Estamos a las puertas de la votación en pleno de una Ley del Suelo para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Estamos a punto de comprobar cómo se vuelve a representar en un pleno del Parlamento de Gasteiz un ejercicio de democracia que nada tiene que ver con el gobierno o el poder del pueblo ­significado etimológico de democracia­. Y es que esta ley llega al Parlamento sin tener en cuenta las necesidades de la población en materia de vivienda y con la posición contraria de una parte importante de la sociedad vasca, como es el caso de la Plataforma Etxebizitza Guztiontzat, que aglutina a un centenar de organismos, asociaciones, sindicatos y colectivos sociales, que ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que esta Ley del Suelo no va a solucionar el problema de acceso a una vivienda que padece una parte importante de la población vasca. Por el contrario, desde esas mismas instancias responsables de elaborar esta ley sí se han calibrado los intereses del lobby de la construcción formado por promotoras, constructoras, propietarios de suelo, cajas, bancos, inmobiliarias, políticos corruptos... Y es que con esta ley quien sale beneficiado es ese grupo de presión. Esta ley vuelve a apostar por la construcción masiva frente a la optimización de lo ya edificado, de las viviendas vacías, y prima la compra-venta de los inmuebles frente al alquiler.

Y eso que un diagnóstico de la situación de la vivienda en Euskal Herria revela que el tratamiento para corregir el problema sería precisamente el de impulsar el alquiler social y la utilización de las viviendas vacías, frente a la edificación masiva y la compra-venta. Precios que rondan los 300.000 euros, alquileres que sobrepasan los 800 euros mensuales, hipotecas de por vida ­a 50 años, prácticamente heredables­ que aumentan en función de un «caprichoso» indicador como el euribor, 92 años de esfuerzo máximo para adquirir una vivienda en propiedad... son algunos de los datos más clarificadores de la situación de la vivienda en Euskal Herria. La vivienda está actuando como factor de precarización de las condiciones vitales de una parte importante de la población. Y es que nueve de cada diez personas necesitadas no pueden acceder a los precios del mercado y quien lo ha hecho se encuentra en muchas ocasiones con la soga al cuello para casi el resto de su vida. Esta situación no es de extrañar si tenemos en cuenta el contexto de precariedad al que nos está sometiendo el sistema capitalista sustentado por una serie de tecnócratas y políticos que copan las diferentes instituciones. A día de hoy estamos lejos de garantizar el derecho a vivienda, el derecho a recibir unos ingresos dignos por encima del umbral de la pobreza está seriamente dañado y cada vez es más complicado poder disfrutar de unos servicios sociales públicos de calidad por las abundantes privatizaciones a las que está siendo sometido este sector. Ante esta situación, las diferentes instituciones apuestan por la reducción del gasto social, de manera que el proceso de precarización de nuestra sociedad es cada día más alarmante. Así, las políticas públicas de vivienda se basan en el sorteo de un derecho reconocido internacionalmente, en la construcción masiva y en la opción de la compra. Si es un derecho, no podemos admitir que se sortee. Además, el alquiler acorde a los ingresos de las personas inquilinas ­una opción que se ha demostrado eficiente en la contención de los precios de la vivienda en otros lugares­ es una opción residual en nuestro entorno. Mientras en Alemania u Holanda el alquiler representa casi el 50% del total del parque inmobiliario, en Euskal Herria apenas nos acercamos al 8%. Otro dato a tener en cuenta es que las políticas públicas de vivienda de las instituciones vascas priman la construcción frente a la utilización de lo ya edificado. Y eso que tenemos alrededor de 250.000 viviendas vacías, un derroche de espacio y de medios insostenible. Y es que se ha demostrado que los precios de las viviendas no bajan aunque se multiplique la construcción de las mismas, pero sí se ha constatado que la edificación masiva representa un grave peligro para nuestro medio ambiente.

Pues bien, con esta fotografía de la situación, las medidas parecían obvias. Garantizar el derecho a vivienda de la población necesitada aprovechando los recursos existentes y frenando la especulación inmobiliaria. Es decir, crear parques públicos de vivienda en alquiler acordes a los ingresos de las personas inquilinas y poner límites a los alquileres libres potenciando el uso de las viviendas vacías. Sin embargo, han primado los intereses del lobby de la construcción y han cocinado una ley de espaldas a la población y a la medida de ese grupo de presión. El menú lo han decidido por adelantado los que se van a repartir el pastel: bancos, cajas, ayuntamientos, promotoras, dueños de suelo, inmobiliarias y élites políticas. En la elaboración del plato, técnicos y políticos poco se han podido salir de la receta establecida por ese grupo de presión: un chorrito de VPO, unos trozos de vivienda tasada, unos tacos de vivienda municipal... y, para rematar, se le añaden unas gotitas de aroma de Eudel y ya tenemos el pastel. A la mesa se sentarán quienes decidieron el menú y los obedientes cocineros. Entre tanto, la población ha sido ninguneada. No han tenido en cuenta las reivindicaciones del movimiento popular y de la población necesitada de vivienda. Ni a la hora de elegir el menú, ni a la hora de cocinarlo.

Eso sí, que no nos vengan ahora con que la Ley ha tenido un gran consenso entre los grupos políticos, porque ello no es garantía de que vaya a solucionar el problema de miles de personas que no pueden acceder al uso de una vivienda. Dispuestos a razonar en función del consenso, podemos pensar que ha habido acuerdo amplio porque todos están en el ajo, porque todos están metidos en el negocio inmobiliario.

Por todas estas razones, el próximo 30 de junio, mientras que unos cocinan recalentando viejas fórmulas, otras personas, apostando por la nueva cocina vasca, emprenderemos una nueva aventura culinaria, ensalada de derechos sociales, redondo de justicia social y de postre pitada general en la concentración que llevará a cabo la Plataforma Etxebizitza Guztiontzat frente al Parlamento de Gasteiz. -

(*) Igor Uriarte y Aitor Balda son miembros de la plataforma Etxebizitza Guztiontzat