Las asociaciones catalanas calientan motores en defensa de los inmigrantes
Las organizaciones catalanas de defensa de los derechos de los inmigrantes calientan motores para salir unidas y con fuerza a la calle este curso. La primera movilización está convocada para el 7 de octubre. Igual que el fenómeno migratorio, esta primera convocatoria tiene alcance global: habrá manifestaciones en más de cuarenta ciudades (incluida Bilbo) de los continentes europeo y africano.
El abanico de convocantes de las marchas de Barcelona y Valencia es amplio y da cuenta del alcance de la preocupación por la situación que viven los cientos de miles de personas con órdenes de expulsión en Europa: desde entidades como SOS Racisme o Justícia i Pau, hasta organizaciones que reivindican «papeles para todos», como la izquierda independentista y los grupos anticapitalistas, pasando, lógicamente, por los colectivos de inmigrantes.Uno de los convocantes, Enrique Mosquera, miembro de la Associació Papers i Drets per a Tothom, reconoce que, al ser la primera manifestación tras el verano, no esperan que sea masiva. El objetivo es dar una primera respuesta al clima mediático creado en relación con la llegada de los cayucos a las Canarias y, al mismo tiempo, articular una campaña a largo plazo para abrir nuevos mecanismos de regularización.
12% de inmigrantes
Los Països Catalans son uno de los territorios del Estado español con mayor llegada de inmigración. El desenfreno constructor en toda la costa y las islas, junto con las campañas de recolección de fruta en el campo y el auge del sector servicios, requiere de una gran cantidad de trabajadores, lo que atrae a decenas de miles de recién llegados, que al no tener la documentación en regla se convierten en mano de obra muy barata. Según el último padrón (fechado el pasado 1 de enero), de los cerca de 13 millones de personas que viven en los Països Catalans, más de 1.600.000 son de origen inmigrante. Esto representa cerca del 13% de la población, principalmente llegados los últimos años. Esta situación se vive también en las escuelas: si en el curso 1999-2000 los colegios de Catalunya acogían un 2,1% de alumnado extranjero, ahora es un 12%. Con estos datos, era de esperar que uno de los temas de la precampaña para las autonómicas catalanas del 1 de octubre fuera la cuestión migratoria. SOS Racisme ya ha denunciado que las declaraciones de los partidos fomentan el enfrentamiento y el miedo entre autóctonos y recién llegados. A esto se suma que más de un millar de los inmigrantes llegados en cayucos a las islas Canarias han sido trasladados a Catalunya. Después de pasar varias semanas en algún centro de internamiento insular (el tiempo máximo es de 40 días), son acogidos en Catalunya en albergues y pensiones durante unas dos semanas. Pasado este período se les da algo de dinero y quedan a su suerte. Estas personas acostumbran a declarar que son de países que no tienen acuerdos de repatriación con el Estado español, por lo que, pese a la orden de expulsión, el Gobierno no los puede deportar. Se quedan en Catalunya, pero sin derecho a trabajar hasta que no pasen cinco años desde que se decretó su expulsión. En idéntica situación están las decenas de miles de personas que quedaron fuera del proceso de regularización de 2005 y las que han llegado desde entonces por avión o cruzando la frontera por carretera. Ibrar Bukhari nació en Pakistán, desde el año 2000 vive en Barcelona y participa en la organización de la marcha del día 7. Relata la difícil situación de los no regularizados: «Las opciones para conseguir papeles son muy pocas. Te obligan a demostrar arraigo social, y que no tienes antecedentes penales en tu país; están poniendo muchas dificultades para el reagrupamiento familiar y cada vez es más difícil conseguir la tarjeta sanitaria para recibir atención médica».
Situacion abierta
Ahora, el nuevo Estatut de Catalunya aprobado en junio concede mayores competencias en materia de inmigración, por ejemplo en la concesión de permisos de trabajo. Pero Enrique Mosquera no es demasiado optimista respeto a que el Gobierno catalán use estas competencias en beneficio de los inmigrantes: «Cuando se formó el tripartito, acordaron que darían algún tipo de permiso de trabajo a los que tuvieran orden de expulsión. Pero esta promesa no se ha plasmado en hechos. Es verdad que el tripartito tenía posiciones más abiertas que el gobierno anterior de CiU, pero al final no se concretaron en nada». Pese a la posición cada vez más dura del PSOE, Mosquera cree que antes o después tendrán que abrir otro proceso de regularización, porque no resolver la situación de cientos de miles de personas en todo el Estado «puede convertirse en caldo de cultivo de un descontento que acabe explotando». Mientras los inmigrantes siguen llegando y la cuestión pasa a ser arma electoral, un estudio de la Caixa revela que más del 50% del crecimiento del PIB de Catalunya en los últimos años es debido a la inmigración. -
BARCELONA
Extender el uso social del catalan
La mayor parte de las personas inmigrantes que llegan a los Països Catalans decide optar por aprender castellano antes que catalán. Esto provoca que la población perciba la inmigración como una amenaza para la pervivencia de la lengua catalana. Pero, para David Vila, portavoz nacional de la CAL (Coordinadora d'Associacions per la Llengua), «no se puede culpabilizar a la inmigración del descenso del uso social del catalán». Vila reparte la responsabilidad entre la administración y la población autóctona. Por un lado, la legislación en la mayor parte de territorios del país no recoge el deber de la ciudadanía de hablar catalán. La comunidad autónoma donde la lengua está más protegida es el Principat de Catalunya. A pesar de las críticas que la CAL hizo a la nueva propuesta de Estatut d'Autonomia (porque no contemplaba el catalán como única lengua oficial), Vila cree que «si se desarrolla este deber avanzaríamos positivamente. Aunque la experiencia no nos permite ser demasiado optimistas».Vila subraya que «el segundo pilar son los hábitos de la población, pues un porcentaje altísimo, cuando tienen que hablar con una persona que tiene aspecto de ser de otro país, se dirige a ella en castellano». Hoy, en los Països Catalans se hablan más de 300 lenguas. Según el portavoz de la CAL, esto rompe con el discurso de defensa del bilingüismo. En este nuevo contexto, añade, «el catalán debe hacer la función de la lengua común, debe ser un elemento de integración e interrelación social».
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