El conflicto que se ha venido suscitando en la UPV respecto del Personal Docente e Investigador (PDI) se ha cerrado en falso. Lamentablemente. La firma en minoría de un acuerdo ha vuelto a evidenciar por un lado, la falta de respeto a las reglas de juego que han de presidir el ejercicio de la Negociación Colectiva y, de otro, la utilización sistemática de un procedimiento que responde perfectamente a los intereses de lasa distintas administraciones y, en este caso, de la UPV.

Este es un tema nuclear en el ámbito de respeto entre organizaciones sindicales y su preservación es la máxima garantía de aceptación del juego democrático entre mayorías y minorías.

Además de ello, ELA quiere destacar la insuficiencia de los contenidos que se han pactado tras un proceso de deslizamiento continuo a la baja por parte de alguna representación sindical. En su génesis el conflicto surge con la reivindicación del PDI de homologar sus condiciones salariales con el personal docente de Enseñanza Pública no Universitaria. La diferencia salarial supone aproximadamente unos 6.000 euros.

Al hilo de esta reivindicación se fragua una plataforma sindical unitaria en la que se concretan las condiciones de esa reivindicación. Esta plataforma es trasladada por todos los sindicatos a los distintos campus para su debate en las asambleas pertinentes.

La negativa de la administración universitaria a una negociación real provoca la convocatoria de 3 días de huelga con un seguimiento masivo de la misma por este personal, seguimiento reconocido por la propia Universidad.

A juicio de ELA, en la gestión del proceso negociador consiguiente se produce, paulatinamente, una rebaja sustancial de los contenidos que dieron origen a la huelga y a la plataforma sindical por parte de algunos sindicatos. Ello evidencia la falta de lealtad la unidad sindical.

Respecto del acuerdo cerrado, la cuantía aprobada de 3.750 euros queda lejos de establecer un complemento de homologación para acercarse al profesorado de enseñanza secundaria no universitaria. Por otro lado, el acceso a esta cuantía, establecida en dos tramos, requiere de servicios prestados a la Universidad por un tiempo de tres años el primer tramo y de siete años el segundo, con lo que de facto se establece una clara discriminación en términos de doble escala salarial entre docentes.

A todo ello se añaden importantes condiciones para acceder a las cuantías, pues éstas no son consolidables y están sujetas a una revisión y evaluación cada 5 años, pudiendo quedarse en agua de borrajas.

También conviene recordar que, tras haberlo pactado todos los sindicatos, en el acuerdo firmado no se establecen las garantías necesarias para que quienes vinieran percibiendo complementos retributivos anteriores no sufran merma económica por la aplicación de este acuerdo.

Al hilo de todo lo anterior, se ha frustrado una oportunidad óptima para abrir un debate serio y lograr un compromiso firme en plazos para abordar el sistema retributivo del profesorado de la UPV. La excusa de la dependencia del profesorado a planteamientos básicos de Madrid, nunca ha de ser óbice para avanzar en términos de autonomía universitaria y de profesorado para la UPV.

Por último destacar que, a juicio de ELA, con la firma de este acuerdo se han defraudado las expectativas de ilusión y reivindicación que fueron el motivo del apoyo del personal a la movilización y huelga, ala vez que se ha desperdiciado una ocasión sin igual para profundizar en el modelo universitario de la UPV.

Las firmas en minoría, junto con la rebaja sustancial de los contenidos de la plataforma sindical por parte de los firmantes, han evidenciado que el conflicto no se ha cerrado de manera adecuada. Lamentablemente. -