayoría, categorizados como casos de ‘resistencia seguida de muerte’, sin investigación judicial, registrados entre 1999 y 2004», informó AI. Familiares y testigos de las presuntas ejecuciones cometidas por los escuadrones de la muerte están siendo escuchados por la justicia para investigar si hubo actuación de grupos de exterminio. En uno de los casos, un joven de 22 años que esperaba a su novia en la escalinata de una avenida en un barrio de Sao Paulo fue muerto a tiros por al menos seis hombres encapuchados que se bajaron de un vehículo de la Policía Militar, según testigos. Asimismo, diversas entidades estatales de defensa de los derechos humanos, gubernamentales y civiles, afirman que algunos de los cuerpos que todavía se encuentran en las morgues paulistas sin identificar presentan señales de ejecución.
Fuertes sospechas El investigador de la policía de Sao Paulo, Antonio Funari, admitió que grupos de exterminio habrían aprovechado la ola de pánico para cometer sus ataques. «Lo que me preocupa son los relatos de que los asesinos usaban capuchas, como ninjas. Es difícil saber cuáles muertes son por la guerra contra el crimen y cuáles son muertes del cotidiano, pero ese tipo de acción es de grupos de exterminio; y existe una gran sospecha de participación de policías».
Hasta el pasado lunes la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo (SSP) afirmaba que de las casi 300 víctimas de los días de violencia, 109 eran «sospechosos» de pertenecer al crimen organizado, pero el martes la misma dependencia afirmó que sólo 79 tenían esa vinculación y que el total de muertos por la Policía era de 110. Según la SSP, 79 personas resultaron muertas por tener alguna relación con los ataques contra objetivos policiales y civiles perpetrados por el PCC, que lanzó una sangrienta ofensiva el viernes 12 de mayo. Otras 31 murieron durante enfrentamientos con policías que no tendrían vinculación con la ola de ataques del PCC. También fueron denunciadas doce supuestas ejecuciones. El secretario de la SSP, Saulo de Castro Abreu Filho, y el comandante general de la Policía Militar, coronel Elizeu Eclair Teixeira, ofrecen cifras contradictorias sobre la matanza en sus respectivos informes.
Indemnizaciones y listas de fallecidos
“La Jornada”
SAO PAULO El subdefensor público de Sao Paulo, Pedro Giberti, que analizó ocho borradores de exámenes forenses realizados sobre supuestos sospechosos, afirmó que si se comprueba que personas inocentes y pobres fueron víctimas de abuso policial, la Defensoría solicitará indemnizaciones al Estado de Sao Paulo para los familiares. La Fiscalía del estado, que abrió una investigación para esclarecer si hubo excesos, determinó el lunes un plazo de 72 horas que venció ayer para que la policía le envíe la lista de nombres de los presuntos delincuentes muertos y los documentos oficiales que explican cómo fueron abatidos. La ola de violencia desatada se inició en represalia al traslado de 765 reclusos de la organización PCC a una cárcel más rígida, provocó también la muerte de 33 policías y ocho carceleros, 18 reclusos y cuatro transeúntes. Una comisión del Congreso pidió prisión preventiva y levantamiento del secreto bancario de dos abogados que habrían obtenido una grabación del informe policial secreto que adelantaba el aislamiento de los jefes del PCC.
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