La mejor garantía para que el proceso resolutivo se cierre satisfactoriamente no es otra que un acuerdo entre las fuerzas vascas que garantice y articule el derecho a decidir de todos los ciudadanos de Euskal Herria. Un acuerdo que cuente con el aval expreso de estos últimos y que sea respetado por los estados español y francés. Sobre esa base, la fase de desarmar el conflicto y erradicar para siempre sus terribles consecuencias, visualizada en la negociación entre ETA y los gobiernos, sería relativamente sencilla, salvo que alguien se guíe por la sed de venganza y busque injustificadas revanchas.
En cambio, pretender una negociación meramente técnica, ajena a toda circunstancia, resulta un ejercicio irrealizable y, por consiguiente, absolutamente inútil, a menos que Rodríguez Zapatero y sus representantes quieran utilizar las expectativas de paz como pretexto para intentar neutralizar al movimiento independentista sin resolver el problema político de fondo.
Por todo eso es tan importante que el conjunto de fuerzas asuman con naturalidad la constitución de la mesa o foro de diálogo democrático, así como que su contenido debe servir para desatascar aquellas cuestiones que están en el origen del conflicto político. Debe ser un acuerdo justo y democrático, para ser eficaz a la hora de no dejar rescoldo alguno sobre el que pueda prender de nuevo el enfrentamiento. Quienes se sienten en esa mesa tendrán una tarea histórica (esta vez sí, la palabra está bien utilizada), por lo que intentos de recrear acuerdos insuficientes o parciales constituirían una irresponsabilidad imperdonable.
Aquellos que confunden ese ejercicio netamente democrático con un ilegítimo «precio político» a pagar a los «terroristas» se guían sólo por un ferviente deseo de hacer perdurar la imposición y conculcación de derechos. Ese sí que es un tributo abyecto que se cobra, ya desde hace siglos, la violencia estructural impuesta a las gentes de este país.
El debate democrático en Euskal Herria debe abrirse cuanto antes, dejando atrás clichés y excusas manidas. Y para ello, se deben propiciar las condiciones mínimas exigibles para su normal desarrollo. Deben acabar los ataques directos e indirectos al proceso de resolución. El alto el fuego debe ser, además de permanente, multilateral. -