La resolución del Ararteko referente a la falta de colaboración del Departamento de Interior del Gobierno de Lakua en relación a una queja que interponen dos detenidos por la Ertzaintza denunciando torturas es un documento que conviene leer con detenimiento, puesto que tiene una gran carga de profundidad y varios extremos sobre los que convendría que reflexionaran aquellos que sostienen la actuación del Ejecutivo tripartito.

El Ararteko critica, por una parte, que la Consejería de Balza no abrió ninguna investigación interna después de comprobar que tres personas que denunciaron torturas habían implicado a una cuarta en un delito que era imposible que hubiera cometido. Por un caso similar, en el que cuatro personas se vieron falsamente implicadas en la muerte de un concejal de UPN tras una detención con denuncia de torturas, el Gobierno de Lakua exigió al CGPJ la inmediata apertura de una investigación y, tras afirmar que «alguien debe ser responsable» de lo ocurrido, señaló directamente al Gobierno del PP, por ser el «responsable de la investigación policial».

Pero más grave resulta aún la constatación de que sabiendo el Departamento de Interior que el acusado no podía estar implicado en los hechos, puesto que figuraba en un atestado por accidente de tráfico a la misma hora en un lugar distante, siguiera adelante con el caso. Y que además, luego, cuando la Audiencia Nacional española tuvo conocimiento de esa prueba fundamental, retrasara su envío, provocando que el imputado siguiera en prisión. Esta actuación da cuenta de una animadversión evidente contra estas personas y contrasta con la diligencia con la que la Ertzaintza remite a la Audiencia Nacional continuos informes sobre actividades de la izquierda abertzale. Cabe observar aquí una notable falta de imparcialidad del Departamento de Interior.

No son menores también otras críticas y quejas del Ararteko referentes a la falta de colaboración y a la remisión de datos incorrectos.

Con todo, esta denuncia no se detiene en el Departamento de Interior. La resolución del Ararteko supone, en buena medida, una interpelación directa al lehendakari, puesto que Juan José Ibarretxe conocía los datos fundamentales de este caso, porque las familias afectadas se han mostrado activas y constantes en su explicación. ¿Pueden dar lecciones de ética y de respeto a los derechos humanos quienes han detenido y contribuido a mantener en prisión a una persona sabiendo que era inocente? ¿Cómo se obtuvieron los falsos testimonios inculpatorios? -