El presidente de Estados Unidos aspira a pasar a la historia como el mandatario que ha echado por tierra el principio legal más antiguo. Presente en cartas magnas desde el siglo XIII, el derecho de una persona detenida a conocer, a fin de rebatir en un tribunal, las pruebas que se presentan contra ella se convertiría, si de él depende, en una reliquia sin mayor valor que el de servir de referencia a estudiosos. El habeas corpus, uno de los pilares del sistema judicial estadounidense, se tambalea estos días en razón de una causa que no podría ser más abominable: la necesidad de un mandatario de asegurarse, antes de abandonar el puesto, de que ninguna de las tropelías a los derechos humanos cometidas bajo su mandato en todo el mundo pueda ser juzgada.

Enmarcado dentro de la llamada «guerra global contra el terrorismo», el proyecto de ley busca privar del derecho a la defensa a los que la Administración Bush bautiza como los «combatientes enemigos» y facilitar que cualquier persona que a ojos de los servicios de inteligencia estadounidenses pueda ser sospechosa de apoyar de un modo u otro «el terrorismo» pueda ser arrestada y permanecer en Guantánamo o cualquier cárcel secreta por un periodo indefinido antes de ser presentada ante un tribunal militar sin saber nada de las pruebas que se plantean en su contra y, en consecuencia, sin tener posibilidades reales de rebatirlas.

Tras obtener el respaldo ­por 253 votos a favor y 168 en contra­ de la Cámara de Representantes, el presidente de Estados Unidos se personó ayer en el Senado para allanar el camino a un texto que, según aclaró, quiere tener cuanto antes sobre la mesa de su despacho, por considerar que es una «pieza vital» al dar la posibilidad de «interrogar a detenidos de alto valor» para los servicios de inteligencia». Aunque el Senado introduzca cambios, la Casa Blanca espera contar con el margen suficiente para amparar con una legislación extensiva a los torturadores, con lo que sigue la estela de su aliado y alumno aventajado en Oriente Medio: Israel.

Tras el revés sufrido en junio, cuando el Tribunal Supremo cuestionó el «modelo de justicia» aplicado en Guantánamo, la Administración republicana ha buscado a toda prisa dotarse de una coraza para seguir actuando en la cara oscura de la ley. Tras la guerra preventiva, aspira a dictar una amnistía preventiva (para los torturadores) cuyos efectos serían letales para el derecho internacional. -