Multa a Iberdrola, una medida necesaria
El Gobierno de Lakua ha impuesto a Iberdrola una multa de 300.000 euros, por haber dejado a 50.000 clientes vizcainos sin suministro eléctrico durante las nevadas de finales de enero. En algunas localidades no recuperaron la luz hasta cuatro días después. La empresa que prevé para este ejercicio unos beneficios de 1.300 millones de euros ha considerado «desproporcionada» la sanción, porque asegura que los hechos fueron «fortuitos». En su descargo alega que después de las nevadas procedió a la tala de cerca de 4.000 árboles que podían poner en peligro la red. También el Gobierno de Lakua ha reconocido que Iberdrola ha reaccionado de forma positiva tras aquel corte de suministro y ha empezado a «mantener adecuadamente los pasillos de las líneas de electricidad». Esto no hace sino demostrar la pertinencia de la multa. Es decir, hasta que no se produjo el grave corte de electricidad y el Ejecutivo anunció el inicio de los trámites para la sanción, Iberdrola no se había preocupado demasiado del mantenimiento de la red. Es preciso que los poderes públicos actúen como fuerza moderadora de estas grandes empresas, acostumbradas a tratar a las ciudadanas y ciudadanos como súbditos y no como clientes. -
Behatokia y la OPE de Osakidetza
El Observatorio de Derechos Lingüísticos ha hecho una solicitud expresa a Osakidetza para que en la próxima Oferta Pública de Empleo (OPE) tenga en cuenta los derechos de los euskaldunes. Es muy grave que tras dos décadas y media de trayectoria estatutaria, los ciudadanos y ciudadanas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no tengan asegurados sus derechos lingüísticos en la sanidad pública. Hoy por hoy, 3.664 trabajadores de Osakidetza, el 25% de la plantilla, acreditan conocimiento de euskara. Teniendo en cuenta que en la próxima OPE sólo se pedirá perfil de euskara en el 20% de los puestos, ¿podría explicar el consejero Inclán cuántas décadas habrá que esperar para que los euskaldunes sean atendidos en su lengua? -
Una presión fiscal de lujo...
Es la que se les ofrece, como es de suponer, a los depositarios de las rentas más altas en los cuatro territorios del sur de Euskal Herria. Así se deduce del informe sobre fiscalidad correspondiente a 2005 presentado por el sindicato ELA, el mismo día en que el Congreso español aprobaba, con el apoyo del PNV, una reforma fiscal que limita todavía más la aportación de los empresarios a la renta general. Ello, añadido a un «fraude fiscal de escándalo» se inspecciona apenas el 1% de todas las declaraciones, frente al 20% en Alemania o Bélgica y al crecimiento del diferencial entre rentas de trabajo y rentas del capital, llevan al sindicato a valorar la situación fiscal de Hego Euskal Herria como propia de un «paraíso fiscal». -
|
