Nada menos que 32 millones de trabajadores se encuentran expuestos a productos cancerígenos y siete millones de ellos sufren enfermedades profesionales vinculadas a sustancias peligrosas. No son más que algunas de las alarmantes cifras que maneja la Comisión Europea justo en el momento en que se cumplen tres décadas del trágico accidente de Seveso y en que cobra auge el debate sobre el REACH europeo, que establecerá los criterios para el registro y control de las sustancias químicas.

El reciente informe elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud sobre el control de las empresas en este ámbito también ha hecho recordar estos días aquella tragedia ocurrida el 11 de julio de hace treinta años en una fábrica de la multinacional Roche cerca de la ciudad italiana del mismo nombre que producía triclorofenol para fabricar hexaclorofeno, una sustancia desinfectante utilizada en la elaboración de jabones y cosmética. Uno de sus hornos estalló y provocó una gigante nube tóxica de dioxinas que, además de causar pérdidas humanas, afectó a nada menos que a 200.000 personas.

Desde entonces han pasado treinta años, sí, pero el informe elaborado por Istas para conocer si en la actualidad se aplica la Normativa Seveso en todos sus extremos con el fin de preservar tanto el medio ambiente como la salud y seguridad de las personas y, concretamente, de los trabajadores, es motivo de preocupación, porque, pese a que las exigencias son más estrictas que entonces, alerta del riesgo de que, debido a la interesada presión ejercida por algunas multinacionales, queden finalmente suavizadas las normas de control recogidas en el reglamento del REACH, aprobado en primera lectura pero a la espera de recibir la luz verde definitiva del Parlamento Europeo.

Con respecto a Hego Euskal Herria, los datos aportados por el informe sobre la incidencia y aplicación de la Normativa Seveso confirman la necesidad de mantener elevadas exigencias con respecto a la seguridad, porque, «pese a las dificultades para conocer al detalle los datos, la respuesta sobre su aplicación es insatisfactoria», se incumple la norma de proporcionar información tanto a la población como a los trabajadores y no se realizan las inspecciones necesarias. Y aún falta una década para que entre en vigor REACH. -