El 27 de mayo, tras el debate más teórico de la víspera sobre el derecho a decidir, diversos agentes sociales dieron a conocer su posición al respecto. Estaban convocados cuatro sindicatos (ELA, LAB, UGT, CCOO) y cuatro organizaciones sociales (Udalbiltza, Udalbide, Lokarri, Foro Nacional de Debate). ELA y UGT consideraron oportuno a última hora no acudir. A continuación señalamos al- gunos de los puntos que nos parecieron más interesantes de lo dicho por estas organizaciones.

Txomin Lorca (LAB) planteó la siguiente pregunta: ¿hay proceso político, hoy, que posibilite reconocer el derecho a decidir? En su opinión, los poderes públicos deben garantizar un proceso democrático para tomar decisiones efectivas en este campo. Alrededor de este proceso planteó cuatro cuestiones: a) no hay solución del conflicto sin derecho a decidir; b) todos los territorios vascos han de estar incluidos en el proceso; c) existe un déficit estatutario, en la CAV y en Nafarroa; d) debe haber una única mesa de partidos para toda Euskal Herria.

Es importante señalar que para LAB no se trata sólo de un marco institucional nuevo que disputen o negocien los partidos. Se puso el ejemplo de que una mayoría sindical vasca, al no existir un marco vasco de relaciones laborales, impide la toma realmente democrática de decisiones. Aunque parten del principio de que el derecho a decidir debe ser un proceso democrático, consideran que debe haber un polo independentista y soberanista que lo lidere.

Iñaki Soto (Foro Nacional de Debate) señaló que respecto a la resolución del conflicto, que es una prioridad de la construcción nacional vasca, el Acuerdo Democrático de Base, aun siendo un acuerdo de mínimos, tiene el valor de que muchos agentes distintos han sido capaces de ponerse de acuerdo. Uno de los puntos centrales para esta organización es garantizar el desarrollo y la supervivencia de la nación vasca. Consideran que la nación vasca es una comunidad política diferenciada de otros pueblos. Por otro lado, creen que hay que abrir una época de transición en la que todos los proyectos políticos sean viables; haya una participación social efectiva; y garantice la supervivencia de la nación vasca.

Sobre esta transición, señalan que habrá luchas parciales porque existen culturas políticas diferentes. En cualquier caso, dentro de todas las fuerzas políticas hay distintas corrientes que deben ser aprovechadas en beneficio del buen resultado del proceso.

Markel Arizmendi (Udalbiltza) señaló que es el tiempo de los derechos, y que un gran activo de Udalbiltza es su capacidad de actuar en el conjunto de Euskal Herria. Desde esa visión global, observan que la existencia de distintos niveles de conciencia nacional y ritmos políticos en los diversos territorios, obligan a ser pragmáticos. Por ello esta organización trabaja en distintas redes y con objetivos de distinto alcance. Uno que destaca por su valor simbólico es su fomento del debate sobre el derecho a decidir en la diáspora vasca.

Unai Sordo (CCOO) señaló las dificultades del concepto de autodeterminación, que implica salirse del marco constitucional. Planteó la necesidad de un acuerdo consensuado y se mostró favorable a una profundización democrática, con la inclusión de la mayor cantidad de actores. Desde estas claves, consideran que el derecho a decidir puede no garantizar suficientemente los derechos de quienes en Euskadi son minoría. En este sentido proponen fórmulas multilaterales y que no excluyan a nadie.

Paul Ríos (Lokarri) partió de la base de que la sociedad vasca tiene una voluntad no homogénea pero singular de autodefinición identitaria. La capacidad de la ciudadanía de las comunidades de raíz foral de autodefinirse y de definir su estatus político o su futuro puede encontrar una legitimación específica en los derechos históricos. Ello siempre y cuando se exprese democráticamente y se encauce mediante el acuerdo (característica de la tradición foral). El derecho a decidir, además, debe responder al principio de legalidad. Habría que apro- vechar los mecanismos legales para realizar consultas populares que aun no siendo jurídicamente vinculantes, permitirían abrir nuevos procesos políticos. La aplicación de este acuerdo, aunque no requiere una modificación de la constitución, puede plasmarse mediante una ley de consulta popular tanto en la CAV como en Navarra.

Igor Duñabeitia (Udalbide) insistió en la idea del derecho a decidir. Enfatizó además la necesidad de aumentar la cohesión de nuestro país, señalando que aunque el Estado parezca tener mucha fuerza, no puede imponer la convivencia. Esta organización defiende el derecho de cada territorio a marcar su propio ritmo con consultas populares propias.

Los organizadores de estas jornadas evaluamos muy positivamente sus resultados, sobre todo el debate más académico que se produjo el primer día, donde salieron diversas aristas e interesantes ideas que deberán ser tenidas en cuenta en el futuro. En cuanto a las organizaciones sociales, se vio una gran predisposición al diálogo y al acuerdo, pero una cierta falta de concreción en sus propuestas. Esto nos preocupa, porque en el Foro de Sarriko entendemos que el papel de las organizaciones sociales es el de ser motoras del debate y del proceso del derecho a decidir. Se trata de agentes que son sujetos por derecho propio y además, de unos dinamizadores imprescindibles del debate. El ejemplo de Cataluña nos muestra lo que no hay que hacer, dado que la negociación entre partidos culmina con un referéndum final, en el que significativamente la mayoría de la población no vota. También ha sido ilustrativo que el Parlamento español rebajara sustancialmente temas claves, porque se percibía que el documento llegado del Parlamento catalán respondía a un acuerdo entre elites y no tenía un apoyo social explícito.

Las consultas populares deben ser un elemento importante desde el mismo principio del proceso. Obviamente este proceso culminará también con una votación, pero ésta no debe en absoluto ser la única.

Hacemos un llamamiento a las organizaciones sociales vascas, para que recuperen la iniciativa, marquen el ritmo del proceso y fuercen a los partidos a transitar un camino que les presenta muchas incertidumbres. Dado que los partidos temen el día después de la paz, por sus imprevisibles cambios electorales, y tienen la tentación de terminar con un acuerdo en la cocina, las organizaciones sociales deben recordar los objetivos finales del proceso. Los partidos tienen un papel destacado que jugar, pero en absoluto el único. En este sentido, puede ser interesante valorar la posibilidad de que todas las organizaciones interesadas articulen una plataforma social, transversal desde su origen, que lidere el proceso y sus ritmos, y que aporte ideas e instrumentos concretos sobre cómo llevar a cabo este difícil asunto. El debate y los retos están servidos. -