MADRID
La formación que ostenta el Gobierno español, el PSOE, se alineó ayer con el PP en el Congreso para rechazar de nuevo una proposición no de ley presentada por Eusko Alkartasuna en la que se exigía la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la derogación del régimen de incomunicación en las dependencias policiales. La propuesta sí contó con el respaldo de la mayoría de los grupos minoritarios, como CiU, ERC, PNV e IU-ICV.
«Nos negamos rotundamente a esa supresión porque es un aval de seguridad en la lucha antiterrorista que tiene el Estado de Derecho y está en las mejores manos, que es el Poder Judicial», argumentó el diputado del PSOE Juan Luis Rascón, encargado de defender la posición de este partido sobre la aplicación de la incomunicación a acusados por «terrorismo».
La proposición no de ley que defendió la diputada de EA Begoña Lasagabaster, exigía, además, corregir los excesos en la aplicación de la prisión provisional, ya que, a jucio de la diputada abertzale, esta medida cautelar se aplica con carácter general sin respetar el principio de excepcionalidad y subsidiariedad. Una práctica que, para Lasagabaster, ha llevado a una «superpoblación de las prisiones» y a quebrantar la presunción de inocencia de los imputados por «delitos de terrorismo».
El PSOE continuó argumentando su negativa a retirar la incomunicación policial alegando que el Gobierno español presentará en breve, de la mano del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, una reforma «global» de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Rascón incidió en la necesidad de modificar estas medidas legislativas «en su conjunto» para rechazar la petición de EA.
Por su parte, Begoña Lasagabaster criticó en su intervención que en 2003 el Gobierno dirigido por Jose María Aznar aprobase alargar el plazo de incomunicación a los detenidos (faculta mantener esta situación incluso cinco días más que antes), y que el PSOE lo avale ahora también. Dijo que esos plazos «resultan excesivos a la luz de la jurisprudencia constitucional» y son contrarios a las medidas indicadas por el Comité contra la Tortura y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. «La regulación resulta inaceptable desde el punto de vista de los derechos de las personas detenidas y en cuanto a la falta de garantías para evitar las torturas y los malos tratos», argumentaba la iniciativa presentada por EA y secundada por los grupos minoritarios.
PP: «Estamos orgullosos»
El diputado del PP Juan Santaella, a su vez, defendió el alargamiento del periodo de incomunicación realizado en 2003 por su formación, y se jactó de que «estamos orgullosos de esta reforma que tan buenos resultados está dando», en referencia a las detenciones de ciudadanos vascos.
Desde el PNV, la diputada jeltzale Margarita Uria coincidió con el resto de formaciones en la necesidad de eliminar la incomunicación al considerar que hay que primar la presunción de inocencia de los arrestados, y exigió la derogación de «tamaña agresión a los derechos fundamentales».
Mientras que los diputados de IU-ICV y ERC coincidieronen esto mismo, la diputada de CiU Mercé Pigem mostró su desacuerdo con suprimir la incomunicación.
